La Federación Canaria de Islas (FECAI) ha demandado una respuesta urgente ante la situación financiera de los cabildos, quienes ya han remitido al Ministerio de Hacienda una carta en la que solicitan definir la fecha del encuentro con el Gobierno de España.
En este encuentro, según una nota de la Fecai, se abordará la realidad económica de estas administraciones, ante la merma de ingresos por la caída en la recaudación de tributos, que alcanza los 593 millones de euros, un 53% de los recursos que reciben cabildos y ayuntamientos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF).
La nota indica que los siete cabildos han acordado proponer que el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos también participen en la reunión, para la que ya se trabaja en un documento conjunto que recoja las principales demandas sobre la autorización del uso del superávit, la revisión de algunos de los criterios de reparto del fondo estatal previsto por el Estado y, también, el acceso al endeudamiento.
“Siempre he dicho que los cabildos tenemos la peor parte ante esta nueva realidad, porque nuestros recursos financieros proceden, principalmente, del REF y, por tanto, el impacto en las cuentas de estas administraciones será importante”, ha manifestado el presidente de turno, Casimiro Curbelo, al finalizar la sesión de la asamblea celebrada este viernes.
El dirigente insular ha pedido se produzca esta reunión con la que definir el futuro económico de las corporaciones insulares, además de conocer la realidad financiera prevista para los próximos meses.
“No podemos continuar mucho más tiempo así, porque tenemos que dar respuesta a los ciudadanos y necesitamos certidumbre sobre los recursos con los que podemos contar”, ha afirmado.
En este sentido ha adelantado que una de las propuestas que trasladará al Gobierno de Canarias es el aplazamiento del pago de la liquidación negativa de 2019 y que las entregas a cuenta previstas se mantengan en su totalidad.
Ha subrayado que el anuncio del Estado de permitir el endeudamiento a País Vasco y Navarra abre la puerta a que las singularidades canarias se tengan en cuenta desde Madrid.
