Los empleados públicos canarios experimentarán una subida salarial de entre 25 y 38 euros más al mes de media con el incremento aprobado ayer por el Consejo de Ministros, lo que supone entre 350 y 600 euros al año. En el caso de la categoría más alta y la más baja la diferencia será de entre 19 y 60 euros de media. Con tres semanas de retraso el Gobierno central cumplió con el acuerdo firmado hace dos años por el que aumentaban las retribuciones del personal de las administraciones públicas durante tres años consecutivos, entre 2018 y 2020. La subida aprobada ayer del 2%, además de otros incrementos variables, afecta a 120.238 empleados públicos de las Islas y supone un gasto para el conjunto de las administraciones canarias superior a los 50 millones de euros.
Las retribuciones de los empleados públicos dependen de varios factores, entre ellos el grupo, categoría y nivel al que pertenecen, la comunidad autónoma en la que trabajan, la antigüedad laboral y los diferentes complementos de los que disponen como el de destino, productividad, específico, etcétera. En el caso de Canarias la brecha salarial es amplia porque un funcionario de carrera del grupo A1 con un elevado nivel tiene un salario de 52.828 euros anuales, mientras que la categoría más baja, la del grupo E, tiene unos ingresos de 16.662 euros. Los grupos más numerosos son los C1 -cuerpo administrativo- y C2 -auxiliares administrativos- en el caso de la Administración General, mientras que en Educación es el cuerpo de maestros y en Sanidad el cuerpo de enfermería y técnicos.
El 2% de incremento para el máximo nivel retributivo de los funcionarios supone unos 60 euros más al mes y unos 1.000 euros más al año, mientras que para el grupo E son cerca de 20 euros y unos 300 euros más al año de ingresos.
Una vez que el Ejecutivo central publique el decreto en el BOE las administraciones autonómicas y locales ya podrán iniciar el proceso para aplicar la subida. En el caso de la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional ha reservado 20 millones de euros en la llamada sección 19 -diversas consejerías- hasta que se pueda librar para engrosar el capítulo I del presupuesto. De la Administración autonómica dependen 62.149 empleados, 50.000 de ellos entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y las enseñanzas no universitarias.
El resto de empleados están adscritos a los cabildos y ayuntamientos -29.828-, la Administración General del Estado en las Islas -23.413- y las universidades -4.848-. En total el desembolso aproximado para pagar el incremento salarial supera los 50 millones de euros.
El Consejo de Ministros confirmó ayer que la subida de las remuneraciones tendrá carácter retroactivo a 1 de enero, pero no será efectiva hasta la nómina de febrero ya que las nóminas de enero están ultimadas. Por ello será en febrero e incluso en marzo cuando se abonarán los atrasos.
Ya desde el mes de diciembre los sindicatos firmantes del acuerdo -CCOO, UGT y CSIF- habían advertido que con la situación política estatal no se iba a cumplir el objetivo para que los nóminas de los empleados públicos se vieran incrementadas desde el 1 de enero. Tanto CCOO como UGT prefirieron esperar ante el compromiso del Ejecutivo en funciones de que sería una de las primeras medidas del nuevo Gobierno. Sin embargo, el CSIF sí convocó movilizaciones y concentraciones para exigir al Estado que aprobara la subida por decreto como hizo con las pensiones.
Con este incremento del 2% culmina el acuerdo firmado en marzo de 2018 y que ha supuesto un incremento retributivo acumulado del 6% en tres años, además de las subidas vinculadas a la evolución de la economía, lo que puede llegar al 8%. Sin embargo, los sindicatos advierten que con estos aumentos no se recupera el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos desde el inicio de la crisis, entre otros por la bajada salarial del 5% aprobada en 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, además de las congelaciones que se acumularon hasta 2018. Por ello las centrales sindicales reclaman sentarse con el nuevo Ejecutivo para pactar nuevas condiciones laborales y retributivas para los próximos años similares al acuerdo firmado con el Gobierno de Rajoy.
