Toda actividad que contamine será susceptible de ser gravada por la fiscalidad ambiental que esboza el Gobierno de Canarias para luchar contra el cambio climático y la emisión de gases a la atmósfera, una directriz a la que está dando prioridad la Unión Europea. Tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como las comunidades autónomas estudian cómo aplicarla.

Canarias carece ahora mismo de impuestos verdes con carácter finalista para disminuir las emanaciones de CO2, ya que la tributación sobre el combustible, con una recaudación de cerca de 350 millones de euros el año pasado y que se reparte con los cabildos, va a una caja común. La tasa sobre la basura, por ejemplo, tampoco se destina al cambio climático, indica el consejero de Transición Ecológica del Gobierno regional, José Antonio Valbuena.

Recalca que la implantación de la sostenibilidad "ha venido a quedarse, y no es fácil ni barata". "Va a suponer un coste y todos tendremos que pagar si queremos ser sostenibles", enfatiza el consejero.

Los principios generales de la nueva fiscalidad se establecerán en la Ley de Cambio Climático que está elaborando el área de Valbuena. Estos impuestos ambientales afectarán principalmente a actividades relacionadas con el transporte, el turismo y la industria, y su recaudación será para fomentar la movilidad terrestre sostenible -con la implantación de los trenes y vehículos eléctricos-, rebajar la huella de carbono en el destino turístico, el tratamiento de residuos o el ciclo del agua. No obstante, puede extenderse a cualquier otra actividad que contamine. Valbuena indica que la Consejería de Hacienda, que dirige el también vicepresidente Román Rodríguez, es sensible a acoger las directrices que se establezcan en la ley y trasladarlas a impuestos verdes o bonificaciones a quienes hagan buenas prácticas en materia ambiental y eficiencia energética. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha expuesto al respecto que, previamente a cualquier decisión, se intentará consensuar con los sectores la nueva e inevitable fiscalidad ambiental.

Valbuena señala que aún están elaborando los principios sobre esta imposición verde que pondrán en un título concreto de la nueva Ley de Cambio Climático, y expone que la intención es que Canarias llegue al máximo de sostenibilidad. Explica que, por ejemplo, si se logra en una década que los vehículos sean eléctricos desaparecerá el impuesto sobre el combustible y se tendrá que "suplir por otro" porque siempre se requerirán fondos para ejecutar políticas.

Además, las Islas no pueden depender solo de los recursos que lleguen de Europa, sostiene, por lo que debe tejerse esa fiscalidad ambiental propia, en el contexto de la que haga el Estado, para dar respuesta a una de las máximas preocupaciones actuales como es la lucha contra el cambio climático.

El consejero prevé que el borrador de la Ley de Cambio Climático esté hecho en primavera para remitirlo al Parlamento de Canarias en octubre, y que en ese periodo Hacienda elabore una propuesta de lo que podría ser lanueva fiscalidad ambiental. Román Rodríguez ha indicado que los tributos verdes se materializarán en la reforma fiscal global que realizará el Gobierno en esta legislatura.