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Los municipios rechazan el papel de 'poli malo' y se niegan a fiscalizar los alquileres

Los ayuntamientos se oponen a asumir la responsabilidad de limitar los precios, como quiere el Gobierno regional - "No tenemos ni medio ni capacidad", avisan

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito

Los ayuntamientos canarios no están dispuestos a ser los paganinis del empeño de Unidas Podemos por intervenir el mercado del alquiler. Y aunque quisieran, no cuentan "ni con medios ni con capacidad" para una tarea que excede de sus responsabilidades. Así pues, y pese a que el Ejecutivo regional sí apuesta por que sean los consistorios los que tengan la potestad de limitar los precios cuando entre en vigor la normativa estatal, los alcaldes tienen claro que no desempeñarán el papel de poli malo. A su juicio, y con independencia de que compartan que el encarecimiento generalizado de los arrendamientos es un problema social de primer orden, deben ser los gobiernos los que asuman la fiscalización del mercado y los que llegado el caso fijen precios máximos en las localidades, distritos o barrios donde los alquileres se hayan desbocado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció la semana pasada que la normativa que permitirá a la Administración pública inmiscuirse en el mercado inmobiliario estará lista antes de verano. Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, confirmaba así que el PSOE finalmente había claudicado ante las presiones de sus socios de Podemos, los impulsores de la iniciativa. De hecho, la propia ministra de Economía, la vicepresidenta Nadia Calviño -también de la cuota socialista en el Gobierno-, cuestionaba hace poco más de un mes la efectividad de las medidas de control de rentas, en este caso de los alquileres. No obstante, la opinión de Calviño ha caído en saco roto y la normativa ya está cocinándose en el Ministerio que dirige Ábalos. En unos meses, las comunidades autónomas y los municipios podrán obligar a los propietarios de viviendas en alquiler, de forma "temporal y excepcional", a no cobrar a sus inquilinos más de lo que la Administración determine. El problema ahora es decidir quién será el que le ponga el cascabel al gato. El Gobierno de Canarias cree que lo conveniente es que sean los ayuntamientos; y los ayuntamientos creen justamente lo contrario.

Tras el anuncio de Ábalos, el consejero regional de Vivienda, Sebastián Franquis, valoró la iniciativa y reconoció que la voluntad del Ejecutivo es que la responsabilidad recaiga en los consistorios. No en vano son estos, argumentó, los que más y mejor conocen la realidad de sus respectivos municipios y las zonas donde los alquileres se han disparatado. "Nuestra idea es que sea una competencia de los propios ayuntamientos, que estos tengan capacidad para delimitar localidades, barrios, distritos concretos y limitar los alquileres, para ver si lo que se persigue efectivamente se consigue, que es que los precios no se disparen", ahondó Franquis.

"El Gobierno de Canarias no nos lo había planteado", respondió ayer la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito. Tras la reunión del comité ejecutivo de la Fecam, la entidad que armoniza las voces de los 88 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, la también alcaldesa de Candelaria hizo hincapié en que responsabilizarse de la fiscalización y en última instancia limitación de los alquileres supondría "volver al mismo sitio, es decir, a asumir competencias sin financiación". Porque lo cierto, subrayó, es que las entidades locales no disponen "ni de medios ni de capacidad" para ello, algo en lo que insistió Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide y también miembro del comité ejecutivo de la Fecam.

Brito puntualizó que los alcaldes están en general de acuerdo en que hay que regular los alquileres, "pero entendemos que son el Estado y la Comunidad Autónoma quienes podrían hacerlo". En esta línea, la regidora municipal considera conveniente que se constituya una comisión, en la que estén representados los distintos niveles de la Administración pública, "para debatir qué se puede hacer". "Porque, de momento, no hay forma de que los municipios podamos ejercer esa competencia", enfatizó la representante de las entidades locales del Archipiélago. "No tenemos instrumentos", agregó.

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