Vuelve el pactómetro al Congreso de los Diputados. Telemático y a distancia, pero el suma-resta de escaños será protagonista otra vez en una trascendental votación. De nuevo hay que hacer cuentas, siempre dentro de un escenario de especulación, sobre el posible resultado en el recuento de votos en el hemiciclo. La batalla política desatada desde hace semanas en plena crisis del coronavirus, vuelve a convertir una votación parlamentaria en crucial para el inmediato futuro del país. En este caso en un asunto tan esencial como la forma en que se afrontará la fase del desconfinamiento al que la pandemia ha obligado durante ya cerca de dos meses. El estado de alarma, la figura legal en la que se ha sostenido hasta ahora toda la acción del Gobierno, está seriamente en entredicho. Y pese a nacer con un apoyo prácticamente unánime en la primera votación en que fue sometido en el Congreso, ha ido perdiendo adeptos por el camino y está ahora en riesgo de ser liquidado. La hora de la desescalada parece haber llegado también para él.
El Congreso vota hoy la cuarta prórroga de este instrumento constitucional, previsto para gestionar, entre otras, situaciones de emergencia sanitaria como la actual, sin que el Gobierno tenga plenamente garantizados, al menos formalmente, los apoyos necesarios. Para seguir aplicando la medidas excepcionales que contemplaba ya el decreto inicial, el Gobierno necesita más votos a favor que en contra, y las quinielas estaban ayer muy ajustadas. Quizá más sobre el papel que en la realidad, porque todo dependía de la posición del PP. Aunque el partido de Pablo Casado se debatía ayer aún entre el voto en contra y la abstención, el Ejecutivo de Pedro Sánchez daba por hecho que no habría una posición de rechazo frontal y que los 80 diputados populares se abstendrán. Será la primera vez que el PP no apoya el mantenimiento del estado de alarma, y esa abstención podría anticipar un voto en contra en la más que previsible nueva solicitud de prórroga dentro de quince días.
Este cambio de posición del PP se suma al que también se está produciendo en otras fuerzas políticas que dieron su apoyo o se abstuvieron en votaciones anteriores. Así, mientras el PNV respaldó el estado se alarma y sus sucesivas prórrogas y ahora podría abstenerse ((ayer negociaba a marchas forzadas con el Gobierno), ERC se ha pasado de la abstención al 'no'. También se instalan definitivamente en el rechazo Vox, JxCat, y la CUP, mientras Bildu y el BNG seguirán absteniéndose, lo que también hará en esta ocasión la diputada de CC, Ana Oramas, que antes apoyó. El resto de formaciones minoritarias siguen respaldando la prórroga, aunque con posiciones cada vez más críticas hacia el Ejecutivo central, demandando más diálogo y que se empiece a pensar en un plan B. Es el caso de Compromís, Más Madrid, Teruel Existe, PRC, y el diputado de NC, Pedro Quevedo.
En situación especial queda Cs, que ayer negociaba con el Gobierno una serie de modificaciones, y cuyo apoyo sería esencial y determinante en el caso de que el PP decidiera votar en contra. De esta forma, si Casado da orden a sus diputados de apretar el botón rojo (o remitir un 'no' telemático desde sus domicilios), sólo el 'si' de los 10 escaños de la formación naranja salvaría al Gobierno de una derrota que, según sus propias palabras, sembraría el "caos sanitario y económico" en el país. Pero la líder de Cs, Inés Arrimadas, pone como condición que se desvinculen en el decreto las medidas de control sobre el confinamiento y la desescalada puesta en marcha el pasado lunes, de las medidas económicas y de apoyo social, y que la figura legal ahora aplicada sólo afecte a las primeras. También, al igual que otras muchas formaciones, reclama una desescalada misma del propio estado de alarma y la búsqueda de otra cobertura jurídica que permita el control de la medidas sanitarias y de movilidad, con la reactivación del sistema productivo y la vida económica del país.
En esencia, la mayoría de los partidos rechazan la idea del Gobierno de que sólo el estado de alarma garantiza ambas cosas en esta fase esencial de inicio de la desescalada del confinamiento: el control de la pandemia minimizando los contagios, y la cobertura jurídica "por razones de causa mayor" para la aprobación de medidas excepcionales de ayudas económicas y sociales. Si el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, trató de presionar a los partidos, en especial al PP, con su ya célebre axioma de "o el estado de alarma, o el caos", la reacción de la oposición ha sido recordarle que el Gobierno no tiene mayoría suficiente en el Congreso, y que si quiere esos apoyos tendrá que dialogar y consensuar las medidas antes de aprobarlas, con el resto de formaciones y con el conjunto de comunidades autónomas. El Gobierno duda de su capacidad para tomar decisiones operativas y practicas en este contexto si tiene que poner de acuerdo a casi todo el arco parlamentario y a la totalidad de los gobiernos regionales.
Ajuste de estrategias
Las razones por las que cada una de las formaciones está cambiando de posición y ajustando sus estrategias son de muy diversa y variada índole. El PP lleva tiempo ya trabajando el desgaste al Ejecutivo empujado por los medios de comunicación afines, el mando ideológico de la FAES (el chiringuito de Aznar) y siempre preocupado por lo que pudiera dar de sí entre su electorado el aventurerismo antisistema de Vox. Mientras sus barones regionales, excepto la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mantuvieron razonablemente junto al Gobierno de Sánchez, Casado fue midiendo sus pasos, aunque cada vez con menos cautela. Ahora que los presidentes autonómicos populares, y de otros signos políticos, reprochan a Moncloa su escasa participación en el plan de descofinamiento hacia la 'nueva normalidad', el líder del PP se ve autorizado a lanzar su órdago. Pero es un amago teatral porque sabe que un rechazo de la prórroga tendría consecuencias devastadoras para el control de la pandemia, quizá política para el Gobierno, pero posiblemente también para el PP.
El caso del PNV y de ERC, los dos socios parlamentarios del Gobierno, es muy parecido entre sí, en ambos casos por ciertos reparos sobre cómo está gestionando Sánchez las relaciones con los gobiernos de sus territorios de procedencia, pero fundamentalmente porque ambos se enfrentan a próximos procesos electorales que condicionan sus posiciones en Madrid. El PNV tiene su frente interno con un Bildu muy agresivo con el lehendakari, Íñigo Urkullo, y ERC mira cada vez más desconfiado a su socio en la Generalitat, JxCat, y a un 'president', Quim Torra, que tiene declarada la guerra permanente a Sánchez, y con la llave en la mano de la convocatoria electoral en Cataluña en cuanto se alcance la "nueva normalidad" postpandémica.
Nacionalistas canarios
Los dos partidos nacionalistas canarios, CC y NC, también ajustan sus estrategias aunque de forma muy distinta. CC ha visto el momento de abandonar la táctica del palo dialéctico y el voto a favor, para pasarse a la abstención incrementando el tono de sus críticas por las "medidas unilaterales" de un Ejecutivo que "no dialoga con la oposición ni con las comunidades autónomas", para las que reclama ya la descentralización de las decisiones que ahora recaen en el "mando único" estatal al que autoriza el estado de alarma. La intervención de Oramas de hoy será extremadamente dura con Sánchez. NC, por su lado, cree que el Gobierno central está lejos de atender las singularidades canarias en las medidas de compensación que se están aprobando y exige un cambio de actitud.
Pedro Quevedo elevará su tono crítico, pero en su partido están convencidos que, en estos momentos, no hay opción a la prórroga del estado de alarma. El resultado de la próxima reunión bilateral entre Canarias y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pactada el lunes por el vicepresidente canario, Román Rodríguez, guiará los pasos de los nacionalistas progresistas en este tortuoso camino político del desconfinamiento.
