Los 270 opositores pendientes de acceder a sus plazas, algunos desde hace más de un año, tendrán adjudicado este mes su destino laboral provisional para empezar a trabajar en la Administración autonómica. El consejero del área, Julio Pérez, se comprometió ayer a que durante las próximas semanas se adjudicarán los puestos una vez que se comprueben los méritos presentados por los interesados, cuyo plazo acabó el pasado 29 de enero. Pérez aseguró que no hay ningún aprobado en las oposiciones al que no se le haya ofrecido plaza, aunque sea de forma provisional.

La dilatación de los plazos y la incertidumbre de los opositores han provocado en los últimos meses las protestas de los sindicatos y de los propios aspirantes, algunos de los cuales habían advertido con reclamar daños y perjuicios a la Administración, tanto los que acceden por el turno libre como los de promoción interna. El actual Ejecutivo se vio obligado a ponerse las pilas con la aprobación del decreto ley 6/2019 de medidas urgentes de ordenación del empleo público, así como instar a los tribunales calificadores a que actúen con la mayor agilidad posible. El 30 de diciembre publicó una orden en el BOC con la relación de los opositores para que presentaran los méritos y sus preferencias de destino.

Julio Pérez compareció ayer en la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Seguridad ante la petición del PP y de CC para que concretara la situación de las ofertas de empleo público de 2015, 2016 y 2017 y el nombramiento del personal que ha superado los procesos selectivos. El consejero recordó la situación con la que se encontró al llegar al Ejecutivo, con 41 procesos selectivos suspendidos por una disposición del anterior equipo de la Consejería, sin convocatoria de concursos de traslados y demoras en la adjudicación de las plazas. También hizo alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2018 que anuló el decreto de la relación de puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma, un contratiempo que está a punto de solventarse para poder iniciar la convocatoria de nuevos concursos de traslados este mismo año.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reconoció que aún quedan 94 plazas pendientes de las convocatorias anteriores y que ahora se tendrán que poner en marcha los procesos selectivos de otras 369 por la suma de parte de la oferta de 2017 y la convocatoria de 2019, publicada a final de año.

Julio Pérez y la diputada Socorro Beato, de Coalición Canaria, protagonizaron un agrio enfrentamiento dialéctico durante la comisión. Beato acusó al consejero de "atacar al otro y ridiculizarlo", un recurso "simple y pobre de descalificación personal del que está abusando", y opinó que "ya nadie se fía de lo que dice" Pérez entre el colectivo de opositores, que reclaman "certezas y respuestas concretas, no evasivas". Pérez replicó que no quiere incomodar ni ofender a la diputada nacionalista pero subrayó que la postura de Beato se corresponde a una posición política "porque no está dispuesta a reconocer las mejoras del Gobierno y por eso pregunta cosas que usted sabe que ya las sabe".

Tanto la parlamentaria nacionalista como la diputada del PP Luz Reverón demandaron al consejero fechas concretas y un cronograma sobre la adjudicación de las plazas de los 270 opositores afectados por esta situación y cuándo van a terminar los procesos selectivos que aún siguen en marcha de ofertas que ya han superado el plazo de tres años previsto por la ley. Pérez reiteró que los aspirantes tendrán su plaza provisional en este mes, pero los grupos de la oposición advirtieron que esta provisionalidad también merma los derechos de estos nuevos empleados ya que no pueden acceder ni a la promoción interna ni a los concursos de traslados.

En relación con este asunto, Julio Pérez señaló que próximamente comenzará la negociación con los sindicatos para iniciar los concursos de traslado. En este sentido expresó su confianza en que puedan comenzar a mediados de año con los cuerpos en los que más atrasado está este proceso, como es el caso de los auxiliares administrativos.

El resto de los grupos parlamentarios recalcaron la necesidad de acelerar los procesos selectivos y las ofertas de empleo público ante la falta de personal de la que adolecen algunos departamentos de la Comunidad Autónoma y la jubilación de una parte importante de los empleados públicos en unos años. Pérez admitió que la Dirección General de Función Pública es una de las áreas donde es necesaria dotarla de más plantilla.