Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife fueron en 2018, junto al Ayuntamiento de Zamora, las entidades locales que más acuerdos aprobaron en materia de contratación pública pese a los reparos formulados por sus departamentos de Intervención y encabezan la lista de las 31 administraciones que han facilitado datos. La Corporación insular tinerfeña dio luz verde a 157 expedientes a los que los órganos encargados del control previo e interno de los gastos administrativos pusieron objeciones, mientras que la grancanaria lo hizo con 90.

Así consta en el primer informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada a instancias de la Comisión Europea y que tiene como cometido el análisis del cumplimiento por parte de las administraciones españolas -estatal, autonómicas y locales- de los preceptos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que en buena parte traspone al ordenamiento jurídico nacional las directivas comunitarias.

La estadística sobre entidades locales incluye la actividad de los grandes ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos, aunque solo 31 de estas instituciones trasladaron información al organismo. A la corporación insular de Tenerife le corresponde casi una cuarta parte de la cifra de acuerdos adoptados pese a los reparos que pesan sobre ellos en el conjunto de las entidades analizadas. Con ella solo rivaliza el Ayuntamiento de Zamora, con 120. Tras Gran Canaria, situada en tercer lugar, aparecen el Ayuntamiento de Málaga, con 87, y la Diputación de Valencia, que aprobó 56 actos administrativos relacionados con contratos que habían sido reparados por el órgano de control. El Cabildo de El Hierro también figura en la lista con 16 acuerdos sobre actos objeto de advertencias.

Líderes en proporción

Entre las administraciones que han proporcionado datos sobre las objeciones en materia de contratación para la elaboración del informe de la Oirescon figuran algunas de tanto peso como los ayuntamientos de Barcelona y Málaga o las diputaciones de Valencia y Sevilla, además de otros consistorios de capitales de provincia y tres cabildos canarios -Tenerife, Gran Canaria y El Hierro-. La práctica de aprobar acuerdos sobre expedientes reparados no es, ni mucho menos, general. Solo 13 de las 31 entidades locales que informaron de reparos planteados por sus respectivas intervenciones ignoraron las advertencias formuladas.

Cuando lo que se mide es la proporción de acuerdos adoptados en contra de reparos -y no el número total-, los cabildos también ocupan posiciones destacadas en la clasificación diseñada por la oficina que supervisa la contratación pública en España, aunque el liderazgo en esta materia lo ostenta el Ayuntamiento de Guadalajara, que aprueba más de un 11% de los expedientes a pesar de las discrepancias expresadas por su departamento de Intervención. Gran Canaria ocupa, en este aspecto, la cuarta posición de las entidades estudiadas, con un 4,7%, mientras que El Hierro se ubica en la sexta, con un 1,45%, y Tenerife en la séptima, con un 1,21%.

Como aspecto positivo -además de la misma remisión de datos para la elaboración del informe, puesto que no son muchas las entidades locales que lo han hecho-, resulta reseñable el reducido porcentaje de expedientes de contratación que son objeto de reparos, un 1,9% en el Cabildo de Tenerife, un 1,7% en el de Gran Canaria y un 2,5% en la Corporación insular de El Hierro. La Oirescon detecta una "relación directa" entre el mayor uso del procedimiento abierto a la hora de contratar -en el que puede concurrir cualquier licitador- y la proporción de expedientes reparados.

Contratos menores

Las entidades locales canarias recurren de forma muy mayoritaria a los contratos menores -los de importe inferior a 40.000 euros, en el caso de las obras, y de 15.000 euros, en el de los servicios y suministros, en los que puede adjudicarse directamente a un empresario que cumpla las condiciones-, lo que explica, desde el punto de vista de la Oficina, el menor índice de reparos. Un 98% de los contratos adjudicados en 2018 por el Cabildo de Gran Canaria fueron menores, una proporción que en el caso de El Hierro desciende al 95% y en el de Tenerife todavía más, pues se sitúa en el 85%.

La gran mayoría -casi el 80%- de los reparos formulados por los interventores locales en materia de contratación se centra en la fase de reconocimiento de la obligación, esto es, en la conformidad dada por la administración a la factura presentada por el empresario que ha ejecutado la obra o prestado el servicio o el suministro. Tenerife destaca en este aspecto, con 127 actos de esta naturaleza reparados, la cuarta magnitud más elevada de todas las entidades locales que han aportado datos. En el Cabildo de El Hierro constan cuatro, mientras que Gran Canaria no ha notificado ningún reparo por este motivo.

Al margen de este aspecto de la gestión contractual de las entidades locales, el documento de la Oirescon recoge, en sus 430 páginas, un amplio estudio de la forma en que las administraciones españolas abordan sus licitaciones -o sus contratos que no precisan concurso- a la hora de adjudicar obras, servicios y suministros. De sus observaciones se derivan conclusiones y recomendaciones, diferentes en función del ámbito administrativo del que se trate. En el caso de los ayuntamientos, cabildos y diputaciones, las irregularidades más relevantes tienen que ver con las "adjudicaciones directas, prórrogas tácitas y extemporáneas", la elección y definición de los criterios de adjudicación o el incumplimiento de las obligaciones de publicidad, tanto por la falta de publicación de los anuncios respectivos como por la insuficiente información contenida en ellos.

El órgano supervisor creado a instancias de Bruselas también aprecia una tendencia al fraccionamiento de contratos para tramitarlos como menores, así como la presencia de "contratos encadenados", la falta de cobertura para algunos gastos y la insuficiente justificación del procedimiento de contratación utilizado.