La Federación Canaria de Municipios (Fecam) modificará la distribución de los 12 millones de euros de lucha contra la pobreza, lo que supondrá dar más peso al factor de la población y a los índices de exclusión social de cada municipio. El órgano municipalista había aprobado a finales del año pasado unos criterios de reparto diferentes, pero la crisis social provocada por el impacto del coronavirus y la presión de los ayuntamientos más poblados ha obligado a la Fecam a utilizar la misma fórmula que se aplica para repartir los fondos de los planes de empleo social, en el que la población y la tasa de paro son elementos determinantes.
El primer reparto diseñado por la órgano municipalista preveía un 50% de criterio de solidaridad, concepto que beneficia más a los ayuntamientos pequeños y de menor población. El 50% restante se distribuía en función de los criterios previstos en el Fondo Canario de Financiación Municipal, en el que la población supone un 63% y después hay otro conceptos como la dispersión territorial, la doble insularidad, el territorio protegido, etcétera.
Sin embargo, la creciente crisis social que está provocando el cierre de la actividad económica por el coronavirus ha provocado que los ayuntamientos medianos y los grandes hayan intensificado el debate en el seno de la Fecam para que, sin menoscabar la solidaridad con los más pequeños, se tenga más en cuenta el factor de la población y los índices de pobreza y desempleo. Con la fórmula del reparto 80%-20% mejora el criterio poblacional e irán más fondos a los municipios con mayor concentración demográfica, que son también los que soportan mayores bolsas de exclusión social y paro.
El comité ejecutivo de la Fecam se reunió ayer de forma extraordinaria tras el encuentro celebrado con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, para alcanzar un acuerdo en relación con el reparto de los fondos destinados a la pobreza. La nueva propuesta de reparto se trasladará ahora a la comisión de bienestar social de la Fecam para que se estudie desde el punto de vista técnico y se eleve la propuesta definitiva a las consejerías de Derechos Sociales y de Hacienda del Ejecutivo regional.
Sin embargo, el debate sobre los criterios de distribución de los fondos vuelve a provocar roces internos en el movimiento municipalista de las Islas. Algunos alcaldes de la directiva de la Fecam no entienden que los ayuntamientos más poblados de las Islas intenten de nuevo ir "por libre" a la hora de solicitar fondos a la Comunidad Autónoma cuando la Fecam es el órgano facultado por los 88 ayuntamientos canarios para representarles ante las distintas instituciones y organismos. Desde la Fecam se aclara que la intención no es reducir los fondos a los municipios más habitados, pero sin que ello suponga menoscabar a los pequeños, que también cuentan con dificultades aunque tengan menos población.
La Fecam sí exigió ayer al presidente Torres y al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, más agilidad a la hora de transferir los 12 millones de euros para luchar contra la pobreza y que serán gestionados directamente por los ayuntamientos. Esta partida forma parte de los 18 millones de euros que el Gobierno central transfirió a la Comunidad Autónoma correspondientes a 2019 y cuya justificación tiene como plazo máximo el mes de octubre de este año, es decir, dentro de seis meses.
En manos de Hacienda
De los 18 millones transferidos por el Estado, Derecho Sociales aprobó que 12 los gestionen directamente los municipios y los seis restantes corren a cargo de este departamento autonómico. Ahora la pelota está en el tejado de Hacienda, que aún no ha liberado estos fondos para que puedan ser utilizados por las corporaciones.
La presidenta de la Fecam, Mari Brito, reiteró su petición de que el superávit de los ayuntamientos sea gestionado por cada uno de los municipios y que este dinero, junto a los fondos contra la pobreza, se destinen a hacer frente a la repercusión de la crisis del Covid-19 por el impacto económico y social que tiene.
Tras reunirse con Torres y con posterioridad al encuentro del comité ejecutivo, Brito indicó que "es positivo que se haya regulado que el 20% del superávit de 2019 se pueda destinar a gasto social, el problema es que esta medida no está aparejada de una flexibilización de la regla de gasto", afirma la presidenta de la Fecam, quien lamentó que algunos ayuntamientos no puedan hacer uso de esas cuantías si incumplen alguno de los requisitos establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Agregó Brito que por mucho que pudieran, el 20% es insuficiente para afrontar esta crisis.
Los ayuntamientos también se interesaron en conocer cómo estaba siendo el reparto de alimentos a los 13.447 escolares de "cuota cero" y al respecto la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha avanzado que ya se está trabajando con la Consejería de Educación en un nuevo modelo para hacer más fácil el acceso a los alimentos en los supermercados del Archipiélago.
