La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se coordina con los responsables de las residencias de mayores, así como de los centros que acogen a personas con discapacidad y dependencia de las Islas para ofrecer ayuda -en la medida de sus posibilidades- contra el contagio del coronavirus. Tal y como insisten desde el área que dirige Noemí Santana, su labor en la crisis del Covid-19 se limita a transmitir la información que les llega desde el Ministerio de Sanidad y a coordinar posibles acciones, en el caso de que fuese necesario, tanto con los consistorios como con los cabildos y las empresas que gestionan las residencias privadas y la atención domiciliaria.
En este escenario, el departamento del Gobierno regional ha enviado dos correos electrónicos de carácter informativo, el primero de ellos el 11 de marzo referente al "protocolo de actuación consensuado con el Imserso" y un segundo el pasado 21 de marzo, en el que se establecen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en relación con el coronavirus para las residencias de mayores y centros sociosanitarios, así como la guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo con el Covid-19.
Sin embargo, no fue hasta el pasado martes 24 de marzo cuando se solicitó información sobre la situación de estos centros con el fin de suministrarles ayuda. Es decir, más de una semana después del comienzo del estado de alarma, que arrancó oficialmente el lunes 16 de marzo, aunque el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había anunciado ya la aprobación de esta medida el sábado 14. Precisamente ayer, un centro de mayores de Fasnia, en Tenerife, se convertía en el primero de Canarias en registrar el fallecimiento de un anciano con motivo del coronavirus. Además, otras 36 personas dieron positivo, de las que 26 eran usuarios residentes y el resto, trabajadores.
En el citado correo electrónico, el área que dirige Noemí Santana solicita que se complete una ficha "a la mayor brevedad posible" para planificar la atención al colectivo de personas mayores residentes en los centros de la Comunidad Autónoma Canaria, así como disponer de una información completa y actualizada en relación a la situación existente en los mismos a consecuencia de la pandemia.
Canal de información
Además, la Consejería reconoce las dificultades actuales para el abastecimiento de los materiales de protección adecuados y explica que para paliar la situación se tendrá en cuenta "los márgenes en cuanto al stock que llegará y las distintas realidades de cada centro y su ámbito de actuación". Por todo ello, reiteran "la urgencia de sus respuestas con los datos adecuados recordando la excepcionalidad de este reparto".
La gestión de las residencias de mayores de Canarias es competencia de los cabildos, aunque el Gobierno de Canarias participa al 50% de su financiación y tiene la responsabilidad de su apertura y de su inspección. Por lo tanto, debe velar por la correcta gestión de las mismas pues, en caso de alguna anomalía, el Ejecutivo tendría la culpa in vigilando, una acepción del Derecho que considera responsable a una persona física o jurídica de los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia.
Sin embargo y a raíz del estado de alarma, desde la Consejería de Derechos Sociales se aclara que la función de este área es sólo y exclusivamente la de coordinar la información. El departamento que dirige Noemí Santana asegura que mantiene una constante colaboración con los cabildos en el caso de los centros asistenciales de carácter público. Respecto a las residencias privadas, que el Gobierno central puso en manos de las comunidades autónomas el pasado domingo para aliviar la saturación de las públicas, la Consejería regional de Derechos Sociales explica que no se ha dado ningún caso de contagio en ellas, con las que en todo momento se coordina la información procedente del Estado.
