Lo que está haciendo Marruecos para delimitar sus espacios marítimos frente a Canarias es lo mismo que está haciendo España con los suyos en todas las zonas de vecindad con otros países. Tiene derecho a ello porque de momento no contraviene la Convención de Derechos del Mar de la ONU, pero, en todo caso, eso no obsta para que ambos países tengan que "dialogar y negociar" a la hora de establecer las fronteras o las medianas marítimas donde hay solapamiento de aguas, entre ellas la de Canarias, que están aún por determinar. No caben en esta materia "ni actos unilaterales, ni políticas de hechos consumados", y no hay por tanto preocupación alguna al respecto por parte del Gobierno español, que será "implacable en la defensa de nuestros intereses, pero impecable en las formas y los procedimientos".
Estos fueron algunos de los mensajes centrales que trasladó ayer la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, al Congreso en el marco de una interpelación parlamentaria de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre la respuesta del Gobierno español a las leyes que Marruecos está tramitando en su Parlamento para delimitar sus espacios marítimos y en las que incorpora aguas que forman parte de la ampliación de la Plataforma Continental del Archipiélago. Laya reclamó que no se creen "alarmismos" sobre la iniciativa legislativa del país magrebí y recordó que ésta se conoce desde el 2017 aunque no se le habían dado hasta ahora curso parlamentario.
La jefa de la diplomacia española aclaró que España tiene la mayor parte de sus propias delimitaciones marítimas con los países vecinos "aún pendientes" y que tampoco ha publicado una ley estableciendo sus zonas económicas exclusivas en todos sus mares, con lo que quería "poner de manifiesto" que "estos procesos son largos" y que suelen entrañar "negociaciones complejas". Según la ministra, lo que está haciendo Marruecos es "iniciar el proceso legislativo de actualización de sus leyes internas" con dos textos "de carácter genérico que remiten, en cualquier caso, a la convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas y al derecho internacional".
"Marruecos está ejerciendo por tanto un derecho que le reconoce esta Convención y que es el que tiene cada Estado a establecer los espacios marítimos reconocidos por el derecho internacional", afirmó la ministra, quien recordó que los proyectos marroquíes están aún en periodo de tramitación parlamentaria. Deben todavía volver a la Cámara baja y pasar al Gobierno para la sanción real.
Añadió que ambos países mantienen "un diálogo político muy amplio en el que están incluidas cuestiones relativas a la delimitación de los espacios marítimos", y resaltó el compromiso del Gobierno marroquí de "mantener informada a España de la evolución de los mismos, cosa que ha hecho en cada etapa legislativa". La ministra recordó que en su viaje a Rabat el pasado 24 de enero, se le reiteró este compromiso por parte de todos estamentos oficiales con los que contactó.
En todo caso, España estudiará "meticulosamente las disposiciones aprobadas y nos reservamos el derecho a reaccionar en la media que estimemos oportunos".
La máxima española en este sentido, resaltó es "diálogo para defender nuestros intereses y respuesta contundente cuando entendamos que se están violando nuestros derechos. Laya recalcó que "es un asunto tan importante para España y como para Canarias" y que el Ministerio tendrá "la máxima transparencia", y "el mayor espíritu de cooperación con el Gobierno de Canarias" al respecto.
Ana Oramas, en una intervención de tono un tanto duro y reivindicativo, instó por su parte al Gobierno de Sánchez a ser "proactivo" para negociar con Marruecos la delimitación de las fronteras marítimas que afectan a Canarias y, entre tanto, garantizar por la vía diplomática que Rabat respeta el statu quo actual y no apruebe "legislación propia". En caso contrario, cree que España debería presentar "una queja formal" en la ONU por contravenir el Derecho del Mar. A juicio de la diputada de CC, en los pasos dados por Marruecos pesa el hecho de que el presidente Pedro Sánchez rompiera la tradición y no viajase a Marruecos como primer destino exterior al llegar a la Moncloa. Tras recordar que en la zona "están en juego yacimientos de hidrocarburos, telurio y cobalto", la diputada también ha advertido al Gobierno de que las leyes marroquíes afectan a las aguas del Sáhara Occidental y ha avanzado que presentará una moción para defender que "no puede hacer una expansión y una apropiación del mar".
La ministra replicó a la diputada en relación con el Sáhara que la inclusión de las aguas saharauis en las leyes marroquíes "es una cuestión de Derecho Internacional Público cuya resolución corresponde a las instancias internacionales competentes" y "no altera la posición de España sobre el Sáhara, que se sustancia en la ONU". Según ella, esa posición "es la misma de siempre porque es una posición de Estado".
