El Gobierno plantea nuevas medidas para acabar con algunas de las preocupaciones del sector inmobiliario. El Ejecutivo, que ya ha establecido moratorias en el pago de las hipotecas, prevé ahora aprobar ayudas para los alquileres, tanto de viviendas como de locales comerciales. La idea es encontrar un mecanismo que permita suspender dos meses de alquiler, con la posibilidad de prorrogar la suspensión hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma. La medida, todavía en fase preliminar, beneficiará a aquellas personas que hayan quedado más expuestas al azote del Covid-19. Desde Unidas Podemos se está presionando para que el paquete de medidas se apruebe cuanto antes, ya sea en el Consejo de Ministros extraordinario de mañana o en el ordinario del próximo martes.

El Ejecutivo todavía está definiendo los detalles del plan, que tendrá que recibir el visto bueno de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Un paso importante, ya que fue ella quien la semana pasada advirtió de que el caso de los alquileres es diferente al de las hipotecas, ya que detrás no están los mismo acreedores. En los primero "hay pequeños propietarios que lo pueden estar pasando mal", y en el segundo caso "están los bancos", recordó Calviño. Ante estas dudas la decisión inicial del Gobierno tras decretar el estado de alarma fue dejar la gestión de los alquileres a los arrendadores y arrendatarios, y que fueran ellos quienes encontraran "fórmulas de colaboración". Y con esa única respuesta del Ejecutivo han tenido que lidiar hasta ahora las 74.323 personas que tienen casas arrendadas a familias que las usan como vivienda habitual en Canarias. Todavía hay mucha incertidumbre en el sector, el único dato objetivo es que el precio de la vivienda de alquiler subió un 9,2% en febrero según los datos de Fotocasa.

Las personas que no puedan hacer frente al alquiler por haber perdido el empleo, sufrir un ERTE o realizar labores de cuidado serán las que podrán recurrir a esa medida. También podrán hacerlo los autónomos y pymes que co-mo consecuencia del estado de alarma hayan sufrido un importante caída de sus ingresos. Además, la propuesta inicial del Gobierno incluye una compensación económica para los arren-dadores. Una ayuda progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga el arrendador en el mercado de alquiler. Vanesa Rubio, presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), considera imprescindible que la medida "beneficie a ambas partes" y ve lógico que el Gobierno actúe con cautela y se tome su tiempo en estudiar las distintas opciones. "Yo plantearía otras posibilidades como la moratoria o la reducción en el porcentaje de la mensualidad", explica.

El decreto de alarma no contempla ningún aspecto vinculado al arrendamiento de viviendas, por lo que hasta el momento las personas que vivan de alquiler están obligadas a continuar pagándolo. La única forma aprobada hasta el momento para gestionar la situación es el acuerdo mutuo entre las partes. Algunos acuerdan reducir las cuotas, otros aplazarlas y otros incluso perdonan los gastos. Este último caso es el de Carolina de León, una joven estudiante de Tenerife. El propietario de la vivienda en la que reside la canaria contactó con ella para informarla de que ella y sus compañeras quedaban exentas de pagar las últimas facturas de gastos debido "a la situación que estamos viviendo".

En el caso de las viviendas el arrendatario goza de la posesión del inmueble, por lo que ningún soporte legislativo, salvo las medidas que el Gobierno tiene sobre la mesa, permite dejar de satisfacer el pago o exigir una rebaja temporal. Isidro Martín, delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), asegura que un 80% de los propietarios de viviendas en alquiler de las Islas utilizan las rentas para vivir, por lo que acabar con ese ingreso "dificultaría mucho sus vidas". Desde el sindicato de Inquilinas de Gran Canaria se exige al Ejecutivo premura a la hora de aprobar las medidas ya que el próximo 1 de abril han convocado una huelga de alquileres general e indefinida. "Si hay que elegir entre comer o pagar el piso, la prioridad siempre es tener un plato sobre la mesa", explica Isabel Saavedra, portavoz del colectivo.

La figura rebus sic stantibus (estando así las cosas) presente en nuestro ordenamiento podría activarse en los casos en los que, por causa de la pandemia, el arrendatario no pueda hacer frente al pago de la renta. Esta figura permite modificar un contrato de alquiler para reducir el importe acordado, aplazar el pago o, incluso, suspenderlo. Pero para recurrir a ella deben cumplirse tres requisitos. El primero es que haya una alteración extraordinaria de las circunstancias que estaban vigentes en el momento de la firma del contrato. Lo segundo es que como consecuencia de esta variación se produzca un desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones acordadas. Y, por último, que todo lo origine una causa imprevisible.

Desde CC OO se reclama la aprobación de la moratoria en el pago de los alquileres -de vivienda y de locales comerciales- y se propone establecerse un calendario de pago para el prorrateo de la cuantía de las mensualidades pospuestas por los inquilinos.