Victoria Rosell la ha liado parda. En una de sus primeras entrevistas, aún sin ser delegada del Gobierno para la Violencia de Género, pero con el cargo bajo el brazo, la todavía diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas dejó caer en la Cadena Ser la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Murcia ante la desobediencia del Gobierno autónomo al imponer el llamado 'pin parental' en los centros educativos. "Hay unos cauces jurídicos, que no tienen por qué ser judiciales, sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación; imagínese, incluso un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables", expuso Rosell en la radio, y abundó al respecto: "Sería el camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico, por parte de quien nos ha machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista". Las críticas en la redes sociales corrieron como la pólvora ante tal sugerencia y miembros del PP y de Ciudadanos cargaron contra la ocurrencia de la también magistrada, que ipso facto matizó sus palabras en Twitter afirmando que se trataba de una ironía.
"Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental. Que quienes piden que otras Comunidades Autónomas cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores", escribió en la red social."La frase empieza: ¿se imaginan? y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación", sentenció la diputada tratando de tapar la ola de críticas a la que había dado lugar desde primera hora de la mañana.
Hasta la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tuvo que salir al paso de las especulaciones tras las palabras de Rosell asegurando que el Gobierno "no" está barajando esta opción. "Vamos a ir viendo", afirmó para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que "reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado".
Victoria Rosell, cuyo nombramiento en la estructura del Gobierno central se espera se apruebe hoy en el Consejo de Ministros, es de verbo ágil y pocas veces ha tenido reparos en atacar duramente a sus 'archienemigos', el exministro Soria o el juez Alba, arremeter contra la corrupción y las puertas giratorias o batallar por las metas feministas. Pero ahora la magistrada en excedencia - casualmente nacida en Murcia, pero criada en Valladolid y residente en Las Palmas de Gran Canaria- va a ostentar un cargo en el Gobierno, nada menos que luchar contra la violencia de género, y un puesto institucional requiere cierta prudencia a la hora de hablar de cualquier comunidad o región de España, aunque no se comulgue con la ideología de su gobierno. O si no que se lo digan a su compañera de tierra y de Gobierno, la socialista canaria Carolina Darias, que como ministra de Política Territorial le toca lidiar con la crisis de Cataluña y sólo ha pedido en estos días diálogo y entendimiento dentro del marco constitucional.
Aunque las palabras de Rosell en la radio hayan sido "una ironía de lo absurdo" del veto parental, ahora ya tiene, o va a tener, un cargo que representa a todo el país y quizás esa sugerencia del polémico 155 no haya sido lo más acorde a su nuevo rango. De ahí la carajera que se ha montado. Para el PP ha sido una "extrema frivolidad". Ciudadanos ve "vergonzoso" que se hable de aplicar este artículo a una comunidad que respeta la Constitución. Y en medio, precisamente Carolina Darias se ha visto salpicada, pues va a tener que comparecer en el Congreso, a petición del PP, para que explique cuál es el criterio del Gobierno para "amenazar" con la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Murcia por el 'pin parental' que se aplica desde septiembre.
Ésta es una medida impulsada por Vox, socio de Gobierno de PP y Cs en Murcia, que permite a los padres vetar actividades educativas complementarias que crean controvertidas.
