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Crisis del coronavirus Pacto de la reactivación social y económica de Canarias

Torres cambiará la Ley del Suelo para agilizar trámites y acelerar la inversión

El presidente pide "generosidad" a los partidos para sacar adelante el pacto - El Ejecutivo no tocará los impuestos y prevé definirse este mes la financiación para el plan

Plan de desescalada en Canarias | Torres se reúne con la Fecam en el Parlamento

Generosidad y renuncias por parte de unos y de otros. Eso es lo que reclama el Gobierno canario para sacar adelante su propuesta de pacto para la reactivación social y económica. Tras reunirse el miércoles con patronales y sindicatos, el Ejecutivo prosiguió ayer en el Parlamento regional su ronda de encuentros a través de los que pretende articular un plan que permita al Archipiélago superar la debacle que han traído consigo la epidemia del coronavirus y la dureza de las medidas con las que se la combate. Los interlocutores fueron, esta vez, grupos políticos y corporaciones municipales e insulares. A todos ellos planteó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, un marco general de medidas muy condicionado por sus posibilidades de financiación -que espera que estén claras a final de este mes-, pero en el que destacan algunas ideas clave, como una revisión de normas que haga posible simplificar trámites y favorecer la inversión, tanto pública como privada. El Gobierno no prevé bajar impuestos -como plantea, por ejemplo, el PP- pero tampoco subirlos -como sugieren otros partidos-.

El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, se encargó de resumir, al finalizar las reuniones, el contenido de los encuentros y el "espíritu" con que los afronta el Gobierno. "Hay que ser generosos, porque lo que nos une es lo suficientemente poderoso. Vamos a hacer el máximo esfuerzo", aseguró. Olivera admitió que "los recursos presupuestarios van a ser importantes", pero también advirtió de que el pacto "no es solo dinero".

Las modificaciones normativas son un ejemplo de medidas que no acarrean coste económico. Lo que persigue el Ejecutivo es, mediante cambios en la Ley del Suelo, promover una simplificación administrativa que facilite y acelere la inversión, con especial incidencia en las infraestructuras públicas y la rehabilitación y modernización turística. También aspira a que una revisión de la Ley de Contratos del Sector Público -que correspondería al Congreso de los Diputados, al ser una norma nacional- permita agilizar los procedimientos de emergencia no solo durante el estado de alarma, sino también en "un periodo adicional", para "conseguir ejecutar los presupuestos" y así "inyectar recursos a la economía e incentivar el consumo".

Sobre la política fiscal, la intención del gabinete de Torres es situarse en "un punto intermedio" y no tocar impuestos, si bien Olivera recalcó que se han adoptado medidas de aplazamiento y fraccionamiento de pagos que suponen "un alivio" para empresas y familias. Antes que "estar haciendo pruebas que no se sabe dónde van a llegar", el Gobierno confía en que la pérdida de ingresos derivada del desplome de los recursos del REF, sobre todo el IGIC, se palíe mediante la autorización para usar el superávit y el remanente de cabildos y ayuntamientos o, "si fuera necesario", a través del endeudamiento.

La posibilidad de contar con esos recursos está más cerca, dijo, después de la reunión que mantuvieron el miércoles el presidente del Gobierno y el consejero de Hacienda y vicepresidente, Román Rodríguez, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero accedió a que Canarias pueda gastar el supervávit del año pasado, que ascendió a 389 millones de euros. segura Olivera que la ministra "dejó claro que habrá una compensación" para las Islas por sus particularidades fiscales, que la hacen depender en alto grado de unos recursos propios que se han hundido desde que comenzó la crisis. El Ejecutivo espera captar más fondos, entre ellos los 500 millones del contencioso con el Estado sobre el convenio de carreteras que la Administración central imputó directamente a superávit. También confía en que los ayuntamientos y cabildos puedan recurrir al superávit y remanentes de tesorería, una demanda todavía en discusión.

Parámetros "más justos"

El Gobierno ha logrado, asimismo, que Hacienda acepte sus "sugerencias" sobre los criterios que deben regir la distribución del fondo extraordinario no reembolsable destinado a las comunidades autónomas, dotado con 16.000 millones de euros. Así, estos parámetros darán más peso a la población de cada región y al número de pruebas PCR realizadas, y no, como había planteado hasta ahora, a la cifra de positivos detectada. Ambos criterios, destacó el viceconsejero, son "más justos" para evaluar el "esfuerzo" de las autonomías. El Ejecutivo central se comprometió a recoger estos cambios en un real decreto ley que luego tendrá que ser convalidado por el Congreso.

Los contactos con el Ministerio culminarán a finales de este mes, según las previsiones del Gobierno autonómico. "Entonces tendremos un escenario financiero claro para poder desarrollar el plan", apuntó Olivera. Esta concreción -una ficha financiera que incluya plazos- es lo que exige, precisamente, el PP para sumarse al pacto de reactivación propuesto por el presidente.

Por su parte, desde la Federación Canaria de Muncipios (Fecam) se recordó a Torres que "la solución", ante la abultada caída de ingresos a que ha dado lugar la hibernación de la economí por la pandemia del coronavirus, "pasa irremediablemente por tener a disposición los recursos económicos necesarios para atender los servicios fundamentales", le manifestó la presidenta de la federación municipalista, María Concepción Brito.

El grupo parlamentario socialista entregó más de 50 propuestas al pacto, entre las que plantea limitar algunas políticas fiscales y, sobre todo, buscar que nadie se quede atrás como consecuencia de la pandemia. En cuanto a las medidas educativa, la portavoz del PSOE, Nayra Alemán, indicó que "se trata de aprender de la realidad y saber que en adelante habrá que utilizar nuevas herramientas".

Nueva Canarias instó a Torres a procurar que en el pacto no se repitan los errores que se cometieron en la crisis de 2008, e insistió en que en esta ocasión nadie se puede quedar atrás. La diputada Esther González comentó que en el documento del Gobierno se habla de fondos autonómicos, estatales, y privados, pero faltan los de cabildos y ayuntamientos. González cree que la aportación privada puede alcanzar los mil millones y se mostró convencida de que en este pacto "todo el mundo pondrá sus recursos" al servicio de la reactivación.

Finalmente, Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, se mostró convencido de que este es el momento de afrontar una "nueva realidad" que deje atrás la que tenía Canarias y que "necesariamente debe ser distinta" para poder "acabar con la cronificación de las desigualdades sociales y económicas que durante décadas han azotado a nuestra tierra". Para la formación morada, la economía debe estar al servicio de las políticas sociales y es necesario fortalecer el estado del bienestar.

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