Primer paso aparente del Ministerio de Hacienda para acceder en un futuro más o menos próximo a la flexibilización de la regla de gasto y permitir a Canarias y las demás administraciones con las cuentas saneadas a aplicar parte de su superávit. Es el que dio ayer de manera un tanto sorprendente la titular del departamento, la ministra María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid. Sin calendario por delante y con condiciones que están aún por determinar, Montero se comprometió a crear un grupo de trabajo en el propio órgano que integra al Estado y a las comunidades autónomas para estudiar las posibilidades de compensar a esas administraciones con las senda de estabilidad despejada.
Aunque sin echar las campanas al vuelo, el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda del Gobierno regional, Román Rodríguez, aplaudió la medida y se dio por satisfecho con este primer logro en su primera participación en el CPFF. Fue él quien exigió en primer término, aunque le secundó el consejero de Galicia, la necesidad de flexibilizar la regla de gasto para compensar a las comunidades que no se ven favorecidas por el aumento de mayor déficit autonómico que ayer precisamente se aprobó por parte del consejo. La nueva senda de estabilidad otorga a las regiones la posibilidad de que sus gastos sean un 0.2 % del PIB superior a sus ingresos, dos décimas más del PIB sobre lo inicialmente previsto, que era de equilibrio presupuestario (0,0%). También les permite aumentar en un punto porcentual su deuda pública.
Pero Canarias, junto a otras tres comunidades (País Vasco, Navarra y Baleares), no se beneficia de esta medida porque está en situación de superávít desde el año 2017, además de tener la menor deuda del conjunto de las comunidades autónomas, de un 13,2 % frente a la media del 25%. La regla de gasto impide hasta ahora a las Islas utilizar ese superávit, que si fuera acumulativo superaría los 1.700 millones entre el 2017 y la prevista por el Gobierno regional para el 2020 en la ley de Presupuestos, de 311 millones. El consejero canario arrancó ayer a Montero el compromiso de ponerse ya manos a la obra para dar una alternativa a las comunidades en esta situación.
Rodríguez dejó muy clara su posición durante su intervención en la intensa reunión de casi cinco horas del CPFF, que resumió a la salida: "A nosotros no nos afectan ninguna de estas medidas, no nos sentimos concernidos. Lo que nos interesa es que se pueda flexibilizar la regla de gasto, que se pueda aplicar el superávit porque lo que sí tenemos son necesidades, altas tasas de desempleo, pobreza, problemas en las viviendas, en las carreteras, en las obras hidráulicas, y necesitamos una opción alternativa a un mayor déficit". Y valoró como "importante" el acuerdo para crear ese grupo de trabajo del CPFF con la participación de los ayuntamientos "que buscará fórmulas de flexibilización de la regla de gasto, de la aplicación del superávit buscando excepciones para las comunidades que somos cumplidoras y para las corporaciones locales, que se encuentran en una situación similar casi de forma generalizada".
El vicepresidente canario destacó sobre todo el hecho de que "el Ministerio reconozca la necesidad de flexibilizar la regla de gasto y que hay que buscar excepciones más allá de las inversiones financieramente sostenibles" autorizadas por la ley de estabilidad presupuestaria como destino del superávit autonómico. Eso sí, el uso del superávit, según avanzó ayer Rodríguez, tendrá que responder a determinados criterios, porque se destinará "a políticas que acordemos, que sean de orden estratégico y de valor importante".
El consejero reconoció que no se había establecido ninguna fecha ni calendario para poner en marcha ese grupo de trabajo y lo justificó en el hecho de que el Ministerio lleva solo "tres semanas en la nueva situación" y que, de facto, el CPFF ha retomado su actividad tras año y medio sin reunirse, mostrando su confianza en que en una próxima convocatoria se pueda ir avanzado.
Rodríguez también planteó, junto con otros consejeros, la necesidad de emprender la reformas del sistema de financiación autonómica, aunque advirtió de que para que esa actualización sea posible "se precisan unas cuantas condiciones". La la primera de ellas, aseguró, será "respetar el 'status quo' de partida de las comunidades autónomas, como ocurrió en el 20'1 y en el 2009", es decir, que no se tenga en cuenta la posición actual porque en ese caso salen perjudicadas las que han tenido infrafinanciación.
Además, Rodríguez consideró que también tendrán que ponerse recursos adicionales por parte del Estado "para poder solventar las dificultades que siempre conlleva un nuevo sistema de financiación" y eso, añadió, "seguro que pasa por revisar el modelo fiscal español".
"Eso de más recursos si no hay mas ingresos es difícil de lograr", recalcó. En todo caso, cree que "hay una voluntad de que en esta legislatura se desbloquee la reforma del sistema", aunque recordó la advertencia que hizo la ministra de Hacienda en la reunión sobre "las dificultades de conseguir las mayorías parlamentarias necesarias porque se trata de una ley orgánica".
No hay por tanto calendario para llevar a cabo el proceso, aunque Montero avanzó su intención de iniciar en breve contactos con los grupos parlamentarios del Congreso "para evaluar qué disponibilidad hay y qué valor dan en esta legislatura a llegar a acuerdos" al respecto.
