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Radiografía de la utilización de los fondos públicos

497 entidades percibieron más de 60.000 euros de subvención cada una en 2019

Organizaciones y empresas privadas recibieron 226,2 millones, el 42,7% del total de ayudas públicas concedidas

Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia, en una comparecencia en el Parlamento canario. LP/DLP

Un total de 497 organizaciones y empresas privadas obtuvieron el año pasado la concesión de una o varias subvenciones del Gobierno de Canarias por más de 60.000 euros cada una, hasta un montante total de 226.229.996 euros. Esta cantidad representa el 42,7% de los 529.876.684 euros concedidos por la Comunidad Autónoma en forma de ayudas y subvenciones en el año 2019 a 12.314 beneficiarios (entidades públicas, privadas y personas físicas), según consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. No todos percibieron las ayudas en el pasado ejercicio, ya que algunas de ellas fueron plurianuales.

Los perceptores de más de 60.000 euros anuales están obligados por la Ley de Transparencia de Canarias a dar cuenta en sus páginas web del empleo de estos recursos, bien sean recibidos por contratos o por subvenciones, de forma que tanto los poderes públicos como la ciudadanía tengan más conocimiento y elementos de control sobre cómo se emplean los fondos públicos a través de terceros.

Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, el Comisionado de Transparencia de Canarias extiende la evaluación que cada año realiza a todas las instituciones y entidades públicas de Canarias a los mayores perceptores de subvenciones, así como a las corporaciones de derechos público (colegios profesionales, cámaras de comercio, cofradías, etcétera). Asimismo, desde esta semana se realiza esta labor con la misma herramienta telemática (T-Canaria) creada en 2017 y que emplea con las instituciones públicas para el cálculo del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, ha emplazado mediante comunicación individual por correo electrónico a todas las entidades a autoevaluarse primero, a mejorar sus contenidos informativos y a dar cuenta finalmente de su nivel de cumplimiento de la transparencia, tal como establece la legislación. En un mes y medio deberán informar vía telemática sobre las ayudas concedidas y sobre los contratos que mantengan con las administraciones públicas.

Desde diciembre de 2013 la aplicación de las leyes estatal y autonómicas de transparencia conlleva la dación de cuentas informativas de todas las organizaciones que manejan fondos públicos (y especialmente las que reciben ayudas y subvenciones) para garantizar su mantenimiento en el futuro. En el contexto de las medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción de los últimos años, se han mejorado los mecanismos para la rendición de cuentas económicas e informativas que, además, favorezcan una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y una mejor definición de las políticas en base a datos.

En los últimos meses, el Comisionado de Transparencia viene preparando la extensión del seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de la ley a las 497 entidades (empresas, ONG, fundaciones, etcétera) que el año pasado percibieron más de 60.000 euros de ayudas o subvenciones públicas. La relación de las mismas y los importes de las subvenciones percibidas están publicados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

"La autoevaluación anual de las 98 instituciones canarias y de sus entidades dependientes (expresada en más de dos millones de datos el año pasado), y verificada luego en las evaluaciones que llevamos a cabo a través de la aplicación T-Canaria, ha tenido un efecto evidente en la mejora de la transparencia del sector público en Canarias. Ello, con el tiempo, siempre mejora la eficiencia, la gobernanza y el buen gobierno de todas ellas", indica el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

La Ley de Transparencia de Canarias indica que "el comisionado viene obligado a presentar anualmente un informe al Parlamento de Canarias sobre la aplicación y cumplimiento de las obligaciones de transparencia por las distintas entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma, con el contenido mínimo que se recoge en la ley". En el artículo 64 se determina que las entidades privadas "deberán facilitarle al comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública la información que les solicite y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones".

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