Canarias se propone participar en el debate mundial sobre la aplicación de tributos ambientales para la descarbonización del planeta y, en consecuencia, la reducción de emisiones de C02 a la atmósfera. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno regional, Román Rodríguez, plantea una nueva fiscalidad ambiental en las Islas para destinar la recaudación a la disminución de la huella de carbono en el turismo, la movilidad terrestre, la gestión de los residuos o el ciclo de aguas. Las principales actividades que provocan emisiones son las vinculadas al sector turístico, el transporte y la industria.

En movilidad sostenible, los ingresos de este tributo verde, aún por definir, podrían utilizarse en la ejecución de los trenes en Gran Canaria y Tenerife, y en fomentar el uso de todo tipo de vehículos eléctricos en las Islas.

El consejero de Hacienda es un firme defensor de los trenes como el transporte terrestre "más sostenible y seguro" y la mejor opción para hacer frente a los atascos que sufren a diario las dos capitales canarias y los principales corredores que van desde Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife hacia el sur de las islas. De hecho, en su etapa en el Cabildo grancanario impulsó el plan ferroviario de la Isla. Es más, Rodríguez recordó ayer que el Gobierno de Emmanuel Macron plantea un impuesto ambiental para destinarlo al transporte guiado y sostenible.

Según Rodríguez, el impuesto verde iría "dos peldaños más arriba" de la tasa turística que siempre ha defendido su formación, Nueva Canarias, e incluso el PSOE, un tributo para los turistas con carácter finalista que gravaría el día de estancia del visitante y cuyo destino revertiría principalmente en los ayuntamientos para mejorar sus infraestructuras turísticas y el patrimonio cultural.

La aplicación de esta tasa no ha encontrado consenso en el Gobierno cuatripartito (PSOE, NC, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) y ha generado el rechazo de los empresarios turísticos, pero ahora el vicepresidente del Gobierno cree que ese tributo se queda en cierto modo obsoleto y el impuesto ambiental sería una "evolución" porque si se financiaran, por ejemplo, transportes sostenibles podría medirse en un futuro sus efectos en la reducción del uso de vehículos y sus emisiones a la atmósfera. Román Rodríguez asegura que todavía no tiene claro cómo se ha de aplicar ese tributo ni sobre quién, aunque se estudia gravar de alguna manera el turismo y a otras actividades, siempre con el fin de reducir las emisiones de carbono y luchar contra el cambio climático.

Pese a ello, el consejero de Hacienda expone que este impuesto no tiene que ver con la tasa del queroseno que se plantea aplicar en la Unión Europea (UE) para los vuelos europeos, con el fin de aminorar las emisiones de carbono de los aviones. Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas (RUP) han reclamado quedar exentas de este tributo puesto que la conectividad aérea es fundamental para estos territorios alejados.

El impuesto ambiental que piensa Rodríguez no estará en la nueva Ley de Cambio Climático que elabora la Consejería de Transición Ecológica, que dirige José Antonio Valbuena, sino que se formulará en el seno de la reforma de la fiscalidad que tiene previsto realizar el Gobierno canario en este legislatura.

El vicepresidente también propone abrir a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) a sendos proyectos ferroviarios, por tanto dar cabida al capital privado, además de buscar recursos públicos en Europa y el Estado. La inversión de ambos proyectos alcanzaría los 3.800 millones y mientras la corporación insular grancanaria persiste en la idea de ejecutar el tren, impulsada una docena de años atrás, para la tinerfeña ha dejado de ser un asunto prioritario. Asimismo, el vicepresidente insiste en la necesidad de que el Estado flexibilice la regla de gasto de modo que Canarias pueda destinar el dinero del superávit al impulso de las infraestructuras sostenibles como los trenes.