Los ayuntamientos canarios han comenzado a retirar fondos de aquellas entidades bancarias que tienen previsto cobrarles por el mero hecho de guardar el dinero de sus vecinos. Hay consistorios que ya han encontrado bancos dispuestos a recibir el dinero público municipal con la garantía de que no aplicarán la nueva tasa del 0,5% sobre los depósitos. Este es el caso del de Arona, en Tenerife, donde llevan varias semanas trabajando en este asunto y donde ya han sacado fondos de una entidad para ingresarlos en otra que se ha comprometido a no cobrarles. En otros ayuntamientos, como el de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, los responsables de Economía, Hacienda y la Tesorería local se reunían en las últimas horas para abordar la situación y tratan de dar con algún banco que al menos rebaje la factura, porque "vamos a tener que pagar sí o sí". El temor compartido es que las entidades financieras hagan causa común y todas empiecen a aplicar la tasa, lo que dejaría a los ayuntamientos sin alternativas y en la paradoja de tener que pagar intereses por los cientos de millones de euros bloqueados en los bancos en aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por ello, la Federación Canaria de Municipios -la Fecam, la organización privada que armoniza los intereses de los 88 consistorios de la región- se sumó ayer a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Banco de España abra cuentas corrientes sin costes donde los ayuntamientos puedan depositar el superávit bloqueado por la ley sin que encima tengan que pagar por ello.

Los consistorios del Archipiélago, como en general los de todo el país, son el único ámbito de la Administración pública que lleva años encadenando superávits, es decir, cerrando cada ejercicio con más ingresos que gastos. Sin embargo, ese dinero que se ingresa de más no puede gastarse o invertirse al siguiente año, sino que queda limitado por la susodicha Ley de estabilidad presupuestaria, que se promulgó en 2012, en plena crisis económica, para mantener a raya la deuda y el déficit públicos. Y así ha ocurrido que ese dinero en forma de superávit no ha hecho más que crecer desde 2012, permaneciendo ocioso en los bancos, esto es, sin que los consistorios puedan usarlo por más que sus vecinos tengan necesidades. Da igual que una carretera esté intransitable o que haya que acondicionar un recinto, el dinero del superávit es intocable, entre otras cosas porque sirve para compensar el déficit de la Administración del Estado y, en última instancia, para transmitir una imagen de salud financiera global ante Bruselas. Pero ahora, por si fuera poco, se suma que los bancos van a empezar a cobrar un 0,5% de interés por los depósitos, o lo que es lo mismo: van a cobrarles por colocar el dinero de las arcas municipales en sus cuentas. Aunque parezca el mundo al revés, la paradoja se explica porque los tipos de interés, por la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), están en negativo, lo que abarata el dinero e inunda de liquidez la Eurozona. Pero si los tipos están en negativo, lo están todos, y también el de lo que se llama la facilidad de depósito, que es lo que el BCE paga a las entidades europeas por el dinero que estas colocan en el Banco Central. O más bien pagaba, porque ahora el BCE cobra a las entidades que le dejan su exceso de liquidez, que es la consecuencia de que el tipo de interés de facilidad de depósito esté en el -0,5%. El BCE hace esto para que los bancos opten por conceder créditos con ese exceso de dinero en lugar de colocarlo en el Banco Central, pero resulta que ha desembocado en que las entidades quieran repercutir a sus clientes lo que les exige el BCE, de ahí la tasa del 0,5%. Para los ayuntamientos el castigo es, por tanto, doble: no solo no pueden usar el superávit, que es resultado de su buena gestión, sino que ahora les costará intereses. Y no precisamente poco, ya que tienen unos mil millones en los bancos.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, explicó que su ayuntamiento, el de Candelaria, está entre los que ya han movido fondos de unas entidades a otras para evitar pagar por el superávit, pero cree que esto es un parche, no la solución, ya que se corre el riesgo de que todo el sector bancario se cierre en banda y no haya dónde depositar el dinero. En este sentido, la representante de la Administración municipal canaria hizo hincapié en que o bien se consigue que la banca recapacite, o bien el Banco de España tendrá que abrir cuentas para que los consistorios depositen su dinero.

La situación es la misma en todos los ayuntamientos, sean grandes o pequeños. El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, fue quien abrió fuego avisando que retirará el dinero de toda entidad que cobre por los depósitos. "Es inmoral, irresponsable y poco ético", enfatizó el nacionalista. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde insistieron, como todos, en la necesidad de que se flexibilice ya la ley para que pueda usarse el superávit, explicaron que están estudiando qué entidades con las que trabajan aplicarán la nueva tasa para "negociar y buscar las mejores condiciones económicas", lo mismo que en San Bartolomé de Tirajana, donde su concejal de Economía y Hacienda, Antonio Pérez Socorro, denunció la "indefensión" de los consistorios.

"El colmo es que nos apli- quen este 0,5%", subrayó el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, que también ha puesto en funcionamiento la maquinaria del consistorio gomero. Otros ejemplos son Adeje, Los Realejos y Arona, donde la indignación es la misma y donde, en el caso de Arona, ya han dado con alguna entidad dispuesta a no aplicar el 0,5%.