El proyecto de decreto que incorpora a cabras y ovejas asilvestradas como piezas de caza mayor no sale de su estancamiento. Tres años después de que el anterior grupo de gobierno elaborara esta normativa, que pretendía dar luz verde a los cazadores para disparar contra los animales de producción salvajes para su control y erradicación del medio natural protegido, el actual Ejecutivo autonómico vuelve a dejarla sobre la mesa. El motivo radica en las discrepancias que existen entre la distintas consejerías implicadas en su redacción, la de Sanidad, la de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
"No lo hemos aprobado porque siguen existiendo demandas de algunos consejeros y servicios técnicos que quieren introducir variaciones", explicó el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, que reconoció la complejidad de la situación y recordó que lo que pretende el decreto es atribuir competencias a los cabildos, que son los que abren la temporada de caza y los que decidirán finalmente qué decisión toman.
Primero la apañada
El número de animales salvajes, especialmente cabras, ha aumentado desmesuradamente en zonas como Anaga, en Tenerife, y en Gran Canaria, lo que pone en riesgo la flora autóctona. La caza se plantea como la última opción ya que siempre se prioriza la apañada, es decir, agrupar a los ejemplares para atraparlos, una práctica que se complica en muchas ocasiones por la orografía de la zona y que se convierte en una misión imposible.
El decreto, que se volverá a abordar en el próximo Consejo de Gobierno, ha sufrido variaciones con respecto al que se elaboró en la anterior legislatura, tal y como recordó Pérez, ya que se realizó una nueva ronda de consultas con las corporaciones insulares y otras entidades. La polémica siempre ha acompañado a un texto que, en su redacción inicial, incluía la posibilidad de matar a burros, vacas, camellos o cochinos.
