El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, reclamó ayer al Estado "alternativas" para que las administraciones públicas no paguen intereses a los bancos por los fondos inmovilizados que acumulan en las entidades financieras. Torres aseguró que la ley de estabilidad presupuestaria ya "no tiene sentido" en su redacción actual, si bien admitió que los "compromisos" con Europa impiden una reforma integral de la norma, por lo que hay que abrir otras vías que supongan al menos flexibilizar la regla de gasto, que es el principal yugo que impide que las instituciones públicas puedan hacer uso del dinero del superávit.

Torres recordó que esta ley se aprobó en 2012, con una mayoría absoluta del PP, ante la voluntad del Ejecutivo popular de restringir la posibilidad de gasto, sobre todo en las corporaciones locales. Ocho años después el resultado es que las corporaciones han empezado a pagar intereses a los bancos por depositar en ellos fondos que no pueden gastar en los servicios esenciales.

A su juicio, el Gobierno central debe sentarse a buscar alternativas para las comunidades autónomas que han cumplido la regla de gasto o buscar una fórmula de acuerdo para que, al menos, se flexibilice la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria.

En este asunto Ángel Víctor Torres confía en que se produzca "un amplio consenso", porque le consta que igual que él piensan otros presidentes autonómicos de diferente signo político.

El clamor por este cambio de la regla de gasto es tanto de los partidos del cuatripartito que gobierna Canarias como también de los cabildos, ayuntamientos y formaciones de la oposición. Torres admitió que en el programa de gobierno pactado por su partido y Podemos a nivel estatal no figura la modificación de la ley de 2012, pero confía en que las reclamaciones de las comunidades autónomas y los municipios concluyan con alguna fórmula de consenso.