El portavoz del Gobierno re- gional, Julio Pérez, aseguró ayer que la estructura del Ejecutivo cuatripartito generará, en contra de lo que se pudiera pesar, un ahorro anual de 1,87 millones de euros respecto al gabinete de Coalición Canaria, del que dijo que, en su composición inicial en 2015 (de coalición CC y PSOE), supuso ya un aumento respecto al equipo previo de 500.000 euros.

Esa reducción del gasto no procede del número de consejerías, pues se mantienen las diez del gobierno anterior, sino de la cifra de profesores con cargos directivos, que bajan en 30. Esto se traduce en 1,5 millones menos de gasto al año, según remarcó Pérez, quien también desveló que han decidido dejar vacantes diez puestos de personal eventual (asesores), lo que significa un descenso añadido de 450.000 euros anuales.

Y aunque el también consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad reconoció que el Gobierno de PSOE-NC-ASG y Sí Podemos cuentan con un centro directivo más (viceconsejerías, direcciones generales...) que en la anterior legislatura, sostiene que ello solo representa 80.000 euros más al año. Si bien en el cómputo global el gobierno "es mucho más barato" porque la reducción alcanza los 1,95 millones que, con ese centro añadido, se queda en los 1,87 indicados.

Pérez detalló estas cifras en la sesión del pleno de ayer en el Parlamento canario. Como era de esperar, sus argumentos no convencieron a la oposición, que considera que la estructura del Ejecutivo no obedece ni a las necesidades de la sociedad ni al bienestar general, sino a los intereses de los grupos que sostienen al Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres.

Según sostuvieron tanto Socorro Beato (CC-PNC), como Luz Reverón (PP) y Vidina Espino (Cs), se ha creado una "macroestructura" en torno al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, quien asume también el área de Hacienda, totalmente injustificada.

Espino fue especialmente crítica con Podemos y NC por entender que sus elogios a la estructura actual suponen una flagrante contradicción respecto a lo que decían de la del Ejecutivo que arrancó la novena legislatura en julio de 2015, sobre todo por las diez consejerías y por el número de asesores y otros gastos "superfluos".

Reverón fue más allá y les reprochó que, por segunda vez, el presidente y el vicepresidente residan en la misma isla (Gran Canaria; la anterior ocasión fue con Fernando Clavijo y Patricia Hernández) y vinculó la estructura a los resultados, pues "lo único que han logrado es 1.600 personas más en listas de espera sanitarias y 2.000 en dependencia". Además, censuró la "duplicidad" de tareas en las empresas Gesplan, Sodecan o Proexca.

Beato se centró en el tamaño de la vicepresidencia y sus direcciones generales y considera que, en realidad, "hay un presidente y otro bis", en referencia a Rodríguez. Asimismo, censuró que la viceconsejería de Igualdad que "le pise" competencias al Instituto Canario de Igualdad, que se incumpla la ley de políticas transversales en igualdad, la de paridad y que prime "la ineficiencia". Entre otras cosas, relacionó el retraso en la entrega de libros o la asignación de residencias escolares para alumnos con la "mezcla de los departamentos de Centros e Infraestructuras con Promoción Educativa".

Tampoco entiende la diputada del PP que se haya desligado los sectores productivos de Economía, que las competencias con Europa las lleve Hacienda pese a la importancia del brexit o que se separe Industria y Universidad.

Frente a esta visión, Pérez insistió en su primera intervención y en su réplica en que la estructura es "coherente", más "barata y adecuada" a los objetivos del pacto, que pasan por priorizar el cambio climático, la exclusión social y pobreza, y la lucha contra las desigualdades.

Aclaró Pérez que la vicepresidencia crea dos nuevas direcciones generales, pero en sustitución de dos extintas, y negó que haya una superestructura en este ámbito. Y, como Podemos, defendió el papel de Rodríguez y del viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, al negociar con la UE. Aunque se dirigía a Espino, Pérez extendió a CC y PP su convicción de que "los países necesitan un buen gobierno, pero también una buena oposición" y les exigió que concretaran los gastos "superfluos". Además, remarcó que las políticas en igualdad son transversales.