No se benefician de la bonificación del 75% para residentes y además sufren su peor consecuencia: la subida en los precios de los billetes hacia Canarias. Para los isleños empadronados en la Península resulta cada vez más complicado darse un salto a las Islas para visitar a familiares, disfrutar de fiestas como el Carnaval, o acudir a imprevistos que requieren la compra del pasaje a última hora. Llegan, incluso, a sentirse como "inmigrantes" dentro de su propia tierra. Así lo expresaron ayer los representantes del colectivo Canarios Sin Alas y la Asociación Canarios por una Justa Movilidad en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en el Parlamento de Canarias.

"Queremos precios asequibles, justos y razonables", reclamó Fernando Cabrera, portavoz de Canarios sin Alas. Para él, la solución al alza de los billetes no pasa por el descuento a los residentes, ya que se trata de un problema "de todos los canarios". Cabrera defendió que la bonificación "no sirve" si no se regulan los precios y se pone límites a las aerolíneas, por lo que apuntó que la mejor medida es establecer precios máximos y declarar la Obligación de Servicio Público (OSP) en los vuelos que conectan Canarias con la Península. Una idea que suscribió Desirée Hernández, portavoz de Canarios por una Justa Movilidad.

"El Archipiélago se ha convertido en una jaula", declaró Hernández haciendo referencia a la falta de acceso a las Islas y la dificultad económica que supone entrar en ellas. Durante su intervención aportó varios ejemplos reales del encarecimiento de billetes y propuso exigir transparencia a las compañías a la hora de ofertar las plazas de los aviones, de forma que los usuarios sepan lo que cuesta cada asiento desde el primer momento.

Explicó que a una familia canaria formada por tres adultos y un niño les costó venir a las Islas para despedirse de un familiar a punto de fallecer unos 1.441 euros, y otro joven para acudir al entierro de un pariente tuvo le abonar 300 euros de avión y 300 de taxi al encontrarse en una ciudad sin conectividad directa. Estos fueron solo dos de los casos reales que Hernández expuso para ilustrar la crudeza de la situación. Además de mencionar que ella no pudo venir a Canarias en Navidad con su marido y su hijo debido a que los billtes rondaban los 1.700 euros.

Los representantes de los grupos parlamentarios escucharon las quejas de ambas asociaciones y coincidieron con sus portavoces al apoyar la fijación de precios máximos y el establecimiento de la OSP en las rutas de Canarias. Todos compartieron el interés por la cuestión y aseguraron que instarían al Gobierno del Estado y a la Unión Europea a tomar medidas en el menor tiempo posible.

Francisco Déniz, representante de Sí Podemos propuso ampliar la bonificación de los residentes a los parientes de primer grado de consanguinidad y extenderla a los canarios que residen en otras regiones del país. Medidas que compartió Narvay Quintero, representante de CC. La portavoz de NC, Carmen Hernández, aprovechó la Comisión para recordar "el papel decisivo" de su partido en la puesta en marcha de la bonificación del 75%. Una iniciativa que calificó de "éxito" al haber desencadenado un "aumento en la venta de billetes de un 50%".

La mayoría de los representantes de los grupos aprovecharon la coyuntura para recordar que la situación también afecta a los turistas peninsulares, que escogen otros destinos ante los elevados precios de los vuelos. "Se pierde la oportunidad de establecer lazos y atraer turismo", apuntó Melodie Mendoza en nombre de la Agrupación Socialista Gomera.

Los portavoces de las dos asociaciones presentes en la Comisión ayer discreparon sobre este asunto con la bancada política. Ambos aseguraron que al turismo peninsular la subida de precios no le afecta tanto como a los canarios sin residencia. Hernández, quien trabaja en una agencia de viajes, puso el ejemplo del coste de un paquete turístico que incluye transporte y alojamiento en las Islas y que resulta "mucho más rentable" que comprar los vuelos de forma individual.

Tras cuatro años de lucha, las organizaciones pidieron el consenso al respecto, ya que , según las palabras de Cabrera, afectan a la movilidad de todos los canarios.