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Crisis del coronavirus El PP endurece la estrategia frente al Gobierno central

Guillermo Mariscal : "La desescalada del Gobierno es un caos, hay que activar ya la economía"

"Si los criterios para cambiar de fase fueran objetivos y científicos serían públicos, y no los son", indica el diputado por Las Palmas y secretario general del PP en el Congreso

Imagen de archivo de Guillermo Mariscal en la entreda del Congreso de los Diputados.

¿El PP va a votar en contra de la nueva prórroga por un mes del estado de alarma

El PP tiene un plan B que presentó nuestro presidente, Pablo Casado, hace unos días y eso es lo que nosotros creemos que hay que aplicar. Si no es eso lo que se aplica, votaremos en contra. Consideramos que los derechos fundamentales que se ven afectados por el estado de alarma actual no pueden permanecer cercenados de manera permanente e ilimitada.

No es ilimitada, es un mes más, hasta el final de la desescalada.

Es un mes más que viene desde el 14 de marzo y creemos que hay mecanismos legislativos que habilitan al Gobierno tanto a limitar la movilidad, como a garantizar la salud pública sin necesidad de acogerse ya al estado de alarma.

Pedro Sánchez ha anunciado que será un estado de alarma "distinto". ¿No esperarán a conocerlo antes de decidir el voto?

Nuestra experiencia a día de hoy es que la propuesta del Gobierno la conoceremos el martes por la noche, unas horas antes del debate y de la votación en el Congreso. No hay margen para maniobrar.

¿Y qué propone el PP ?

Creemos que a través de la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública se permite el mantenimiento del mando único. Ambas leyes habilitan al Gobierno para ese mando único, que, por cierto, ha sido bastante ineficiente en estos dos meses. Y en cuanto a la limitación de movimientos se puede hacer a través de medidas especiales en materia de salud pública.

La gran mayoría de juristas dicen que sólo el estado de alarma permite el confinamiento decretado en España.

También hay juristas de reconocido prestigio e incluso presidentes del Tribunal Constitucional que consideran que el actual estado de alarma es en realidad un estado de excepción porque limita derechos fundamentales. Hay opiniones variadas, pero nosotros creemos que con este grado de confinamiento, el más riguroso de nuestro entorno, habiendo entrado en esta crisis más tarde que nuestro entorno y con el peor resultado en cuanto al porcentaje de víctimas y contagios, este mecanismo no funciona.

¿Cómo se limitaría la libertad de movimiento en ese plan B del PP? ¿O es que no se limitaría en realidad?

El confinamiento tiene como objetivo limitar la capacidad de contagio del virus, obviamente, y que no se colapsen las UCI en los hospitales. Una vez que la presión sobre los servicios hospitalarios se ha reducido, creemos que es compatible garantizar la apertura paulatina de la economía nacional, con el mantenimiento del distanciamiento social. Hay países de nuestro entorno en los que ya se está produciendo. Ese modelo es más eficiente que el que está practicando el Gobierno.

¿Entonces el PP propone un desconfinamiento total ya, solo preocupándose por ese distanciamiento social, a pesar de los problemas que se están viendo para que se respete?

Nosotros creemos que lo que habría que hacer sobre todo son mapas serológicos y poder identificar, a través de las pruebas y test, cuál es el grado de contagio de cada comunidad autónoma. Y tenemos el ejemplo en Canarias. No es sensato ni razonable que una isla como La Graciosa haya tenido hasta hace bien poco el mismo tratamiento que barrios o ciudades donde el contagio ha sido altísimo. Esto demuestra que el Gobierno está sobrepasado. El mecanismo actual de desescalada que plantea el Gobierno es confuso, caótico y con graves dudas sobre cuál ha sido el criterio para establecer la fase de desescalada de cada territorio, porque el ocultismo y la falta de transparencia sobre el nombre de los expertos afecta también a los criterios que se aplican, y nos lleva a pensar que no son firmes y no están basados en elementos científicos objetivos, sino en otros.

¿Criterios políticos?

No lo sé, pero si fueran criterios objetivos, serían públicos.

Entonces, ¿el PP achaca al Gobierno que ordenó el confinamiento tarde, y ahora le acusa de que lo mantiene sin justificación?

A nuestro juicio se aplicaron criterios ideológicos en el inicio de la pandemia y eso provocó que las medidas se tomaran tarde, y eso pese a que el Gobierno manejaba ya una información, que la oposición desconocía, sobre el grado de circulación del virus semanas antes. La gestión ha sido claramente deficiente, y lo que pretendemos ahora es que la desescalada no sea tan lenta como para no poder evitar que a la crisis sanitaria le siga una crisis económica que arruine al país.

La OMS y los expertos advierten de posibles graves rebrotes si se acelera la desescalada.

Lo que sostenemos es que países de nuestro entorno con cifras parecidas de contagios y con medidas de confinamiento menos drásticas han empezado a desescalar de forma más rápida que España. La salud pública es la prioridad, pero lo que no podemos es establecer criterios que originan dificultades a la actividad económica y a la creación de empleo. Eso es lo que están haciendo países de nuestro entorno.

¿Para usted la gestión que ha hecho Madrid es realmente un modelo a seguir?

La Comunidad de Madrid fue la que, no siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad, cierra los colegios antes, y si no hubiese sido así, seguramente la situación habría sido peor. Es obvio que el volumen de contagiados y enfermos ha sido muy alto por una mala gestión previa del Gobierno central. Pero se ha reaccionado, se ha inyectado un importante volumen de material, no gracias al mando único del Ministerio de Sanidad, sino gracias al buen oficio de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con reparto gratuito de mascarillas a la población, compras de material para los hospitales, y convirtiendo Ifema en un gran hospital de campaña que ha sido un ejemplo para todo el mundo.

Los más de 5.800 fallecidos en las residencias de ancianos, las compras que no llegaban, la precariedad hospitalaria previa, la dimisión de la responsable de salud pública por estar en desacuerdo con pasar de fase como proponía la presidenta...¿no le parecen elementos suficientes como para considerar que no es una gestión ejemplar?

En Madrid, con los medios que se han tenido, con el recorte presupuestario que ha ejercido el Ministerio de Hacienda, que se niega a pagar lo que se le debe, y con la escasa información que el Gobierno central daba al gobierno regional, se ha hecho un buena gestión. Si el conocimiento hubiera sido mejor y los medios mayores, seguro que también en Madrid se habría mejorado esa gestión.

¿Y las comunidades autónomas, con la gestión transferida y plenamente operativa hasta el 14 de marzo, no han cometido errores?

Las comunidades habrán tenido errores y aciertos. Pero el error de base y del que se desprende la situación en todas ellas, está en no acometer las medidas necesarias para garantizar que nuestro país no se encontrase con el número de contagios que tuvo, a la velocidad que se produjeron y, derivado de ello, el número de fallecidos, la necesidad del confinamiento y el parón de la actividad productiva, y la crisis económica que se nos viene encima.

Da la sensación de que el PP ha pasado de fase política y lanza una estrategia de desgaste del Gobierno con la vista puesta en un horizonte electoral.

El PP ha apoyado todas las prórrogas del estado de alarma menos la última, en la que se abstuvo. Prácticamente todos los decretos coyunturales también los hemos apoyado. Por tanto, dibujar ante la opinión pública una oposición del PP que no se corresponde con los hechos es falsear la realidad. Nosotros lo que decimos es que no se cuenta con el PP, planteamos iniciativas que ni se analizan, Sánchez anuncia cada sábado en su pregón semanal qué va a hacer la semana siguiente, los empresarios, autónomos y pymes se enteran a media noche si al día siguiente podrán o no abrir sus negocios, no sabemos la duración de los ERTE, y así sucesivamente. El nivel de inseguridad e incertidumbre que genera este Gobierno no puede ser culpa de la oposición, sino de su incapacidad de gestión, y se está viendo claramente sobrepasado por esta circunstancia. Quienes tienen en la cabeza una campaña electoral es el PSOE y Unidas Podemos, que utilizan todas sus comparecencias públicas para descalificar a los adversarios y promover medidas, sean o no reales en la práctica.

¿El cambio de posición de Cs, negociando con el Gobierno, les condiciona algo la estrategia?

Lo que está haciendo Cs tendrán que explicarlo sus dirigentes. En el PP no tenemos nada que decir. Los dos partidos tenemos una buena relación allí donde estamos gobernando juntos y esto no se ha visto afectado por lo que Cs vota en el Congreso.

¿No cree que ese movimiento de Inés Arrimadas coloca al PP más cercano a Vox ?

En la última prórroga del estado de alarma el PP se abstuvo, Vox votó que no, y Cs la apoyó. En ese caso el papel del PP es de clara centralidad porque tiene un proyecto alternativo y anunciamos a Sánchez que, al no modificar una gestión errónea de la crisis y seguir sin generar ningún tipo de certidumbre para reactivar el país, ahora vamos a votar en contra de la siguiente prórroga. Vox tiene su propio ideario y nuestras estrategias y posicionamientos no tienen nada que ver.

¿El PP ha renunciado a utilizar la Comisión de la Reconstrucción para investigar la gestión de la crisis por parte del Gobierno?

Si, pero una de las claves políticas de futuro es conocer la verdad de lo ocurrido y eso exige que haya datos certeros y conocidos. Nosotros en ningún caso hemos planteado esta comisión como una comisión de investigación, porque tiempo habrá para que se constituya en el futuro. La Comisión de Reconstrucción se crea gracias al impulso del PP, que logramos sacarla de La Moncloa y transparentar todos sus debates llevándola al Congreso. Impediremos que el Gobierno trate de trasladar a la comisión su proyecto ideológico de reconstrucción con el que quiere completar la gestión ideológica de la emergencia sanitaria que ha hecho.

¿Cree que en las conclusiones finales se incluirán medidas específicas para paliar de forma singular la situación de Canarias?

Tratar por igual a los diferentes en este caso puede ser una injusticia, porque las consecuencias económicas y sociales no van a ser las mismas en los diferentes territorios. Canarias se va a ver muy seriamente afectada por el parón de la actividad turística. Por eso hemos defendido desde el principio tomar medidas, fundamentalmente en defensa del sector a través de la búsqueda de un turismo seguro y garantizar que se abran los puertos y aeropuertos y que, como ocurre en el Reino Unido y Francia, la capacidad de interlocución de España en la UE nos pueda permitir llegar a acuerdos coordinados para el intercambio de viajeros.

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