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CRISIS DEL CORONAVIRUS Entrevista

"Muchas de las residencias de mayores canarias no pueden aislar a los afectados"

"No es tan necesario crear nueva legislación como aplicar la que ya tenemos y contar con una buena inspección", explica Rosa Rubio, fiscal decana de lo Civil de Las Palmas

Rosa Rubio, en la escalinata de entrada de la Fiscalía General del Estado.

Rosa Rubio, en la escalinata de entrada de la Fiscalía General del Estado. LP / DLP

¿Es percepción personal o ha habido muy pocos casos de Covid-19 en residencias de mayores canarias?

Muy pocos, y menos aún en la provincia de Las Palmas. Poco más que el caso en el que los propietarios decidieron llevarse a su propia casa a los residentes, que no es legal, y en el que ni siquiera hubo un solo infectado por coronavirus.

¿Esa baja incidencia en este ámbito, tiene que ver con la menor virulencia de la pandemia en el Archipiélago?

La incidencia general es menor, la que hay en las residencias también y, como le digo, aún menos en la provincia de Las Palmas. Y eso que, si no equivoco las cifras, casi las dos terceras partes de los fallecimientos de toda España se han registrado en centros de mayores.

Como miembro del Consejo Fiscal, ¿algún compañero le ha comentado cuáles han sido esas circunstancias para el peor resultado en la Península?

Lógicamente, si el coronavirus golpea más fuerte en Madrid o Cataluña, las residencias de dichas comunidades autónomas se van a ver más afectadas.

¿Influyen la preparación o la calidad del servicio?

No necesariamente están mal organizadas aquellas en las que se han dado casos. La entrada del virus no se deriva siempre de una mala gestión. Hay residencias en las que había actuado la Fiscalía por no cumplir determinados requisitos y se habían puesto los hechos en conocimiento de las comunidades autónomas, como hacemos aquí, pero las ha habido que cumplen escrupulosamente toda la normativa y, no obstante, el virus entró y arrasó.

¿Hay muchas intervenciones de la Fiscalía en residencias de mayores de Canarias?

Al menos inspeccionamos tres centros de mayores y de atención a personas con discapacidad todos los meses, y no por el coronavirus. Ahora, evidentemente, no podemos hacerlo porque no es prudente entrar. El objetivo es garantizar que se está cumpliendo la normativa y se respetan los derechos. Cuando observamos que no es así, lo ponemos inmediatamente en conocimiento de la comunidad autónoma, que es la competente para abrir expedientes sancionadores, que pueden derivar en multas, suspensiones temporales o, incluso, el cierre.

¿Y cuál es el diagnóstico?

Son muchos los centros que inspeccionamos y la gran mayoría reúne condiciones suficientes. Eso no evita que nos encontremos con residencias alegales que no cumplen los derechos ni las condiciones de bienestar de nuestros mayores. Incluso se han producido cierres, pero el mensaje no puede ser el de que las residencias estaban mal antes de la Covid-19. No quiere eso decir que no haya margen de mejora ni que haya que dejar de reflexionar sobre el trato a nuestros mayores.

¿Es necesario ese debate?

Hay que pensar cómo deben ser los centros. La crisis nos cogió con el pie cambiado y la escasez de inversión en los últimos años ha hecho cojear al servicio. Hemos visto carencias de material, personal no especializado y falta de espacio para el aislamiento. Volvemos al inicio, el virus no ha afectado a las residencias canarias, pero si lo llega a hacer, nos habríamos encontrado con muchas que no pueden aislar a los afectados. En el futuro hay que evitar ese problema, y más escuchando las advertencias de los expertos sobre un posible rebrote.

¿Le preocupa cómo se ejecute el retorno a la normalidad en estos establecimientos?

Sí, me preocupa cómo se articule el retorno de las visitas de los familiares. Pero antes de eso, me preocupa cómo se está desarrollando la vida actual de las personas que viven en estos centros. Sus rutinas se han visto muy afectadas, antes tenían muchas actividades de estimulación cognitiva o física, una programación diaria que ha tenido que cesar para evitar el contacto entre ellos. Se están enfrentando a, digamos, un doble confinamiento, el de la residencia y el de distanciamiento social; con el añadido de la ausencia de sus familiares.

Hablaba de la falta de espacio de aislamiento. ¿Era una exigencia contar con esos protocolos?

No, posiblemente nunca nadie pensó que nos enfrentaríamos a una pandemia como esta. Me decía el consejero de Asuntos Sociales de Fuerteventura que en el único positivo de la residencia de Casillas del Ángel decidieron trasladar a esa persona a otro lugar para pasar la cuarentena. Ha sido una cuestión que ha irrumpido con rapidez y se ha observado la carencia de medios en todos los ámbitos; las mascarillas son un ejemplo. Lo mismo ha ocurrido con la falta de formación a este respecto del personal de las residencias, que evidentemente nadie pensó que sería necesaria, a partir de ahora habrá que incidir en ello.

¿No se corre el riesgo así de convertir los centros de mayores en hospitales?

Desde luego no es lo que sugiero. Los centros tienen que ser sociosanitarios, porque el aspecto social es muy importante, que participen en actividades y se fomente su autonomía en la medida de lo posible.

¿Hay que legislar para dar cabida en el marco normativo a una situación como la que vivimos?

No tanto crear nueva legislación como aplicar la que ya tenemos y contar con un servicio de inspección y control de los centros suficientemente potente para abarcar todos los del Archipiélago. Por supuesto que ese servicio pueda imponer el cumplimiento de la normativa. La Administración debe contar con los medios suficientes para asegurarse de que las residencias están dando un buen cuidado a los mayores y a las personas con discapacidad, que también son muy vulnerables. No lo digo tanto como una idea, sino por la importancia que tiene que la Administración tome nota y fortalezca sus servicios. El virus puede atacar pero los protocolos de prevención, aislamiento, contar con medios y conocimiento son factores que nos van a ayudar a ponérselo más difícil.

¿Ha servido el estado de alarma? ¿Hay que prolongarlo?

No tengo una respuesta para una cuestión que se ha politizado por completo y, por lo tanto, creo que la Fiscalía no debe entrar en ella. Lo que sí creo que es indiscutible es que se ha producido una bajada muy grande en nuevos infectados y fallecimientos. Seguramente, de no haber existido el confinamiento no estaríamos en esta situación. No soy experta, le hablo como ciudadana de a pie. Los servicios sanitarios estaban colapsados en lugares como Madrid, tuvieron que improvisar la morgue del Palacio de Hielo, montar un hospital en Ifema, personas falleciendo en sus domicilios sin ni siquiera estar diagnosticadas... El número de infectados es mucho menor e imagino que tiene que ver con haber cumplido el confinamiento. No sé si es fruto del estado de alarma, pero es indiscutible que la situación ha mejorado.

Hablábamos antes de los medios en el ámbito sociosanitario. ¿Y en la Fiscalía?

Cuantos más medios humanos y materiales tenga la Justicia, mejor calidad tendrá el servicio público que presta. La calidad es hacer aquello que nos dice la ley y cuanto antes, no dentro de dos años. Hay que actuar y para eso hacen falta recursos. La especialización nos permite llegar a los centros, inspeccionar, estar en contacto con las consejerías que tienen competencias en este ámbito..., pero claro que querría más medios. La Justicia lenta no es Justicia.

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