Las repatriaciones de migrantes a Mauritania seguirán a pesar de las críticas que se han lanzado desde varios partidos políticos, entre ellos NC y Podemos, y de organizaciones humanitarias. El Gobierno canario por boca de su portavoz, el socialista Julio Pérez, no solo las defiende sino que las considera necesarias para evitar el efecto llamada para las mafias que trafican con seres humanos. Para el Ejecutivo "no se puede poner en cuestión el sistema de las repatriaciones" y retó a Nueva Canarias y a Coalición Canaria a que argumenten y demuestren sus críticas.

El portavoz del Ejecutivo regional, donde se sienta NC y Podemos, se alineó de forma clara con la Delegación del Gobierno, cuyo titular, Juan Salvador León, ha sido cuestionado en los últimos días por manifestar que a los migrantes deportados no se les pregunta por su nacionalidad, a pesar de que hay malienses que pueden acabar de nuevo en su país, actualmente sumido en un estado de inseguridad muy elevado. Es más, Julio Pérez aseguró que los originarios de Malí que han sido repatriados no han solicitado asilo a pesar de que se les ofrece esta posibilidad por parte del Gobierno español.

Al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional no le consta que hayan existido "anomalías" o "deficiencias" en los procesos de repatriación pero que, si las hubiera, se corregirán. Sin embargo, reconoció que no se sabe a ciencia cierta si Mauritania repatría a su vez a los ciudadanos malienses a su país cuando llegan desde Canarias: "si ha sucedido eso sería lamentable pero se ha tratado de evitar ofreciéndoles asilo, lo que les permitiría quedarse aquí hasta que se termine la tramitación de la petición de asilo", añadió.

Sin embargo, a pesar de que hayan existido posible anomalías o irregularidades, para Julio Pérez no se puede poner en cuestión bajo ningún concepto el sistema de las deportaciones, algo que está amparado por la ley y que se ajusta a los convenios en este sentido firmados por España con países como Marruecos y Mauritania. Pérez insistió en que las repatriaciones van a continuar porque es un sistema totalmente legal e imprescindible para frenar la inmigración ilegal y que no hacerlo "incentivaría a las mafias a incrementar el tráfico de seres humanos, jugándose la vida en el mar", indicó.

El dirigente socialista se refirió a los "comentarios" lanzados en los últimos días por Coalición Canaria, que ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno, Nueva Canarias y Podemos, éstos dos últimos partidos integrantes del pacto que sostiene al Gobierno regional. Pérez advirtió a estas formaciones que no pueden poner en cuestión el sistema general de las repatriaciones porque entonces se estaría haciendo un efecto llamada a las mafias e incentivaría la ruta ilegal hacia las Islas. En su opinión las deportaciones, junto a la interceptación en los países de origen y las derivaciones hacia otros países europeos son las fórmulas para luchar contra este fenómeno.

En esta línea, también indicó que se debe advertir a la Unión Europea de la reactivación de la ruta migratoria del Atlántico tras la contención a la que se ha llegado en el Mediterráneo puesto que aunque el Frontex "no se ha relajado", sí que en el Mediterráneo "se concentraron más esfuerzos", por lo que ahora hay que empezar a reactivar el dispositivo que se organizó en la crisis de los cayucos de los años 2006 y 2007.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico volvió a hacer un llamamiento a los cabildos y ayuntamientos para colaborar y mejorar la atención a los migrantes que llegan a las Islas porque se trata de una "responsabilidad compartida". Pérez admitió que "está costando" que las corporaciones locales ofrezcan instalaciones para acoger a los sin papeles, pero sí advirtió que los ayuntamientos están obligados a prestar los servicios sociales a todos tanto si son residentes como si no lo son.

Sobre la atención que se le da a los migrantes cuando llegan a Canarias, asumió que la asistencia es mejorable especialmente con los adultos pero que los 570 menores no acompañados están bien atendidos y con fondos exclusivos de la Comunidad Autónoma. Además, apuntó que Gran Canaria es la isla que soporta la mayor carga y en algunos lugares están "desbordados" y en otros se cuenta con más experiencia y preparación.

Marlaska viene en febrero

La cumbre sobre la inmigración irregular aplazada ya dos veces tiene una tercera fecha, que es el próximo 14 de febrero, confirmada ayer por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y posteriormente ratificada por el portavoz del Ejecutivo. La primera fecha fue cancelada por la investidura del presidente Pedro Sánchez y la segunda por enfermedad del ministro del Interior. No obstante Pérez matizó que Grande-Marlaska ofreció que viniera un secretario de Estado para que la reunión tuviese lugar el jueves pero el Ejecutivo regional prefiere que esté el ministro personalmente para que sea una cumbre de primer nivel con la presencia de cabildos, ayuntamientos, organizaciones humanitarias y la Comunidad Autónoma. Pérez reiteró que tanto Torres como el resto del Gobierno están "empeñados" en dar a esta problemática un rango de primer nivel debido al repunte de pateras y por eso reiteró la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en colaborar.

Por otro lado, el PP lanzó ayer una ofensiva política en relación con la llegada de inmigrantes irregulares a las costas canarias. El Grupo Popular registró ayer una petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique el repunte de la inmigración ilegal en Canarias, así como las acciones que prevé emprender el Gobierno para frenar dicho incremento de flujo migratorio, para que "se pueda atender de manera digna a los rescatados, conforme a la ley". Asimismo, el PP de Fuerteventura demandó que el titular de Interior visite la isla cuando venga a Canarias para que compruebe el desbordamiento que sufre la isla por la presencia de migrantes y la falta de instalaciones para acogerlos de forma digna.