Descontento generalizado en las comunidades autónomas con los criterios del Gobierno para repartir los fondos extraordinarios contra los efectos de la pandemia. Andalucía, Galicia, Murcia, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana son las regiones que con más claridad han mostrado su oposición a un reparto que beneficia especialmente a Madrid y Cataluña. El denominador común de las protestas es el desprecio de la población como criterio fundamental para la distribución de la mayor parte del dinero. Sin embargo, el territorio más perjudicado por el método de reparto que ha decidido el Ministerio de Hacienda no es ninguno de los anteriores, sino Canarias. De hecho, las Islas se verán doblemente perjudicadas si la ministra María Jesús Montero no corrige los criterios de asignación. Por un lado, el Archipiélago recibirá menos dinero del que le correspondería en función de su población; por otro, el Estado no parece dispuesto a considerar la brutal caída de la recaudación propia de la Comunidad Autónoma, con lo que volvería a obviar las singularidades de Canarias y en última instancia su Régimen Económico y Fiscal (REF).
La Junta de Andalucía aseguró ayer que no va a consentir "otro atraco" de la ministra de Hacienda. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, no ha tenido una actitud tan beligerante pero ya ha dejado claro su descontento.
La idea de la también portavoz del Ejecutivo estatal es que los 16.000 millones de euros para paliar las consecuencias socioeconómicas del coronavirus se dividan en "tres cajas": 10.000 millones para Sanidad; 5.000 para compensar la caída de ingresos públicos; y 1.000 para necesidades sociosanitarias. El problema es cómo quiere la ministra repartir los fondos entre las autonomías. Frente al criterio de la población, sobre el que existía cierto consenso, el Gobierno central ha priorizado el de la situación sanitaria derivada de la Covid-19. Así pues, un primer pago de 6.000 millones se distribuirá en un 35% en función del número de ingresados en las UCI que tenga cada región; en un 25% dependiendo de la cifra de hospitalizados; en un 20% de acuerdo con el volumen de infectados; y solo en el restante 20% se tendrá en cuenta la población. Si este último fuera el criterio principal para la asignación de los fondos, las Islas serían la séptima comunidad que más dinero recibiría; en cambio, el método que ha escogido el Gobierno estatal deja al Archipiélago entre las autonomías que menos ayuda obtendrán. Y tres cuartos de lo mismo ocurrirá con los 4.000 millones del segundo pago, que el Estado transferirá hacia finales de octubre. En este caso el peso de la población en el reparto será de un 40%, mayor que en el primer pago pero aún por debajo del 60% que se concede a los ingresos en UCI, las hospitalizaciones y los casos de coronavirus.
Las críticas a la distribución de los 10.000 millones de la primera "caja" se centran en que penaliza a las regiones que mejor gestionaron la crisis sanitaria en beneficio de Madrid y Cataluña. El argumento compartido es que debe ayudarse a las comunidades autónomas más castigadas en lo estrictamente sanitario, pero no en detrimento de las restantes regiones, que incluso habiendo sufrido menos la pandemia pueden acabar sufriendo mucho más sus consecuencias sociales y económicas. Un claro ejemplo es el Archipiélago, cuya economía será con diferencia la más castigada del país por el parón del turismo. De ahí que Rodríguez, que es también consejero de Hacienda, calificara de "discutibles" los criterios del Gobierno central.
Con todo, Canarias resulta si cabe peor parada en los criterios para la asignación de los 5.000 millones de la segunda gran "caja". Montero quiere que este dinero compense la caída de la recaudación, pero ni un solo euro vendría a las Islas para paliar las pérdidas por el desplome de los tributos del REF. ¿Por qué? Porque Hacienda solo compensará por los impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas, no por los impuestos propios ni por los que en el caso del Archipiélago están blindados en el REF, con el IGIC a la cabeza como principal fuente de ingresos. En cifras, el Gobierno central obvia así una pérdida de recaudación de alrededor de 700 millones, que es el motivo por el que Rodríguez le ha pedido a Montero una reunión bilateral con el objetivo de hacerle entender por qué la región no está recibiendo un trato equitativo. También Navarra y País Vasco, los otros dos territorios forales, quieren reunirse ya con Montero, que aún no ha respondido a las cartas que le ha remitido el vicepresidente canario sobre el superávit o el endeudamiento.
