Cada día que pasa más aislada está la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, en el Consejo de Gobierno de Canarias. El coronavirus está sometiendo a un exigente test de estrés a los consejeros, que en su mayoría cuestionan no ya solo en privado sino también ante sus compañeros, antes y después de las reuniones permanentes que se celebran por videoconferencia desde que comenzó la crisis de la pandemia, la idoneidad de mantener al actual equipo de la Consejería de Sanidad.

En la práctica, Teresa Cruz se agarra al único salvavidas que le queda: el propio presidente del Gobierno. Ángel Víctor Torres ha comenzado a gestionar en persona la crisis ante la evidente fragilidad e inmadurez, junto a un exceso de dogmatismo político, de un departamento que arrastra desde que se formó el Gobierno en julio un conflicto continuo. En apenas ocho meses hay más suspensos que aprobados en un área tan sensible y tan relevante, tanto en personal como en presupuestos, el mayor de la Comunidad Autónoma. La mancha en un departamento tan sensible y sobre el que los socialistas habían puesto tantas expectativas como el sanitario corre el riesgo de extenderse al resto del equipo.

Teresa Cruz no tiene más oportunidades. Si en algún momento se planteó su marcha no fue tanto porque recibiera el respaldo de sus compañeros de Gobierno como porque el presidente lo impidió a última hora. El pasado jueves en el Consejo de Gobierno se ofreció a marcharse en la confianza de recibir por parte de sus compañeros un respaldo unánime. Silencio.

Lo rompió Ángel Víctor Torres, que con claridad le expuso la urgencia de reorganizar el departamento para adecuarlo a una realidad tan dramática y alarmante como la del coronavirus.

En Sanidad se acumulaban hasta ayer problemas: las quejas del personal sanitario sobrepasado y estresado con las consultas e intervenciones ordinarias; las clínicas privadas con camas vacías y plantas cerradas olvidadas por la sanidad pública; y una gestión interna titubeante. De ahí que el propio presidente optara por asumir el mando. Un mando al que se ha incorporado el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, y el de Presidencia, Julio Pérez, para armar con los departamentos jurídicos, de movilidad e infraestructuras y sanitario una estrategia coordinada del Gobierno.

Al menos ayer el choque de las placas tectónicas sobre las que se sostiene la estabilidad del Gobierno mermó. El desvío a las clínicas privadas de la atención hospitalaria ajena al coronavirus, un cambio en la interlocución con las gerencias de los grandes hospitales de las Islas, el compromiso para adquirir más material para enfrentarse a la pandemia, y la integración de más departamento para arropar a Sanidad alivió en parte la tensión interna en el Ejecutivo.

Si hasta ahora Ángel Víctor Torres no ha destituido a la consejera de Sanidad es más bien por una estrategia, más política que técnica, sostenida en el criterio de que su cese se interpretara por la opinión pública por un fracaso no del departamento si no de todo el Gobierno. El riesgo de su continuidad en el gabinete es que se traspase la decepción y los errores de un área al resto del Gobierno y al propio presidente.

Esa es la duda que ahora tiene el propio presidente. Es una cuestión de tiempos. Si la situación empeora y no se percibe que se ataje con firmeza y liderazgo la crisis del coronavirus, el relevo en la Consejería de Sanidad se ejecutará.

En estos tiempos de zozobra y turbulencias, cuando se demanda la capacidad de mando y liderazgo, el Gobierno de Canarias ha visto de cara las asperezas de la convivencia de cuatro formaciones en un pacto ante un desafío enorme, imprevisible y desconocido: un virus que mata, destroza la economía y destruye el frágil tejido social de las Islas. Una convivencia más o menos armónica entre los consejeros, secretarios generales técnicos y directores generales mientras duró el sosiego de los primeros meses de la legislatura. Pero agitada y brava ahora, donde una realidad tan dramática como letal conmociona la convivencia ciudadana.

Hay quienes se esconden, encogen o callan. En esta crisis social, económica y política hay quienes echan en falta la presencia pública de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, que tanto por su procedencia política, Unidas Podemos, como por sus responsabilidades gubernamentales estaba llamada a tener un mayor protagonismo.

Y hay quienes bien por su propia personalidad, por ambición o por cálculo político dan un paso al frente. El expresidente del Gobierno de Canarias y ahora responsable de Hacienda, Román Rodríguez, tiene en su trayectoria suficiente bagaje como olfatear una oportunidad en la tragedia. Tan es así que hasta llegó a tantear con su renuncia si no se modificaba la dirección sobre la crisis del coronavirus.

Porque, entre otras cuestiones, la consejería acumula distintas críticas, entre ellas las del Hospital Insular en Gran Canaria. El malestar de los jefes de servicio reside en que no han parado consultas y quirófanos y critican que el problema de la consejería es la obsesión por los números, como la reducción de las listas de espera. Fuentes internas exponen que en los programas asistenciales, la consejería se ha negado a suspender las agendas de las consultas externas y ambulatorios, incluyendo revisiones de pacientes estables, en vez de cerrarlas y solo dejar los casos preferentes o no demorables, porque se priorizaban las listas de espera frente a la salud de los profesionales y pacientes. Ante este malestar, ayer mismo se paró toda actividad quirúrgica no urgente en la sanidad pública y las órdenes a las clínicas privadas es operar todo lo que se pueda derivar.

Una vez tomado el mando por el presidente, ayer se produjo la primera reunión del comité de Sanidad que preside el propio Torres donde ya se empezó a dar un vuelco a las decisiones hasta ahora adoptadas por el área sanitaria. Por la tarde, en una larga jornada, los miembros del Ejecutivo se reunieron con las clínicas privadas. El objetivo de este encuentro era coordinar la atención sanitaria en Canarias para combatir conjuntamente la propagación del Covid-19 y durante la misma los operadores privados ofrecieron la máxima colaboración para apoyar a la sanidad pública ante la actual emergencia.