Canarias vuelve a la carga sobre algunas de sus principales batallas de los últimos tiempos con el Ministerio de Hacienda para tratar de ampliar su margen financiero y de recursos tributarios con el que hacer frente al coste de los servicios públicos. Lo hará mañana en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado por sorpresa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que ésta presentará la nueva senda de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas, como paso previo al establecimiento del techo de gasto y a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para este año.
Será la primera vez que el Ejecutivo regional de Ángel Víctor Torres acuda a este órgano sectorial de coordinación entre la Administración central y los gobiernos regionales en materia fiscal y que no se reunía desde julio de 2018 como consecuencia del bloqueo político y de la interinidad en que se encontraba el Gobierno estatal. Pese al tiempo transcurrido, Canarias, a través de su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, mantiene en su agenda de prioridades sus dos principales reivindicaciones de la etapa anterior: la necesidad de flexibilizar la regla de gasto contenida en la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ahora le impide disponer del superávit de las cuentas públicas canarias, y de empezar a avanzar en la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas para ajustar sus ingresos al coste real por los servicios públicos esenciales -educaión, salidad y servicios sociales- que presta.
La reunión de mañana, a la que también asistirá por primera vez la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias, que copreside el CPFF junto Montero, se desarrollará en un ambiente de tensión entre el Estado y las diferentes regiones por el pleito sobre el pago del IVA correspondiente a diciembre pasado, unos 2.500 millones. En esa batalla se han involucrado autonomías tanto del PP como del PSOE y deja al gobierno canario casi de testigo presencial sin que se juegue nada en ello, por tratarse de la liquidación de un impuesto que no se aplica en el las Islas.
Este asunto, sin embargo, puede entorpecer los intentos del consejero isleño por abrir el debate y dar pasos en la flexibilización de la regla de gasto, sobre la que en otras ocasio- nes la ministra Montero se ha mostrado ambigua, aunque en ocasiones dispuesta a asumir las reclamaciones del Archipiélago Canario.
En relación con la financiación autonómica, otras comunidades ya han avanzado en los últimos días que también reclamarán la apertura inmediata del proceso de reforma, aunque este asunto no esté en el orden del día. Canarias lo hará en la medida que siempre está en su agenda de reclamaciones al Estado, pero sin pretender convertirlo en asunto central.
Senda de estabilidad
El verdadero motivo de la convocatoria por parte de Montero es la explicación de la nueva senda de estabilidad y el reparto del esfuerzo fiscal para 2020, 2021 y 2022 con la fijación de los objetivos de déficit y deuda que deberá cumplir cada administración.
Desde la investidura Sánchez como presidente del Gobierno y la conformación del Ejecutivo de coalición, éste había mantenido conversaciones con la Comisión Europea para acordar una flexibilización de los objetivos de deuda y déficit, adecuándolos a la realidad económica, ya que la anterior senda, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, había quedado desfasada con las últimas prórrogas presupuestarias y era considerada "poco realista" por diversos organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o la propia Comisión Europea.
En concreto, la senda aprobada por el PP fijó un objetivo de déficit del 0,5% para 2020 para el conjunto de las administraciones, dato inalcanzable teniendo en cuenta que la estimación de cierre para 2019 lo sitúa en el 2% e incluso por encima; para las autonomías, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para el 2019, equilibrio fiscal (0,0%) para el 2020, y de superávit para el 2021. Cifras que se van a sobrepasar con creces por la mayoría de ellas, aunque no por Canarias, que tendrá superávit.
El Consejo de Política Fiscal deberá votar la propuesta del Gobierno, pero su aprobación está asegurada al tener el departamento encabezado por la ministra Montero el 50% de los votos, mientras la otra mitad corresponde al voto de cada autonomía.
El visto bueno a la senda de estabilidad en el CPFF supondrá el primer paso para la posterior aprobación por el Consejo de Ministros del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', para posteriormente presentarlo, junto a los objetivos de déficit y estabilidad, al Congreso de los Diputados y al Senado.
Otras opciones de gasto
La Consejería de Hacienda de Canarias inició ayer por la tarde la preparación de esta primera sectorial fiscal a la que asistirá Román Rodríguez con la vista puesta en su objetivo de lograr mejores condiciones de financiación, tanto en relación con la relajación de la regla de gasto, como en el reparto del déficit. Canarias considera de entrada que dar mayor margen de déficit al conjunto de comunidades autónomas no le sirve porque no se beneficia al tener superávit, por lo que apuesta por un reparto individualizado que le suponga a las Islas mayores opciones de ingresos y de posibilidades de gasto.
Una de las últimas medidas del Estado, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, le suponía un teórico ingreso extra de 267 millones, pero de ellos 223 han quedado bloqueados en los bancos por la norma de estabilidad presupuestaria y sólo pueden destinarse a amortizar deuda -que Canarias no necesita-, o a inversiones financieramente soste-nibles, no a gasto estructural. Es decir, que no genere obligaciones de pago más allá del ejercicio presupuestario al que se refiere. Lo mismo ocurre con la deuda del Estado por el ante-rior convenio de carreteras, 500 millones que Madrid obliga por ahora a contabilizar como superávit.
Canarias cerró 2019 con unos ingresos superiores a los gastos aproximadamente en un 0,7 %, siendo la segunda región con mejores resultados fiscales, sólo por debajo de Navarra (1,3 %). Supera sin embargo a País Vasco (0,6%), Galicia (0,0%), La Rioja y Baleares (ambas con -0,1%). Sólo estas cinco cumplirián con el objetivo de déficit del 0,1 %.
