Baleares apoya sin fisuras a Canarias en su rechazo a que el futuro impuesto sobre el transporte aéreo, cuyo armazón legal ya está elaborando el Ministerio de Hacienda, se ponga en práctica en las islas. "El posicionamiento es exactamente el mismo: las islas deben quedar al margen del impuesto", subrayaron ayer desde la Consejería de Movilidad del Govern balear, que dirige Marc Isaac Pons i Pons y donde ya trabajan en las alegaciones a la propuesta de Hacienda.

Los Gobiernos de los dos archipiélagos del país vienen colaborando estrechamente en los asuntos de común interés desde la pasada legislatura, una relación que se ha reforzado más si cabe desde la llegada de Ángel Víctor Torres a la Presidencia. Torres y Francina Armengol, su homóloga balear, comparten militancia en el PSOE, lo que también facilita la comunicación entre ambos gabinetes. Una suerte de alianza atlántico-mediterránea que permite que las voces de ambas regiones se escuchen en Madrid con más fuerza de lo que se escucharían por separado. En este caso en el Ministerio de Hacienda, que en el texto sobre el impuesto aéreo elevado a consulta pública no hace mención alguna de que Canarias y Baleares queden al margen de la aplicación del tributo. No obstante, y en línea con lo manifestado este lunes por el propio Torres, el Gobierno central también le ha garantizado al Govern que el gravamen no afectará a ninguna de las dos autonomías.

Tanto desde el Departamento de Hacienda como desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al frente de los cuales están María Jesús Montero y Teresa Ribera, se comunicó al Govern que el impuesto no se pondrá en práctica en las islas el mismo viernes, que fue el día que Hacienda anunció su intención de aprobar tanto este tributo como otro sobre los envases de plástico. Según explicaron desde el Ejecutivo que preside Armengol, el Gobierno central les transmitió que el gravamen solo tiene sentido en territorios en los que haya una alternativa perfecta al avión, lo que obviamente no ocurre ni en Baleares ni en Canarias, pero tampoco en Ceuta y Melilla, los otros dos territorios extrapeninsulares. Hay que insistir en que Ángel Víctor Torres también habló de este asunto con Montero y Ribera, quienes le despejaron todas las dudas: "Canarias tendrá una excepción". El presidente del Gobierno autonómico incluso criticó a quienes recelan de las ministras, especialmente de la de Hacienda -Montero se olvidó del fuero canario en la modificación de la tributación mínima que incluían los fracasados presupuestos del Ejecutivo en minoría del PSOE-, y ponen en duda que efectivamente se exceptúe a las islas. Torres cree que siembran una alarma injustificada.

Sin embargo, no todos los que se sientan a la mesa del Consejo de Gobierno regional están tan seguros como su presidente de que no habrá ningún susto con el impuesto al transporte aéreo. Sin ir más lejos el mismo consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que ya recordó que "aquí nunca hay nada asegurado". No en vano, las dudas -tanto en el seno del Ejecutivo canario como sobre todo en la oposición, y más aún en Coalición Canaria (CC)- se acrecentaron no tanto cuando el Ministerio anunció los dos tributos como cuando elevó el documento a información pública. En la nota que se divulgó el viernes, el Departamento que dirige Montero menciona, aunque en condicional, que el tributo "debería tener en cuenta el hecho insular". Pero no hay referencia alguna en el texto sometido a lectura pública, lo que alimentó las dudas. En cualquier caso, ni el Gobierno canario -o más bien el ala socialista del Gobierno canario- ni el Govern balear ponen en cuestión la palabra de las ministras de Hacienda y para la Transición Ecológica. No al menos de puertas afuera. Cosa distinta, eso sí, es el papel de la oposición.

La diputada de CC Rosa Dávila, consejera de Hacienda la pasada legislatura y que precisamente tuvo que lidiar con Montero tras el olvido del Régimen Económico y Fiscal, hizo hincapié en que Canarias debe quedar al margen no solo del impuesto que prepara Madrid, sino de cualquier gravamen sobre el transporte aéreo.

De hecho, la intención del Ministerio de Hacienda es en el fondo un nuevo aviso para que la Comunidad Autónoma esté ojo avizor ante los posibles efectos negativos de la fiscalidad verde o medioambiental en su economía. España se ha movido aquí al paso que marca Alemania, que en octubre del año pasado aprobó un proyecto de ley que encarece los viajes en avión y abarata los billetes de tren, todo ello en el marco de su estrategia contra el cambio climático. Y esto sin olvidar la tasa al queroseno que estudia la Unión Europea y que ya obligó a las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP), encabezadas por Canarias, a incluir en la Declaración Final de su última Conferencia de Presidentes una petición para que Bruselas libere a las RUP de este eventual impuesto sobre el combustible de los aviones.

Dávila insistió en que en la información pública sobre el impuesto aéreo "no hay la más mínima referencia" a la condición de RUP de Canarias, una condición que en principio obliga a los Gobiernos a singularizar sus leyes y disposiciones en el caso de estos territorios alejados del continente. En esta línea, los técnicos de Hacienda consideran que tributos de este tipo deben consensuarse en el ámbito europeo.