El sector inmobiliario de Canarias recomienda al Gobierno central que se piense dos veces limitar los precios de los alquileres para no incurrir en un error de bulto. Un error que al Archipiélago le costaría especialmente caro. Aunque de entrada pueda parecer paradójico, poner techo a los alquileres no solo no ayudará a quienes buscan una vivienda a un precio asequible, sino que les complicará aún más la tarea. Dará lugar a que muchos arrendadores saquen sus casas del mercado, lo que reducirá la oferta y en última instancia encarecerá más si cabe el acceso a la vivienda.

En una región como las Islas, con un galopante déficit de inmuebles, esta medida significaría echar por tierra los esfuerzos que el propio Ejecutivo autonómico está haciendo para promocionar la vivienda pública y estimular la iniciativa privada. Habrá, por tanto, menos casas en alquiler residencial o de larga estancia, y este sería el mayor de los problemas, pero no el único: el mercado negro, el abandono de casas e incluso una suerte de dumping inmobiliario entre los municipios que limiten los alquileres y aquellos otros que se nieguen son también potenciales efectos negativos sobre los que alerta el sector.

El anuncio del ministro José Luis Ábalos, que quiere tener lista la normativa antes de verano, ha sentado como un jarro de agua fría en las patronales y la iniciativa privada del Archipiélago. Y no precisamente ha contribuido a calmar las aguas la satisfacción con que el Gobierno de Canarias ha saludado la medida. Una medida que en realidad obedece a la presión que Podemos ha ejercido sobre sus socios del PSOE, donde las dudas sobre la eficacia de la propuesta, que ha fracasado en París y Berlín, son manifiestas.

La propia Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera del Gobierno, cuestionó abiertamente hace apenas un mes la efectividad del control de las rentas. Sea como sea, la maquinaria está en marcha: a partir del verano, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán vía libre para limitar los alquileres en esas localidades, distritos o barrios en los que los precios se hayan disparado. En el caso de Canarias, la idea del Ejecutivo regional es que los consistorios tomen la iniciativa.

"Una mala identificación del problema dificulta su solución; hay que construir viviendas y hay que ayudar a los colectivos en dificultades, pero limitar y distorsionar el mercado no solo no es una buena medida, sino que es un grave error". La advertencia del secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, es en esencia la misma que hace su homólogo de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares: "Va a reducir la oferta, porque muchas de esas personas a las que se les imponga un tope retirarán sus casas y pisos del mercado, con lo que subirán los precios". A su vez, muchas de esas viviendas entrarán de inmediato en el mercado negro, algo en lo que hacen hincapié tanto el vicepresidente del Círculo Turístico de Canarias, Rubens Borges, como la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, que considera la medida "una auténtica aberración".

Es justamente al alquiler turístico al que se señala como uno de los principales culpables del encarecimiento del arrendamiento de larga estancia en muchas zonas de las Islas, pero lo cierto es que el principal problema reside en que la construcción y promoción de vivienda -pública y privada- llevan ya muchos años en mínimos. Tantos que hacen falta 15.000 nuevas viviendas al año de aquí a 2031 para sanear el mercado.

Vanesa Rubio, presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), ahonda en lo anterior y pone el énfasis en algo que suele pasarse por alto y es que la mayoría de quienes alquilan en las Islas son pequeños propietarios. De hecho, son 74.323, según los últimos datos oficiales, los isleños que tienen casas arrendadas a familias. "Limitar los alquileres no es el camino", insiste Rubio, que agrega otros dos efectos perniciosos: por un lado, espantará la inversión, y no únicamente la de los grandes fondos -que no tienen en el alquiler su principal interés-, sino también la de los pequeños propietarios, sin estímulos para mejorar sus casas; y, por otro, se producirá un agravio comparativo entre los dueños en municipios que limiten los precios y los de aquellos otros que no estén dispuestos a castigar a sus vecinos.