Si el 16 de julio de 2018, cuando entró en vigor la bonificación del 75% en los trayectos marítimos y aéreos con la Península para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, alguien hubiese asegurado que se convertiría en un rompecabezas, nadie hubiese dado crédito. La puesta en marcha de la subvención - que pasó del 50 al 75%- fue recibida con los brazos abiertos porque suponía acercar los territorios extrapeninsulares al resto del país. Un año y medio después del inicio de su aplicación, el debate sobre el alza del precio de los pasajes, en concreto de los aéreos, está sobre la mesa. Limitar la subvención a un cierto importe, hacer rebajas en el IRPF, fijar precios máximos de referencia o establecer más rutas de Obligación de Servicio Público (OSP) son algunas de las propuestas que Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla estudiarán en la Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad de los Territorios Extrapeninsulares que se celebra mañana y el miércoles en la capital grancanaria. Hoy, como aperitivo, tendrá lugar una comisión técnica en la que, además de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional que dirige Sebastián Franquis, estarán presentes expertos en la materia de las dos universidades públicas canarias y representantes de las plataformas de isleños que residen en la Península, como Canarios Sin Alas.

El objetivo de este encuentro es pasar a la acción y definir una estrategia común para frenar la escalada de precios que ambos archipiélagos denuncian. En Canarias, el encarecimiento de los pasajes con la Península se cifra en un 24% -si bien hay rutas en las que se alcanzan picos cercanos a 50%- mientras que en Baleares se estima un alza que roza el 20%. El propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda -antes Fomento- asegura que si bien se ha producido un aumento "muy pronunciado" de los pasajeros, también "se ha detectado" una subida de las tarifas medias. Esta aparente incongruencia tiene fácil explicación. Debido al mayor porcentaje de subvención, el residente percibe "una disminución efectiva del precio del billete", lo que genera más demanda. El Ministerio recuerda que "ha encargado un estudio externo exhaustivo" sobre la cuestión y que, en función del resultado, estudiará "las posibles actuaciones". La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) están analizando esta situación, pero aún no han concluido sus informes.

El Ministerio recuerda que el transporte aéreo -que es el que está bajo lupa, pese a que las aerolíneas niegan una subida artificial de precios- está liberalizado en la UE, por lo que "tienen total libertad para establecer sus servicios, elegir sus rutas y fijar sus tarifas". "Los Estados solo pueden intervenir en este esquema en ciscunstancias muy tasadas y con un alcance limitado", aseguran desde el departamento dirigido por José Luis Ábalos.

Con estas reglas del juego sobre la mesa, ¿qué margen de actuación queda? Así como los empresarios y administraciones de uno y otro lado coinciden en la necesidad de establecer un control efectivo sobre la subvención para garantizar que el dinero público solo beneficie a la población y no a las aerolíneas, las soluciones o prioridades que proponen son diversas.

El doctor en Economía y profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC, Juan Luis Jiménez, participa hoy en la comisión técnica. Jiménez tiene claro que el descuento de residente "es el peor mecanismo" porque es el que genera "más ineficiencia". Ante las dos vías que más suenan para contrarrestar los efectos del 75% -fijar precios máximos o articular más OSP- también es claro: "No se puede establecer nuevos mecanismos para contrarrestar otros". Y, en cualquier caso, avisa que dichas medidas propician otro efecto pernicioso: la eliminación de competencia. Jiménez expone que para evitar en la medida de lo posible la intervención en el mercado, se podría implantar compensaciones a posteriori, como descuentos de una cantidad determinada en el IRPF.

Presencia sectorial

A la reunión de mañana -además de los gobiernos de los territorios implicados- están invitados los cabildos, los alcaldes de las dos capitales de provincia, la Fecam, las dos patronales canarias (la CCE y la CEOE-Tenerife), el Consejo Económico y Social, UGT, CCOO, la FEHT, Naviera Armas, Fred Olsen, Binter y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, entre otros. El encuentro, pese a tener como tema central el alza de precios a raíz del descuento del 75%, también tendrá otras líneas de análisis.

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (Aviba) reconoce la dificultad del entuerto, pero exige medidas para lograr salir del laberinto y que en determinadas fechas no se produzca un "aprovechamiento" por parte de las compañías aéreas. CEOE Tenerife da un paso más allá y plantea si una subvención limitada -costear hasta un determinado importe, no porcentaje- es una vía "más transparente".

Las operadoras están a la expectativa. Armas apunta a que todo lo que sea mejorar la conectividad "será ir por el buen camino", mientras que Binter indica que la empresa se adaptará a lo que se decida en materia de movilidad. Fred Olsen sostiene, por su parte, que en el transporte marítimo el vehículo es para el usuario "su equipaje", por lo que defiende -al igual que se hace desde la Federación Canaria de Islas (Fecai), Baleares o Ceuta- que debe formar parte de la bonificación.

Un nuevo modelo de gestión aeroportuaria también preocupa a los gobiernos de los territorios extrapeninsulares, pero también a sus empresarios, especialmente interesados en que se produzca una mayor reducción de tasas. Así, por ejemplo, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) reclama que Canarias tenga presencia en el Consejo de Administración de AENA, mientras que la patronal tinerfeña propone que, al menos, se creen consejos asesores regionales que sirvan de puente para conocer las inquietudes y necesidades de las comunidades.

El impulso del Régimen Especial de Baleares (REB) es uno de los principales reclamos de los empresarios de dicha región. La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) apunta a que con un régimen fiscal diferenciado -semejante al REF canario- se podría amortiguar el increme nto del 20% que, asegura, se ha producido en los fletes de los barcos desde el arranque del año por la entrada en vigor de una normativa que obliga a los barcos a emplear fuel oil con un contenido máximo de azufre del 0,5%. La Federación de Empresarios del Transporte (FET) en Canarias señala, en cambio, que la baja fiscalidad del Archipiélago canario ha servido a las compañías de petróleo para subir los precios del combustible en las Islas. Esta organización reclama, al mismo tiempo más atención y que se trate al transporte terrestre en igualdad de condiciones que al aéreo o al marítimo.