El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se mostró ayer "abierto a todo" para vigilar y tratar de contener los precios de los billetes en los vuelos entre Canarias y la Península, incluida la posibilidad de establecer la Obligación de Servicio Público (OSP) en esas conexiones que incluya precios máximos de referencia, una opción con la que se trataría de cambiar la dinámica de incremento de tarifas desde la aplicación del 75 % de subvención al transporte aéreo de pasajeros residentes en julio del 2018. Ábalos aseguró en su primera comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de su ministerio en la nueva legislatura que "hay diferentes opciones" para el control de precios y que "no estamos cerrados a nada". "Nuestro compromiso es garantizar el 75 % de subvención y a partir de ahí, podemos ver las fórmulas y los estudios" que hagan posible evitar abusos por parte de las compañías aéreas, señaló.
El ministro respondía así en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso a la demanda que le hizo el diputado de NC, Pedro Quevedo, sobre la necesidad de vigilar los precios de los vuelos a la Península y "de instar en la UE a establecer una OSP abierta como única forma real de control de los incrementos". Esta opción ha empezado a tomar cuerpo en el ministerio responsable del transporte desde que hace unos meses se dieron a conocer estudios en los que se constataba que hasta octubre pasado los vuelos a la Península se habían incrementado a lo largo del año una media de un 24% y que en algunos trayectos la subida había alcanzado el 48%.
Quevedo recordó que el incremento de la subvención del 50 al 75 % se había adoptado en 2017 para el transporte interinsular y que en ese caso "no se ha generado ni un solo problema, ha funcionado perfectamente y la razón es que existe una Obligación de Servicio Público y se ha demostrado que eso no vulnera la competencia" porque, señaló, "hay un operador más de los que había antes de su aplicación".
El nacionalista insistió en que "el incremento de la subvención en las conexiones con la Península sí ha originado situaciones de incremento de precios" y que por ello "es necesario vigilar la aplicación de esta medida porque lo que debería favorecer claramente la movilidad de los residentes puede estar perjudicando gravemente, por determinadas posiciones de dominio de las compañías aéreas, tanto a los residentes como a las personas que nos quieren visitar, a los llamados 'canarios sin alas' que viven en la Península".
Ábalos relató, al hacer balance de su gestión desde su llegada al Ministerio de Fomento, que en ese momento, en junio de 2018, se vio en la imposibilidad de aplicar el incremento del 75 % porque "no estaba solucionada su materialización" por parte de anterior gobierno del PP, bajo cuyo mandato se aprobó a través de una enmienda de NC a los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año. Ábalos incidió de esta forma en la polémica surgida en aquellas fechas por el retraso con que su departamento dispuso de los trámites administrativos para que la medida fuera efectiva, llegando a anunciar entonces que se retrasaría un mínimo de seis meses. La reacción del Gobierno de Canarias, junto con el de Baleares, de la totalidad de las formaciones políticas, y la de los distintos sectores económicos y sociales de las Islas hicieron reaccionar al ministerio, que llevó al Consejo de Ministros una propuesta para acordar de manera urgente su inmediata entrada en vigor, lo que finalmente se produjo el 16 de julio de ese año.
Vivienda vacacional
Quevedo reclamó al ministro, por otro lado, una regulación de la vivienda vacacional para combatir el efecto que tiene sobre la disponibilidad de vivienda de alquiler en el mercado. "Es evidente que este fenómeno tiene que ser regulado porque las consecuencias del mismo están bien clara: disminución objetiva del mercado de vivienda y sobre el sector profesional de la hostelería". Ábalos le respondió que la regulación para el caso de una actividad económica es el ministerio de Industria, Comercio y Turismo quien está haciendo la regulación y "ya está trabajando en ello". "Nosotros lo que hicimos fue preservar el ámbito de convivencia en las comunidades de vecinos y que nadie tuviera que tragarse una actividad de este tipo", recordó.
Por lo demás, el ministro anunció como uno de sus objetivos estratégicos la movilidad sostenible, a cuyo fin enviará al Parlamento un proyecto de ley, y advirtió que esto obliga a una "reorientación de la políticas del transporte" y de las inversiones del departamento. Anunció que Transportes trabaja en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible, que contempla unos compromisos que rozan los 80.000 millones de euros.
También se propone a fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte.
Ábalos anunció también su intención es llevar a las Cortes una iniciativa legal para controlar los precios del alquiler en aquellas zonas donde se hayan producido subidas desorbitadas antes del verano, como es el caso de determinadas zonas turísticas de las Islas.
Asimismo, Ábalos quiere lanzar este año una Ley de Vivienda estatal que "contribuya a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada".
El objetivo de esta será regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, "evitando prácticas del pasado que no podemos permitirnos que vuelvan a repetirse".
