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Políticas sociales Divergencias entre la Consejería y los representantes laborales

El atasco de las ayudas sociales se agrava y los sindicatos exigen más personal

Las nuevas pensiones no contributivas tardan un año en resolverse y la prestación de inserción, seis meses

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en el Parlamento. LP/DLP

El atasco de los expedientes para resolver las pensiones no contributivas, la prestación canaria de inserción (PCI), los carnets de familia numerosa o el reconocimiento de la dependencia ha aumentado pese al cambio político que llegó a la Consejería de Derechos Sociales hace casi ocho meses. La plantilla del departamento ha puesto negro sobre blanco y ha lanzado una dura crítica al equipo que encabeza Noemí Santana con datos sobre una situación que puede empeorar con el incremento de beneficiarios de la PCI este año o la puesta en marcha de la renta canaria de ciudadanía, una de las principales banderas políticas del cuatripartito que quiere iniciar el próximo año una vez que se apruebe la ley, prevista para antes de finalizar 2020.

Las nuevas solicitudes de pensiones no contributivas se demoran cerca de un año en resolverse cuando la normativa contempla tres meses como máximo, mientras que para las pensiones de invalidez se está tardando hasta 18 meses en citar a los beneficiarios para su valoración. Actualmente hay más de 43.000 personas que disponen de una pensión no contributiva en Canarias. El comité de empresa asegura que la falta de personal impide realizar las revisiones anuales de las pensiones en tiempo y forma para comprobar que los perceptores siguen manteniendo los requisitos. De esta forma las reclamaciones y revisiones de expedientes llevan un retraso superior a un año.

En el caso de la Prestación Canaria de Inserción, que cuenta con más de 9.000 beneficiarios, la previsión del Ejecutivo es que a partir del segundo trimestre del año se vayan incorporando nuevas familias a la ayuda gracias a la modificación de la normativa que se realizó en la ley de presupuestos de este año. Los cálculos a priori son de unas 5.000 familias más, un objetivo que los trabajadores de la Consejería ven difícil en las circunstancias actuales. Desde octubre hay 1.300 expedientes pendientes que han solicitado su renovación, de ellos unos 200 con menores a cargo y de especial vulnerabilidad. Hay otro millar de solicitudes nuevas desde el mes de septiembre, además de 800 recursos sin resolver.

Una de las cuestiones que vuelve a ser sangrante es el retraso en la expedición del carnet de familia numerosa, que ya en su momento provocó polémica y que ha vuelto a demorarse incluso hasta un año.

En el caso del reconocimiento de la dependencia y la discapacidad se está tardando hasta tres años para que la ayuda llegue a los solicitantes, según el comité de empresa. Los representantes de los trabajadores aclaran que son "meros transmisores" de los datos que les facilitan los diferentes departamentos y direcciones generales de la Consejería.

El comité de empresa de la provincia de Las Palmas -formado por los sindicatos Intersindical, CC OO, Sepca y Co.bas- se ha mostrado especialmente crítico con la gestión que viene realizando el equipo que dirige la Consejería con Noemí Santana a la cabeza. La principal crítica que realizan las centrales sindicales es que se contrate personal a través de "planes de choque", como en la anterior legislatura, sin solucionar el problema de fondo del departamento, que sigue siendo la falta de personal, para lo que exigen que se incremente la plantilla de la RPT (relación de puestos de trabajo) de forma estable para poder sacar adelante los expedientes ya que el personal de "choque" está unos meses y después no se le renueva.

Los representantes del personal advierten que no van a admitir la creación de un ente que suponga una posible privatización del servicio que presta la Consejería. Los cuatro sindicatos exigen que sea cual sea el organismo que se pueda crear sea íntegramente público y cuestionan los rumores sobre una fundación, un órgano que rechazan.

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