El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ve imparable que Canarias, al igual que sucede en Europa y España, establezca unos impuestos ambientales para luchar contra el cambio climático, pero todo lo que haga intentará consensuarlo previamente con los sectores a los que pueda afectar, básicamente el turismo, el transporte y la industria. La nueva fiscalidad verde que planea el Gobierno canario tratará de obtener recursos para disminuir la huella de carbono en la actividad turística, la movilidad terrestre -con la implantación de transportes guiados como los trenes o vehículos eléctricos-, en la gestión de los residuos o en el tratamiento de aguas.

Ángel Víctor Torres recordó ayer que en su discurso de investidura ya habló de la necesidad de establecer una fiscalidad ambiental para reducir al máximo la emisión de CO2, que también estaba plasmada en el pacto de las flores, suscrito entre el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que sustenta al Gobierno.

Ante ello, la Consejería de Transición Ecológica, que está elaborando la Ley del Cambio Climático, introducirá en esta norma los principios generales sobre la nueva la fiscalidad ambiental, cuya traslación práctica en impuestos o bonificaciones concretará la Consejería de Hacienda, que dirige Román Rodríguez. El también vicepresidente del Gobierno avanzó el pasado miércoles que estos nuevos tributos verdes, aún por definir, se materializarán en la reforma fiscal global que realizará el Gobierno en esta legislatura. Asimismo, expuso que la fiscalidad ambiental no tiene que ver con la tasa turística que planteaba su formación, Nueva Canarias, sino que va más allá porque se trata de unos tributos para inducir a la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático, mientras que la tasa turística estaba pensada para gravar la estancia diaria del visitante y su recaudación revertiría principalmente en los ayuntamientos para mejorar sus infraestructuras turísticas y el patrimonio cultural.

El presidente del Gobierno señaló ayer al respecto que Canarias va a cumplir con las directrices de la Unión Europea para que se apliquen todo tipo de medidas para descarbonizar el planeta y evitar la emisión de gases a la atmósfera. De hecho, buena parte del presupuesto del nuevo marco financiero de la UE para el periodo 2021-2027, que aún esta en negociación, irá destinado a la lucha contra el cambio climático. Pero para establecer políticas y acciones se requieren ingresos, por lo que la UE y los Estados miembros ya hablan de las nuevas figuras impositivas verdes, como la tasa al queroseno en los vuelos europeos. No obstante, con respecto a la aplicación de este tributo, Canarias ha reclamado al Gobierno central y a Europa quedar exenta, junto al resto de regiones ultraperiféricas (RUP), porque la conectividad aérea es esencial para estos territorios alejados. Pero el Gobierno de Torres sí considera imperativo plantear otros impuestos ambientales que ayuden implantar, por ejemplo, transportes sostenibles como los trenes. Ahora mismo Canarias no cuenta con una fiscalidad cuyo destino final sea revertir la crisis climática.

En el turismo, Torres pone otro ejemplo de lo podría ser un impuesto ambiental: "Hay una fórmula que utilizan los turistas que están concienciados contra el cambio climático y es que cuando vienen a Canarias, en este caso a algunos hoteles de Tenerife, depositan de forma voluntaria en los establecimientos el coste económico para paliar la huella de carbono". Según el presidente canario es una opción que puede estudiar el Gobierno para que el turista sufrague su huella de carbono en el destino turístico.

El presidente y portavoz en el Parlamento de ASG, Casimiro Curbelo, no se mostró ayer precisamente contento con que Román Rodríguez aireara el miércoles públicamente la previsible implantación de esta fiscalidad sin tratar cómo será previamente en el pacto de las flores.

Curbelo siempre se ha negado a establecer la tasa turística aunque sí proponía poner algún gravamen a los visitantes cuando accediesen, por ejemplo, a los parques nacionales. Por tanto, a su juicio, la forma de concretar esta nueva fiscalidad se debería hablar antes en la mesa del pacto, porque es darle "carnaza a la oposición" para que critique al Gobierno por plantear más impuestos, aunque sean verdes.

El presidente de ASG sostiene que en realidad no hay "ninguna discrepancia política" sobre la necesidad de implantar una fiscalidad ambiental, pero primero hay que hablarlo internamente.

Curbelo no se equivocó con los grupos de la oposición. La diputada del grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, advirtió ayer que la "ocurrencia" de establecer un tributo verde sobre el turismo, el transporte y la industria supondrá menos competitividad y más paro.

La portavoz del PP, Australia Navarro, denunció "el apetito fiscal insaciable del Gobierno" y afirmó que "el medio natural no se protege arruinando a la gente". Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos, se mostró contraria a que se establezcan nuevos impuestos.