El pacto para la reactivación social y económica de Canarias tras el estado de alarma por el coronavirus apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos, la protección de los puestos de trabajo en ámbitos esenciales como la Educación, Sanidad y los Servicios Sociales, la protección de los salarios a través de los ERTE y su extensión temporal, la liquidez de las empresas y la colaboración público-privada para fomentar las inversiones. Este pacto, que trasladó este viernes el presidente Ángel Víctor Torres a los agentes económicos, sindicatos, Federación Canaria de Municipios (Fecam), Federación canaria de Islas (Fecai) y partidos políticos para que hagan sus propuestas, propone movilizar 14.000 millones de euros entre el Estado (5.537 millones) y Canarias (8.712 millones), en buena parte ya dotados en el presupuesto regional en los servicios esenciales y otras cantidades recogidas de las propuestas tras las más de 30 reuniones que ha mantenido el presidente después de decretarse el estado de alarma.
Se trata del primer documento presentado por una Comunidad Autónoma en la crisis del Covid-19 para la reconstrucción económica y social, y se centra en cinco ejes fundamentales: preservar y mantener los servicios públicos fundamentales, además de en los ámbitos sociales, sanitarios y educativos, en el refuerzo de la atención primaria, la dependencia y la política de vivienda, junto con las pensiones; el estado del bienestar, que es la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que se avecina.
El pacto también ve prioritario un compromiso para la recuperación del empleo, buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes, y ampliando el colectivo de personas vulnerables, y, además, hace especial hincapié al impulso de la actividad económica, para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad.
Destino turístico seguro
Para ello se plantea convertir a Canarias en un destino turístico seguro, hacer una campaña ambiciosa de promoción, aumentar la colaboración público-privada en sectores como el turístico, vivienda o carreteras y potenciar las medidas de sostenibilidad y la economía azul, entre numerosas actuaciones que buscan la unidad de acción de las Islas para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. De los 5.537 millones del Estado, 3.600 millones corresponden a prestamos a las empresas y autónomos -los créditos ICO-, 984 millones para expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 283 millones para inversión pública en infraestructuras, 232 millones para la renta de ciudadanía en las islas o, entre otras partidas, 84 millones de euros para políticas de apoyo a trabajadores autónomos, 70 millones destinados al transporte de mercancías y 42 millones al Plan Integral de Empleo de Canarias.
Por parte de Canarias se prevén 5.635 millones al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, porque el Gobierno quiere evitar recortes en la salida de la crisis, 1.008 millones para inversiones públicas en infraestructuras, 540 millones por el aplazamiento de impuestos, 400 millones para la agilización la inversión privada, 330 millones para préstamos a las empresas y los autónomos, además de 44 millones a la Prestación Canaria de Inserción y seis millones al Ingreso Canario de Emergencia, que tendrá 16 millones con los 10 que aporta el Estado.
El documento contempla el impulso de las inversiones necesarias en los espacios hospitalarios y el reforzamiento de la red de atención primaria, entre múltiples medidas sanitarias para el control del coronavirus. Plasma además exenciones fiscales, avales, prestamos para dar liquidez a las empresas y cambios en la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales para adaptarse a estas nuevas circunstancias.
El pacto establece asimismo el impulso a la colaboración público-privada con acciones como un programa de inversiones para rehabilitar espacios y oferta turística. Las administraciones intervendrán en las infraestructuras y las empresas concentrarán sus intervenciones en la mejora de sus establecimientos y en su adaptación a las nuevas normas de convivencia que impondrá el Covid-19. Además se promueve potenciar las obras en los centros educativos que tienen ahora la oportunidad de abordar proyectos de reforma y mejora que llevaban años pendientes, o inversiones en las infraestructuras estratégicas para la sostenibilidad como las vinculadas a la transición energética, la depuración de aguas y el tratamiento y gestión de residuos, así como en las carreteras y viviendas.
En el documento de 30 páginas se reconoce que la recuperación del sector del transporte será más lenta y compleja, puesto que es una actividad, especialmente en el ámbito marítimo y aéreo, que ha sufrido un importante parón como consecuencia de la suspensión de la actividad turística. Por ello, se formula agilizar los programas de apoyo y subvenciones que reciben las empresas y se pondrán en marcha los mecanismos de colaboración con las autoridades estatales para implementar medidas de vigilancia y seguimiento de precios en el transporte aéreo, para reconducir los incrementos que se habían producido por la bonificación a los pasajeros, manteniendo intocable la actual bonificación del 75%, recalca el documento.
