La proliferación de casas de juego y apuestas es un fenómeno social que cada vez preocupa más en las Islas y una cuestión cada vez más presente en la agenda política canaria. La última decisión del Gobierno regional ha sido la suspensión de licencias de apertura de nuevos locales a la espera de que el Parlamento regional de luz verde a una ley más restrictiva para el sector. La medida, materializada en forma de decreto ley y publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), tiene como objetivo prioritario el de salvaguardar a menores y a otros colectivos necesitados de especial protección.

El decreto no solo prohíbe la presentación de nuevas solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de estos salones recreativos y de apuestas externas, sino que además suspende la aprobación de autorizaciones a este tipo de espacios en casinos y salas de bingo. El objetivo es acabar con la proliferación de estos locales mientras se tramite la modificación de la ley de los Juegos y Apuestas, y un nuevo decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias.

La disposición firmada por el presidente Ángel Víctor Torres establece que la duración de este bloqueo no será superior a los 18 meses. La Consejería de Administración Pública tiene ya sobre la mesa el borrador que permitirá acelerar el proceso de reforma. "La situación de suspensión no es lo mejor para ningún sector, por lo que cuanto antes introduzcamos las medidas de prevención y corrección para proteger a los menores antes ganaremos todos", explica Alejandro Rodríguez, viceconsejero del área.

Hasta que esto ocurra, solo quedan exentas de la suspensión seis solicitudes pendientes de resolver y que habían comenzado el procedimiento antes de que Gobierno decidiera el decreto publicado ayer.

En Canarias existen 36 locales específicos de apuestas, una cifra que no resulta excesiva al tener en cuenta el número de habitantes y compararla con el resto de autonomías, según indica Rodríguez. La proliferación más preocupante del sector en las Islas se da en casinos, bingos y salones recreativos. En Canarias hay ocho casinos y 32 bingos, y el 75% de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, porcentaje que se eleva al 94,7% cuando se habla de salones recreativos. De estos últimos, ya existen 285 establecimientos en el Archipiélago, de los cuales 51 se abrieron el pasado año.

Una de las causas que explican el incremento de estos locales es la modificación en 2018 de la vigente ley de juegos y apuestas operada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que sustituye el régimen de autorización -tradicional régimen de licencias- por el de declaración responsable. Un cambio que, aunque mantenía los mismos requisitos, facilita la labor al empresario y "agiliza la apertura de locales", según explica Rodríguez.

Esta modificación también incluye que la habilitación que se conceda a estos locales tendrá vigencia temporal indefinida. Estas dos cuestiones fueron las que llevaron al Ejecutivo canario a tramitar la suspensión en forma de decreto ley.

El derecho a presentar declaraciones responsables para obtener las licencias está recogido en una norma con rango de ley, por lo que "solo otra de la misma clase podría suspenderla", explica Rodríguez. El periodo para la tramitación de una nueva norma, sin embargo, es largo, de ahí que el Gobierno regional optara por el decreto como la fórmula más rápida para evitar que, en ese tiempo, "se pudieran seguir presentando solicitudes con vigencia indefinida y el problema fuera cada vez mayor", declara el viceconsejero.

Rodríguez recalca, además, la importancia de la suspensión inmediata para evitar que los futuros acuerdos que se adopten choquen con las características y ubicación que deben cumplir los locales. "Si llegamos a la conclusión de ampliar los metros de distancia entre los establecimientos y los centros docentes o de ocio y hay muchas licencias con vigencia indefinida que incumplen estas cuestiones y nos encontraremos con muchos problemas. Por eso lo mejor era paralizar", aclara Rodríguez.

El siguiente paso por parte del Gobierno será abrir un periodo debate en el que se escuche a todas las partes, incluido a los empresarios y a las entidades que representan la lucha contra las adicciones. "Queremos que todos los intereses estén representados en la reforma y buscar los máximos consensos", apunta Rodríguez.