La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha decidido dar prioridad absoluta a la evaluación ambiental del proyecto de tren en Gran Canaria. El plazo de elaboración del estudio no será inferior a seis meses por su complejidad, según expuso ayer en el Parlamento de Canarias el titular del departamento, José Antonio Valbuena.
De esta manera respondió al diputado del grupo Nacionalista Canario Lucas Bravo de Laguna, quien se interesó por las fechas de inicio y cierre de esta iniciativa de transporte. El consejero puntualizó que su departamento "ni pone las perras ni licita la obra", pero sí que se ha comprometido con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a que dentro del "enorme atasco" del servicio medioambiental se dé prioridad a este proyecto.
Cada Cabildo es autónomo para definir su política de movilidad y si Gran Canaria entiende que la prioridad es el tren, el Gobierno canario apoyará "donde tenga que apoyar". No obstante indicó que la tramitación no va a ser sencilla y seguramente se emitirá con condicionantes que, añadió Valbuena, se solventarán en el proyecto final.
Para agilizar la elaboración, aunque será imposible reducir el plazo de seis meses, la consejería ha hecho "algún encargo" a empresas públicas y el consejero subrayó que hay bastantes afecciones, aunque insistió en que se ha dado prioridad "y se le ha sacado de la cola". Lucas Bravo de Laguna explicó que tras un debate muy amplio en la sociedad grancanaria el proyecto del tren ha generado un consenso amplio porque puede solucionar en buena parte los problemas de movilidad, que vive atascos cada vez "mayores y continuados".
Además el tren es sostenible y podría transportar entre 15 y 20 millones de pasajeros entre Las Palmas de Gran Canaria y el sur, añadió el diputado nacionalista, quien expresó su máximo interés en que se deje de hablar del proyecto y se trabaje "para que sea realidad de una vez".
Bravo de Laguna señaló que el dinero no está sobre la mesa y por ello el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria tienen que instar "de una vez por todas" a Madrid para que ponga la financiación correspondiente.
