El Parlamento convalidó ayer el decreto del Ejecutivo en el que se establecen los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial del sector primario del IGIC. Se iguala así a las empresas y profesionales canarios con los del resto de España, al incrementar desde 150.000 a 250.000 euros el límite para acogerse al régimen simplificado.