Las corporaciones insulares y locales canarias siguen viendo el vaso medio vacío. No les acaban de convencer las últimas propuestas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para mejorar la financiación de las administraciones que tienen sus cuentas saneadas y que no tienen porqué incurrir en déficit o que deudarse para la prestación de sus servicios. Los representantes de las federaciones de cabildos y ayuntamientos de las Islas insisten en una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que "flexibilice de una forma clara y perceptible" la regla de gasto, y que con ello se les permita utilizar el superávit que acumulan en los bancos. Una cantidad que desde la Federación Canaria de Islas (Fecai) cifra en 4.000 millones de euros.
Tanto el actual presidente de la Fecai CAI, Casimiro Curbelo, como el vicepresidente cuarto de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, reclamaron ayer "voluntad política real" al nuevo Gobierno central para llevar a cabo un cambio radical en el control de la senda de estabilidad de estas corporaciones para hacer viable el uso de los recursos que tienen congelados por la imposibilidad legal de destinarlos a inversiones o mejora de los servicios públicos que prestan. Ni uno ni otro dirigente se conforma con el incremento de una décima de la regla de gasto para este año (pasando de 2,8 al 2,9 % ), ni con el compromiso de incrementar a dos años el plazo de ejecución de las llamadas 'inversiones financieramente sostenibles' (un año para programación y otro para ejecución). Hasta ahora único destino, junto al de amortización de deuda, al que la actual norma autoriza a emplear el superávit.
La regla de gasto es el límite máximo en el que se pueden incrementar los gastos de cada administración en relación al año anterior y se basa en las estimaciones de crecimiento de la economía.
Estas dos medidas fueron anunciadas ayer por Montero en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), a la que también asistió la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en el marco de las reuniones que están manteniendo con el conjunto de administraciones territoriales para acordar la senda de estabilidad del próximo año antes de acordar el techo de gasto y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Hacienda, además de elevar en una décima la regla de gasto de este año para las corporaciones locales, va a poner en marcha un extra FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) para darles más margen financiero, al igual que ha previsto para las comunidades autónomas, con el fin de compensar por el efecto del IVA pendiente de 2017, que la FEMP cifra en 750 millones y que se descontará del cumplimiento de la norma de gasto, al tiempo que les ha marcado de nuevo un objetivo de déficit cero, aunque las corporaciones locales españolas presentan ya un superávit de entre 4 y 5 décimas y un remanente de 26.000 millones como consecuencia de ello.
Los ayuntamientos y cabildos canarios obtuvieron en el 2018 un superávit de cerca de 1.000 millones, una cifra que podría repetirse en el 2019, según las previsiones de sus federaciones, y un remanente de tesorería "al menos cuatro veces superior".
Casimiro Curbelo reconoció ayer que "esperábamos una propuesta que fuera más atractiva, porque el poder ampliar la regla de gasto no nos resuelve el problema". "Lo que queremos es que nos permita gastar el superávit en inversiones o en los servicios esenciales. Nosotros lo que no admitimos es que, teniendo recursos y medios y las cuentas saneadas, no poder atender con ello nuestras necesidades", resaltó el también presidente del cabildo de La Gomera.
Primer paso
Curbelo reclamó al Ministerio y a los órganos de coordinación con las administraciones territoriales que "busquen una salida en la que el superávit se pueda gastar sin las cortapisas que nos imponen ahora, porque hasta este momento no hay respuesta satisfactoria a nuestras demandas". Según él, el Gobierno central "parece tener voluntad política de afrontar el problema, pero no se puede demorar mucho ponerla en práctica".
"Toda la realidad de las diferentes administraciones se tiene que poner sobre la mesa en esos órganos de decisión y espero que haya una respuesta satisfactoria por parte del Estado. Los cabildos son administraciones solventes y estamos muy controlados y lo que queremos es que no nos ahoguen", remachó el dirigente insularista.
Por su lado, desde la Fecam, su vicepresidente cuarto y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, aseguró que las medidas anunciadas por Montero "son el primer paso" para abrir la posibilidad de utilizar el superávit, pero consideró que "detrás de esto tiene que estar la voluntad clara de acabar con esta situación incomprensible de que no podamos hacer uso de nuestros recursos". "Es un problema que venimos sufriendo desde hace años y lo que no se puede permitir es que con las necesidades que tenemos los ayuntamientos, tengamos recursos ociosos en los bancos, donde encima ahora nos van a cobrar por tener esos depósitos", recalcó.
Hernández afirma que "el Ministerio tiene elementos de control suficientes hacia los ayuntamientos para permitir la flexibilización de la regla de gasto y el uso del superávit", razón por la que "no se entiende" que no se abra más la mano hacia en la utilización de esos recursos en materias como vivienda social, infraestructuras, o en mejora de las prestaciones sociales. "El Gobierno central tiene que tener la voluntad política, sí o sí, de hacerlo porque al final las administraciones somos generadores de economía y de bienestar para los ciudadanos".
Más entusiasta se mostró con las medidas del Ministerio el presidente de la FEMP y alcalde Vigo, Abel Caballero, quien las celebró porque las cifras son "perfectamente realizables" por los ayuntamientos, ya que presentan un superávit de en torno al 0,4% o 0,5% del PIB, acumulando ocho ejercicios con superávits y una cantidad que totaliza 25.000 millones de euros.
Sobre las inversiones financieramente sostenibles, Montero trasladó ayer el "compromiso" del Gobierno para que éstas se puedan acometer en un plazo de dos años y evitar así las dificultades a la hora de la planificación. Caballero pidió que ese plazo se consolide plasmándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y reclamó que se abra una línea de depósitos en el Banco de España a tipo de interés cero para que las entidades locales puedan mantener los 25.000 millones de remanentes que no pueden gastar u usarlo en activos financieros no especulativos.
Nueva senda de estabilidad
- El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy la nueva senda de estabilidad presupuestaria para 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, así como el nuevo cuadro macroeconómico sobre el que se elaborarán los Presupuestos Generales del Estado para este año. También acometerá el límite de gasto no financiero -techo de gasto-, que en 2019 aumentó un 4,4%, hasta los 125.064 millones y debe ser aprobado por las Cortes previamente a las cuentas públicas.
