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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Cabildos y ayuntamientos pagarán 16 millones en intereses por el superávit

Las corporaciones isleñas elevan a 4.000 millones el dinero ocioso en los bancos que no se puede invertir por la regla de gasto

Román Rodríguez, Casimiro Curbelo y Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Los cabildos insulares dieron ayer la voz de alarma: las corporaciones locales canarias ya acumulan 4.000 millones de euros entre remanentes y superávit en los bancos sin poder invertirlos. A esta situación se añade que las entidades financieras empezarán a cobrar este año a las administraciones públicas un 0,4% de intereses por las cantidades totales de los depósitos que tienen inmovilizados, lo que supondría que los ayuntamientos y cabildos tendrían que pagar hasta 16 millones de euros anuales a los bancos por un dinero que no pueden invertir porque está prohibido por la ley.

Esta espada de Damocles que pende sobre el sector público agrava la ya de por sí preocupante situación que está generando los miles de millones de euros que se amontonan año por año sin que se modifique la regla de gasto que impide gastarlos. El nuevo presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), el gomero Casimiro Curbelo, advirtió ayer que el cobro de intereses por los bancos "va a traer tela" porque se trata de un escenario inédito con el que se tienen que enfrentar las instituciones, por lo que habría que buscar fórmulas para evitar el abono de estos intereses que, por lo demás, son legales ya que emana del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España con el fin de movilizar los depósitos para así dinamizar la economía y que no haya ahorros improductivos en las entidades financieras.

Curbelo va más allá de lo que son los fondos del superávit inmovilizados y alerta sobre aquellos fondos transferidos desde otras administraciones y que las corporaciones locales pueden gastar durante el año e, incluso, al ejercicio siguiente y que, por la misma normativa, pueden generar intereses y un gasto no previsto por las instituciones. "Este es un asunto que no se está aplicando todavía por los bancos pero sí es verdad que ya los bancos lo pueden poner en marcha desde principios de año", añade el presidente del Cabildo de La Gomera, por lo que trata de un asunto que todavía no tiene repercusión real "pero va a tener tela".

La negociación con el Gobierno central y con las propias entidades financieras es el único camino que les queda a las corporaciones locales para evitar este tipo de situaciones gravosas para las arcas locales. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) solicitó en diciembre en el marco de la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, una vez constituido el Gobierno central, se buscara algún mecanismo para evitar que los intereses que cobran los bancos por el dinero inmovilizado no se aplique a los fondos públicos procedentes del superávit, que no se pueden invertir por la ley de estabilidad.

Para los cabildos esta medida, junto a la modificación de la norma de 2012, "debe ser una prioridad para el nuevo gobierno porque no tiene sentido que unos recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sólo puedan estar guardados en los bancos", añaden las corporaciones insulares.

Fondos autonómicos

La Comunidad Autónoma cerró el año con menos superávit del que se había previsto. Ni los 500 millones con los que acabó el mes de octubre ni los 400 previstos en el presupuesto regional de 2019. Las cifras oficiales no están cerradas aún pero pueden oscilar entre los 200 y los 250 millones de euros, es decir, la mitad de las estimaciones iniciales debido a los gastos imprevistos y los ajustes realizados al final del ejercicio.

A la Consejería de Hacienda le preocupa que el acuerdo suscrito entre PSOE y Podemos a nivel nacional no haga mención expresa a la modificación de la ley de estabilidad, un clamor unánime por parte del cuatripartito, de las corporaciones locales pero también de la oposición. En este sentido, la exconsejera de Hacienda y dirigente de Coalición Canaria, Rosa Dávila, reiteró ayer la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga como prioridad la flexibilización de la regla de gasto y que el Ejecutivo regional "se plante" ante el Estado. Dávila recuerda que de los 267 millones de euros que les corresponden a Canarias por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, 223 millones están bloqueados y tendrán que ir a superávit.

Hasta ahora la Consejería de Hacienda ha eludido el pago de intereses por los depósitos de los bancos mediante negociaciones con cada entidad financiera, pero la situación en este año va a ser más difícil de mantener. Algunos ayuntamientos han optado por cambiar sus depósitos de banco o presionar a las entidades con medidas de este tipo para que no les cobren intereses. Una de las opciones que se baraja es acordar una fórmula para flexibilizar la regla de gasto sin poner en riesgo el control del déficit y la estabilidad presupuestaria.

Según fuentes de Hacienda, cada año el superávit de todas las administraciones públicas canarias genera entre 600 y 700 millones de euros, lo que está provocando una situación que cada vez se hace más insostenible ya que la gran mayoría de las instituciones están saneadas.

Petición de Torres a Sánchez

  • El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, reiteró ayer la necesidad de que se modifique la ley de estabilidad presupuestaria para que se puedan invertir los fondos acumulados en los bancos, que ahora generarán intereses que hay que pagar. Torres aseguró que le ha trasladado esta petición tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Canarias, junto a otras comunidades, planteará esta reivindicación en la Conferencia de Presidentes que convoque Sánchez, que se comprometió a reunir a todos los dirigentes autonómicos una vez al año. En Canarias hay unanimidad política, económica y social en torno a este asunto ante la falta de inversiones y de gasto social.

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