La espiral de inseguridad y violencia que afecta a Malí ha provocado que Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, cambiara sus directrices de protección el pasado verano para solicitar a los Estados que brinden refugio a los malienses que huyen de su país. En este contexto, las dudas se ciernen sobre las repatriaciones que está realizando España desde Canarias de migrantes de Malí hacia Mauritania, ya que se estarían vulnerando las directrices de Acnur porque muchos de estos migrantes acaban siendo devueltos a su país, sin que haya un control efectivo por las autoridades españolas.

"Ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto debería ser devuelta de manera forzosa a Malí, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo", lanzó Acnur en verano, situación que sigue manteniendo. La Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió ayer que, si bien las devoluciones se están dirigiendo hacia Mauritania, la mayoría de los migrantes son malienses y éstos acaban siendo devueltos a su país. La organización humanitaria tiene contacto directo e indirecto con migrantes que, una vez llegados al país magrebí, han terminado en la frontera con Malí. El coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, argumenta que el pasado 21 de enero la agencia mauritana de información confirmó la expulsión de estas personas desde Nuadibú hacia el país vecino. El pasado viernes el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, admitió que no se sabe con certeza si Mauritania repatría a su vez a los ciudadanos malienses a su país cuando llegan desde Canarias. La Delegación del Gobierno mantuvo ayer su posición de que las deportaciones son legales en base al convenio que tiene España con Mauritania y que a los malienses se les ofrece la posibilidad de solicitar asilo.

CEAR cuestiona que, aunque los migrantes malienses llegados en patera a Canarias no hayan pedido la protección internacional a la que tienen derecho, no se puede poner sus vidas en riesgo "con una deportación a un país tercero a sabiendas de que su destino final será un país en conflicto".

Tanto el Defensor del Pueblo como varias organizaciones humanitarias han documentado que la mayoría de los migrantes repatriados en los últimos vuelos salidos de los aeropuertos canarios hacia Mauritania afirmaban ser malienses. En los últimos ocho meses hasta siete vuelos han salido con migrantes deportados, los dos últimos en enero con más de un centenar de personas, la mayoría del país del Sahel atravesado por un conflicto de norte a sur que está provocando que miles de personas se desplacen de sus lugares de origen a los países limítrofes, entre ellos Mauritania.

A la espera de la cumbre sobre la inmigración irregular que tendrá lugar el 14 de febrero, desde CEAR se solicita que se reactive un decreto de 2007, en plena crisis de pateras y cayucos, en el que se recoge que la acogida de los migrantes tiene carácter estatal, es decir, ante el riesgo de saturación de las Islas por la falta de espacio para atender a los migrantes se debe articular el procedimiento para trasladar también a estas personas a la Península. Incluso la organización plantea que aquellos que tengan familiares en otras comunidades autónomas o en otros países europeos sean trasladados para evitar el colapso que ya se está empezando a sentir en varias islas por la falta de espacios.