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CRISIS DEL CORONAVIRUS

Presentados 15.000 expedientes de empleo

La autoridad laboral ha tramitado hasta ahora 5.400 ERTE, el 40% del total

Paralelamente a la crisis sanitaria la quiebra económica y social se agranda por momentos en las Islas. Según los últimos datos oficiales, ya se han presentado en la autoridad laboral un total de 15.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la paralización de la actividad económica debido a la crisis del coronavirus. De este volumen se han tramitado unos 5.400, es decir, alrededor del 40% del total.

El presidente de Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, recordó en la conferencia telemática con los presidentes autonómicos celebrada ayer que Canarias ha sufrido el primer embate de esta crisis en plena temporada alta turística de invierno y, de hecho, aún quedan entre 8.000 y 10.000 turistas en el Archipiélago que aún no se han ido a sus países de origen, por lo que se tendrán de buscar alojamientos alternativos ante el cierre de hoteles hasta que se puedan ir.

Este cierre del sector turístico está provocando una drástica caída de los ingresos de la Comunidad Autónoma y, por consiguiente, de las corporaciones locales, que se nutren del IGIC y de otros impuestos vinculados al consumo y a la actividad económica. Por eso Torres lanzó ayer un llamamiento de urgencia tanto al Estado como a la Unión Europea para que faciliten que las administraciones públicas canarias puedan usar el superávit y los remanentes que se acumulan en los bancos "mañana mismo".

Torres advirtió que la UE "debe activar todos los mecanismos para ayudar a los más vulnerables con los fondos necesarios y suficientes". Por ello, "le hemos dicho con contundencia al Gobierno del Estado que queremos utilizar nuestro superávit y los remanentes de las corporaciones locales y que sean ellas las que lo gestionen". El destino de estos fondos debe ser la emergencia sanitaria, económica y social "porque todos la financiación es necesaria".

Torres reiteró algunas de las medidas que ha adoptado la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias como el aplazamiento del IGIC, la suspensión del alquiler en las viviendas sociales, la renta de emergencia mientras dure esta situación o adelantar la PCI.

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