Canarias quiere ir de la mano del Ministerio de Justicia en la puesta en marcha de la ley que reforma el Registro Civil, que en teoría debe empezar a aplicarse a partir del 30 de junio, para garantizar que no habrá disfunciones ni "discontinuidades" que afecten a los ciudadanos que necesiten hacer uso de este servicio. El consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, pactó ayer con el titular del ministerio, Juan Carlos Campo, un periodo de transición en esta materia para garantizar que la "desjudicialización" de las oficinas registrales que contempla la nueva norma, no afecte al derecho de los residentes en estos municipios.
"Vamos de la mano en esta materia y queremos una puesta en marcha de forma coordinada y que no produzca discontinuidades. Tiene que ser un paso ordenado y tranquilo", afirmó el consejero y portavoz del Gobierno de Canarias tras su primer encuentro con el nuevo máximo responsable del Ministerio. Pérez dijo que la ley entrará en vigor "en los próximos meses" pero no concretó si el Ministerio tiene intención de ponerla en marcha en la fecha prevista o si contempla alguna nueva prórroga, como señalan algunos medios del ámbito de la Justicia.
La reforma del Registro Civil que el Gobierno de España quiere poner en marcha podría dejar sin este servicio a 80 de los 88 municipios canarios, pues la ley que pretende "modernizar " esta estancia administrativa prevé el cierre de las oficinas registrales en aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes abocando a sus vecinos a desplazarse a las grandes ciudades o tener un equipo informático en casa para contactar con el aplicativo judicial. La ley que recoge la reforma del Registro Civil fue aprobada en julio de 2011 por unanimidad en las Cortes hace nueve años, pero aún no ha entrado en vigor por los cambios de color político en el Gobierno central.
Transición
El temor a que desaparezca este servicio de muchos núcleos de población en las Islas provocó hace unos meses un debate en el Parlamento de Canarias, donde una Proposición de Ley de ASG reclamaba al Gobierno de Canarias que instara al central para que evitar la clausura de las oficinas registrales de los Juzgados de Paz en estos municipios, que representan el 90% de todas las jurisdicciones locales de Canarias.
Pérez no ofreció ayer más detalles sobre los términos en que se empezará a aplicar la norma en Canarias, pero dio a entender que Justicia garantizará una transición para minimizar los efectos en los municipios afectados.
Tanto en esta cuestión como en la puesta en marcha de otras reformas legislativas previstas por el Ministerio, Pérez destacó la plena sintonía entre ambas administraciones. "El Ministerio y la Consejería van a estar alineados en una dirección muy parecida para modernizar la justicia, que es lo que nos piden los ciudadanos para hacerla visible e inteligible", resaltó el consejero. "La puesta en marcha de estas reformas requiere de un periodo de implantación que esté muy bien pensado", insistió.
Es un principio que se pretende aplicar, por ejemplo, en otro de los temas abordados ayer, como es el que los jueces decanos de los partidos judicial de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife estén liberados de trabajo jurisdiccional para hacer solo el gubernativo teniendo en cuenta que el primero tiene casi 60 unidades y más de 40 el segundo.
