Las asociaciones de jueces en las Islas rechazan las presiones políticas que han dado paso al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por ende la paralización de los nombramientos pendientes, entre ellos la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Canarias (TSJC). Antonio Doreste queda en el puesto de forma interina sine die y los tres aspirante a sustituirle se mantienen a la espera desde hace tres meses.
Los jueces que participan en esa terna a la Presidencia del TSJC, -Pedro Herrera, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas; José Félix Mota Bello, magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife y Juan Lorenzo Bragado, decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife y del Registro Civil del mismo partido judicial- pertenecen a tres de las cuatro asociaciones que operan en Canarias y cuyas candidaturas se encuentran paralizadas después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidiese el jueves congelar los nombramientos de todos los nuevos cargos judiciales. No obstante estos , podrán "retomarse si en un tiempo prudencial no se constatan avances" , con el fin de "evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia".
En este sentido, el portavoz en Las Palmas de la Asociación Francisco de Vitoria, -a la que pertenece el magistrado Lorenzo Bragado- Julio Wood, ha criticado que los nombramientos en el Poder Judicial se hagan por políticos y no por los propios magistrados del país. "Es una situación indeseable, lo óptimo sería que en el plazo que está legalmente fijado se procediera a la renovación del CGPJ. El problema de fondo no es que esta coyuntura en concreto vaya a retrasar la formación del nuevo Consejo, el problema es que con el sistema actual que tenemos los partidos políticos tienden a politizar el Poder Judicial, bien designando y repartiéndose los sillones o haciendo política de otra manera, como en este caso, que es impidiendo la renovación", lamenta.
Una opinión que comparten desde la asociación a la que pertenece el magistrado Mota, el Foro Judicial Independiente (FJI) cuyo portavoz en Las Palmas, Víctor Caba, manifiesta que es una decisión "inoportuna". "Los esquemas de polarización del parlamento hacen que se imponga un bloqueo por el tema político", apunta.
"La elección del Consejo debería estar desligada de la política, además debería realizarse sin problema el nombramiento del presidente del TSJC y el del Tribunal Supremo (TS) porque los criterios de elección son de mérito, para nombrar a uno u otro no hay que esperar a que se pongan de acuerdo porque eso da a entender que se trata de un cambio de cromo, como siempre", asevera Caba.
Mientras que el portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (AJD), Mariano López, afirma que "no es tolerable que un partido político adopte una posición de bloqueo para la renovación del CGPJ que es necesaria y muy urgente", señala López.
Igualmente destaca el magistrado de la asociación progresita que a pesar de que la renovación del Poder Judicial debió producirse con anterioridad "no estamos en contra de la decisión tomada por el Consejo", de congelar por el momento los nombramientos, aunque afecte al del nuevo presidente del TSJC y por tanto al magistrado Herrera que pertenece a dicha asociación. Entiende López que "esa postura es la mejor para la institución".
