El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad apoyar a las organizaciones agrarias canarias que han convocado una manifestación el 14 de marzo en Tenerife en protesta contra la pérdida de rentabilidad y competitividad del campo.
En la iniciativa, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que traslade al Gobierno de España las reivindicaciones planteadas por los representantes del sector agrario canario.
Esta propuesta fue planteada por el diputado de CC-PNC Narvay Quintero, quien defendió las movilizaciones convocadas por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG Canarias) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias (UPA Canarias).
En la pérdida de rentabilidad y competitividad se juntan múltiples factores de tipo económico, territorial, comercial, legislativo y fitosanitario, expuso Quintero. "Tenemos que garantizar la continuidad de un sector que nos alimenta, contribuye contra el cambio climático y el despoblamiento y es una seña de identidad de nuestro patrimonio cultural e histórico", dijo Quintero.
Los precios de los productos agrarios en muchos casos se mantienen igual que hace 30 años, pero los costes de producción no han parado de aumentar, a lo que se suma el desequilibrio entre lo que recibe el agricultor y lo que paga el consumidor, que puede ser hasta cinco veces superior, expuso.
La actividad agrícola y ganadera canaria, por su condición insular y ultraperiférica, tiene problemas específicos, como los sobrecostes estructurales por el precio del suelo y del agua, el pequeño tamaño de las explotaciones o planes de ordenación territoriales que obstaculizan la actividad, agregó.
Quintero alertó además de la posible rebaja de los recursos económicos europeos si se aprueba la propuesta de la Comisión Europea de disminuir a las Regiones Ultraperiféricas un 3,9% el Programa Comunitario de Ayudas a la producción (Posei). Eso supondría la pérdida de hasta 73 millones de euros en el periodo de 2021 a 2027, según cálculos a los que se refirió Quintero.
