Canarias estudia ya la compatibilidad del ingreso mínimo vital con la futura renta ciudadana en la que el Ejecutivo regional trabaja para su puesta en marcha, tal y como mandata el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 24. "Nuestro objetivo es llegar a cuantas más familias mejor y asegurar a la población más vulnerable un recurso económico mínimo", aseguró a través de un comunicado la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno regional, Noemí Santana, tras la reunión de trabajo celebrada con el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social e Inmigración, en la que se abordó los mecanismos para compatibilizar ambas pagas.
"Desde Canarias celebramos la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital impulsado por el Estado ya que permitirá a las familias con menos recursos y en situación de vulnerabilidad contar con un colchón económico", enfatizó Santana, quien aclaró que el Gobierno canario está estudiando ya las fórmulas necesarias para hacer compatibles este ingreso estatal con la futura renta ciudadana, de tal forma que se pueda llegar "al mayor número de familias y personas en situación de exclusión social".
Entre otras cuestiones, se valoró la posibilidad de que esta nueva prestación estatal pueda complementarse por el Ejecutivo canario con ayudas adicionales como pueden ser las relacionadas con el pago de alquileres de vivienda habitual. En el encuentro, en el que también estuvo presente el director general de Derechos Sociales, Jonás González, también se dio a conocer la gestión realizada por el Ejecutivo canario para la puesta en marcha del ingreso canario de emergencia a raíz de la crisis desatada por el coronavirus, así como las fórmula elegida para la atención a la población beneficiaria de esta prestación extraordinaria vía telefónica, punto por el que mostraron interés desde el Gobierno central.
