Un rígido muro de contención, es lo que se encontrará el Estado en Canarias si pone sobre la mesa la petición de confiscar el superávit de cabildos y ayuntamientos para costear los gastos que la pandemia del coronavirus está produciendo en las arcas estatales. Las entidades locales rechazan de forma unánime ese planteamiento del Ministerio de Hacienda, que las dejaría sin unos dineros que llevan reclamando desde hace años y que ahora, aseguran, "necesitan más que nunca". En el Archipiélago la suma inutilizada por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera asciende a unos 4.500 millones de euros.
Los ayuntamientos y cabildos hasta hoy desconocían las intenciones de Hacienda, por lo que reclaman al Ejecutivo canario que mañana -en las reuniones planteadas con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam)- explique el verdadero plan del Gobierno central. Las corporaciones locales coinciden con el Estado en la idea de desbloquear esos fondos y utilizarlos en paliar los efectos de la crisis, pero difieren a la hora de elegir al responsable de gestionarlos y el lugar en el que hacerlo.
"Ese dinero debe gastarlo Canarias y sus instituciones locales en su gente, que ahora está falta de recursos", explica el presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo. El líder gomero no descarta que la ministra Montero haya puesto la idea sobre la mesa del Ejecutivo canario, pero asegura que una cosa "es plantearlo y otra que Canarias lo acepte".
Curbelo lo tiene claro a la hora de garantizar que todas las instituciones canarias "pelearán por lo mismo" y reconoce que el presidente de las Islas, Ángel Víctor Torres, está demostrando "estar a la altura de las circunstancias que se le plantean". El también presidente del Cabildo gomero adelanta que mañana, en la reunión de la Fecai con el Ejecutivo regional, también defenderá flexibilizar los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para atender las "necesidades que se van a producir a partir de ahora".
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también muestra una posición de rechazo absoluto a la idea del Estado de gestionar el superávit local. "Esos recursos pertenecen a las Islas, es inaceptable que se los apropien para que luego nos discriminen como están haciendo con la distribución de los recursos materiales", aclara Morales.
La opinión de los consistorios isleños coincide con la de los cabildos. "El dinero del superávit deber ser gestionado por los propios ayuntamientos", declara la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, quien asegura que está a la espera de que los gobiernos (estatal y regional) articulen los mecanismos para poder utilizar el dinero que "la semana pasada prometieron desbloquear".
Francisco Linares, alcalde de La Orotava y vicepresidente primero de la Fecam también se opone frontalmente a la petición de la ministra de Hacienda y asegura que los ayuntamientos canarios necesitan liquidez o "no podrán acabar 2020 y menos armar los presupuesto de 2021".
Muchos de los alcaldes califican la petición del Estado de "injusta". Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la Fecam, es uno de ellos, y asegura que si finalmente el Estado lleva a cabo sus planes las administraciones dejarán de ser responsables, "ya que ahora quieren quitar el dinero a las instituciones que han cumplido".
Raúl Afonso, alcalde de Moya, ve "ilógico" el planteamiento del Gobierno central ya que todos los municipios se van a enfrentar a los mismos problemas. "Pueden indicarnos en que áreas debemos gastarlo, pero no pueden quitarle a nuestros vecinos el dinero que es suyo", concluye.
