La Consejería de Obras Públicas ha esgrimido razones de interés general para desbloquear cerca de 10 millones de euros y así evitar la parálisis que se cernía sobre las carreteras del convenio anterior que aún se están ejecutando, la licitación de nuevas vías y la redacción de proyectos. El departamento que dirige Sebastián Franquis no dispone de cash para pagar certificaciones de obras y justificarlas ante el Estado, con el fin de que las empresas puedan continuar con el desarrollo de las infraestructuras.

Carreteras como la IV fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, un tramo de la LP-2, en La Palma; el enlace Chafiras-Oroteanda en Tenerife o la iluminación de túneles en La Gomera son algunas de las vías que se encuentran pendientes de estos fondos, esenciales para seguir con las obras y poder culminarlas. La segunda fase de la carretera de La Aldea o la continuación del Anillo Insular de Tenerife también se encuentran en esta situación al ser las obras que absorben mayor presupuesto y las vías más importantes del nuevo convenio que entró en vigor en 2018.

En licitaciones y nuevos proyectos que hay que impulsar se encuentran la nueva vía Puerto del Rosario-Caldereta, en Fuerteventura, o la circunvalación de La Laguna para mejorar la circulación en la autopista TF-5. Precisamente a esta última vía se destinarán 2,1 millones para redactar el proyecto después de 12 años paralizado, según el actual equipo de la Consejería de Obras Públicas. Los problemas de congestión y atascos que sufre la autopista del norte quedarían algo aliviados con esta vía que rodeará el caso de La Laguna por un lateral del Aeropuerto de Los Rodeos.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la situación de disponibilidad de estos fondos por razones de interés general. La disponibilidad de crédito fue propuesta por la Dirección General de Infraestructura Viaria con un total de 9,7 millones de euros, con el fin de liberar fondos del Estado destinados al actual convenio de carreteras 2018-2027. Según explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, estos fondos no estaban disponibles por aplicación de una disposición de la ley de presupuestos autonómicos que señala que los créditos que cuenten con financiación del Estado figurarán en un 25% en situación de no disponibilidad al principio del ejercicio.

Sin embargo, esta situación estaba estrangulando la liquidez necesaria en el departamento de Obras Públicas para pagar certificaciones de obras y seguir con las licitaciones. Otra parte del mismo artículo de la ley de presupuestos posibilita que el Ejecutivo pueda modificar la limitación por razones de interés general. Según transmitió el titular de Obras Públicas, Sebastián Franquis, al resto de los miembros del Ejecutivo hay serios problemas para continuar con muchas de las obras que ya están en marcha o iniciar otras nuevas. Con estos fondos se evitan retrasos en las certificaciones de obras ante el Estado, lo que supone continuar con las mismas, además de impulsar licitaciones en curso o redactar nuevos proyectos.

El desarrollo del convenio de carreteras se ha visto entorpecido por diferentes cuestiones, entre ellas la baja ejecución de los años 2018 y 2019, la falta de un presupuesto del Estado y la parálisis de la política estatal hasta que se formó Gobierno, hace ahora un mes. Mientras se define un nuevo marco presupuestario y se culmina la negociación política sobre los 500 millones pendientes de integrar en el nuevo convenio, la disponibilidad de fondos en este inicio del año es muy limitada y estos 10 millones de euros son imprescindibles para poder mantener la ejecución de las obras y no parar las licitaciones hasta que se disponga de más fondos.

El 'dedazo' en los cabildos sigue adelante

  • El Ejecutivo sigue adelante con su intención de modificar la Ley de Cabildos para permitir que los directores insulares de las corporaciones se designen de forma similar a los directores generales del Gobierno regional, es decir, que no prevalezca el criterio del concurso de méritos y la experiencia como sucede ahora, sino la designación de confianza de los grupos de gobierno. La intención del Gobierno regional es introducir esta reforma en la ley omnibús que prepara desde hace tiempo y que se ha llevado al Consejo de Gobierno en varias ocasiones para su estudio. En esta nueva norma se modifican varias leyes, entre ellas la de Función Pública, la de Régimen Local o la de Cabildo. El Ejecutivo lo intentó en la ley de presupuestos de 2020 pero los servicios jurídicos del Parlamento lo impidieron por ser una propuesta que no tenía contenido económico o presupuestario. El portavoz del Gabinete, Julio Pérez, matizó ayer que el texto de la modificación no será igual que el que se propuso en diciembre porque se están analizando las sentencias judiciales que existen sobre este asunto para la redacción del nuevo artículo. Pérez reiteró que los cabildos tienen la doble condición de corporaciones locales y de instituciones de la Comunidad Autónoma y, como tales, puede regirse también por lo que establecen las leyes de ámbito autonómico y no solo estatal.