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Podemos rinde cuentas

Cuatro directivas del área de Derechos Sociales explican a sus bases sus seis meses de trabajo

Reunión en la sede de Podemos Canarias con las viceconsejeras y directoras generales de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno. ANDRÉS CRUZ

Juan Liberto Barreto, de 78 años, de Mogán, es de lágrima fácil. Ayer acudió al encuentro de Podemos Canarias, en la sede de la plaza del Pilar en la capital grancanaria, para escuchar algo que le toca de cerca: lo que el Gobierno canario ha hecho en estos seis meses y proyecta realizar en lo que resta de legislatura en materia de dependencia, mayores, menores, la implantación de la renta ciudadana, en definitiva, en la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana, ausente por baja de maternidad en esta reunión con simpatizantes abierta al público. En torno a cuarenta personas, muchas mayores, acudieron a la cita donde las viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez; de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén; la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, y la directora general de Juventud, Laura Fuentes, rindieron cuentas del trabajo que están realizando en sus respectivas y sensibles áreas.

La cuatro son profesionales y se estrenan en la gestión en el Gobierno, y se les notó en el tono que emplearon para describir el empeño que tienen en sacar las cosas adelante, una cuestión difícil por el atasco que hay en los expedientes y el escaso personal, coincidieron en señalar. Conmovido por sus penurias, Juan Liberto Barreto les dijo: "Esta noche estoy emocionado y como viejo quiero darles estímulo para que sigan adelante". A todas se le saltaron las lágrimas. Sentadas en un círculo, las directivas de esta consejería fueron comentando su trabajo y lo que, según dicen, se encontraron cuando llegaron a sus departamentos: recursos limitados, poco personal y trabajos sin informatizar . "Los informes en dependencia los hacían en Excel", contó asombrada Gemma Martínez sobre que se usara una herramienta de la época cuaternaria. De hecho, se han encontrado con informes de 2015 que no se habían trabajado, indicó esta licenciada en Derecho que trabajó años en Bruselas llevando áreas como Empleo, Asuntos Sociales y Migraciones. "No sólo tenemos que dotarnos de presupuesto, sino que también necesitamos personal. Hay poco y está muy quemado porque ha sido poco reconocido", expuso ayer con sinceridad.

Afirmó que con los actuales presupuestos ya han empezado a remover los puestos de trabajo para lograr más personal y crear una estructura, más adelante, para servicios sociales, tipo la del Servicio Canario de Empleo, pero que actúe con agilidad, a la que llaman "la cosa" porque aún no saben cómo va a ser, pero tienen claro que es necesaria para agilizar la renta ciudadana cuando se implante, la dependencia y todo tipo de ayudas en derechos sociales. El objetivo es erradicar que el 36,4% de la población esté pasando penurias, enfatizó. Necesitaría a unas 150 personas para desatascar la situación, así como sistemas informáticos modernos y que funcionen, que ya han pedido al Estado y otra comunidad y se los van a ceder gratis. "Hay que ser imaginativos", añadió.

Entre las medidas que más tiempo ocupan a los trabajadores de la Consejería de Derechos Sociales destacan el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en mayo del año pasado por el Parlamento de Canarias, y el de la Ley de Renta Ciudadana Canaria, cuyo anteproyecto normativo esperan presentar en el Parlamento en octubre de este año. No será una renta universal sino que atenderá distintos grados de vulnerabilidad de la población y están determinado su cuantía y cómo la van a condicionar al empleo. Para ello, están trabajando con las demás consejerías porque son acciones vinculadas al empleo, la vivienda o la sanidad, y desde Hacienda están elaborando un estudio para saber el coste exacto que supondrá su implantación. En la Ley de Servicios Sociales cuantifican 55 millones de euros para el año que viene. "Hay buen rollo en el Gobierno -cuatripartito- y todos colaboran, señalaron las cuatro.

Iratxe Serrano es la voz de la experiencia en el trabajo con menores. Es técnico de acogimiento familiar y, como todas ellas, también necesita personal. Serrano contó que hay una sobreocupación de menores en régimen semiabierto y 1.300 chicos están en la red de protección. Necesitan además centros para menores inmigrantes porque cuando llegan son "hijos del Gobierno". Por ello, hizo un llamamiento a que la sociedad se interese por el acogimiento familiar.

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