Respuesta unánime y rotunda contra la posibilidad de que las Islas se vean afectadas por la intención del Gobierno central de imponer un tributo verde al transporte aéreo. Tanto el Gobierno regional, como la mayoría de los partidos políticos y los sectores económicos del Archipiélago rechazan la medida avanzada el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda, y consideran claramente insuficiente el hecho de que solo en la nota de prensa que la anuncia se hace referencia a que el gravamen debería tener en cuenta el hecho insular. Ni Canarias ni Baleares aparecen en el texto elevado por el ministerio a consulta pública.
La alarma saltó el viernes con el anuncio, por parte del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, del lanzamiento de dos nuevos impuestos de carácter medioambiental, uno sobre transporte aéreo y otro sobre los envases de plástico de un solo uso destinados a contener alimentos que ha colgado en su página web a fin de recabar opiniones, pero sin detallar aún ni la base imponible, ni los tipos fiscales aplicables, ni la previsión de recaudación. Aunque en la nota de prensa que difundió el Ministerio se asegura que en la aplicación del tributo sobre el transporte aéreo se "debería tener en cuenta el hecho insular", lo cierto es que tal observación no se contempla en el documento sometido a alegaciones públicas. Desde una parte del Gobierno regional no sólo se recela por el hecho de que esa consideración quede excluida del texto original, sino porque la propia observación de "tener en cuenta el hecho insular" parece avanzar que el tributo podría ser aplicado en Canarias aunque fuera con alguna exención parcial.
El Ministerio de Hacienda no ofreció ayer información adicional a la que trasladó el viernes y se limitó a reiterar que se trata de "abrir un debate en torno a la fiscalidad verde" y que ambas tasas "reflejan la intención de modernizar el sistema tributario español para adecuarlo a la mayor concienciación social respecto al cambio climático". Aseguran que el proceso de puesta en marcha de ambos tributos se encuentran aún en "un estado muy incipiente" y rehúsan poner fecha a su aplicación y entrada en vigor, o si estarán encuadrados en las previsiones de ingresos en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año que el Ejecutivo quiere tener aprobados antes de finalizar el verano.
En cuanto al sentido que desde el Ministerio se le da a la observación sobre tener en cuenta el hecho insular, aseguran que "se trataría se establecer un mecanismo para que el tributo no perjudique a los residentes o al turismo".
Diferencias en el Gobierno
Con todo, desde el Gobierno de Canarias se reaccionó con unanimidad contra esta tasa, pero con matices y percepciones distintas respecto a si la propuesta del Estado contempla la excepcionalidad canaria o no. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido de que sí existe y criticó a quienes "alarman" poniéndolo en duda. Torres asegura que ha hablado de este tema con las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Hacienda, María Jesús Montero, y que ambas le han garantizado que "Canarias va a tener una excepción".
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no solo rechaza el tributo sino que no ve tan claro como Torres que la excepcionalidad insular esté contemplada de antemano. "Aquí nunca hay nada asegurado, siempre hay que pelear cada asunto. En la nota de prensa [del Ministerio de Hacienda], pero no en el texto, se hace referencia a tener en cuenta el hecho insular".
"No se puede aplicar esa tasa a territorios que no tienen alternativa de transporte", insistió en consonancia con el manifiesto firmado en la reciente cumbre del transporte y la movilidad de los territorios extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) y la posición que defiende del Gobierno canario.
Rodríguez vinculó también esta cuestión al debate sobre el impuesto al queroseno que estudia Bruselas. "No vamos a aceptar que los países de origen [del mercado turístico] impongan una tasa para volar a Canarias cuando no hay otra forma de llegar aquí. Deben excluir a los territorios alejados", resaltó.
En el mismo sentido se manifestó la consejera de Industria, Comercio y Turismo, Yaiza Castilla, "no se puede gravar al sector aéreo que viene a Canarias. Para nosotros no es un lujo, sino una necesidad".
Castilla como Rodríguez considera que la referencia al "hecho insular" en la una simple nota de prensa es insuficiente como garantía a la excepcionalidad. "Vamos a exigir la exención total de Canarias en la aplicación de ese impuesto. Si se la pedimos a Alemania en sus vuelos con Canarias, no tiene sentido que no se la pidamos al propio Estado", resaltó la consejera de ASG.
Frente de CC, NC y ASG
Precisamente, en el ámbito de los partidos, CC, NC y ASG se han mostrado como los más combativos contra el anuncio de Madrid. El senador autonómico de CC, Fernando Castillo, alertó que esa medida puede suponer un daño de enormes dimensiones para Canarias. "No se puede pretender gravar el transporte aéreo en un territorio que no tiene otras alternativas de desplazamiento. El ciudadano del territorio peninsular puede elegir entre el coche, la guagua o el tren frente al avión; nosotros, en las Islas, no podemos elegir", por lo que "gravarlo solo va a servir para aislarlos más y limitar nuestra economía". El senador nacionalista insiste en que en el documento que recoge la consulta sobre el impuesto "no incorpora una sola mención a una posible exención a Canarias" ni analiza los distintos impactos que este nuevo impuesto puede tener en los territorios.
Por su parte, el portavoz parlamentario y Coordinador Territorial de NC, Luis Campos, defiende que "nuestra dependencia de los medios de transporte aéreos justifica de sobra que se aplique una excepción".
Desde ASG, su presidente, Casimiro Curbelo, exige también que el Gobierno central blinde la realidad insular en ese futuro impuesto verde y aboga por fomentar el diálogo y atender a las propuestas y sugerencias de las distintas administraciones locales y autonómicas, al igual que a los sectores de la sociedad implicados y que se puedan ver afectados. "Tenemos que velar para que esta nueva tasa no suponga un hándicap para el turismo y más teniendo en cuenta la actual situación política y económica".
