El desgobierno en la vuelta a las aulas con la desescalada del confinamiento y el aumento del tono en sus desavenencias con la comunidad educativa desembocaron ayer en la dimisión de la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra. Es la segunda crisis en el Gobierno de Canarias desde que se declarara la pandemia por el Covid-19. Ambas salidas, tanto la de Guerra como la de María Teresa Cruz -destituida el 26 de marzo como responsable de Sanidad- corresponden a áreas de gestión asumidas el PSOE en el cuatripartito pacto de la flores y agrandan la brecha ya existente entre el presidente Ángel Víctor Torres y el ala tinerfeña de los socialistas canarios.
Será el titular de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, quien asuma ahora Educación de forma provisional y en él recaerá la obligación de establecer los criterios para reanudar, a partir del lunes, la actividad lectiva presencial en los centros educativos.
La dimisión de Guerra, que ella misma hizo pública en la Cadena Ser, se produjo un día después de la renuncia del director general de Innovación, Ordenación y Calidad, Gregorio Cabrera, por discrepancias sobre cómo se estaba llevando a cabo el proceso de desescalada en el sistema educativo de Canarias. Ella se va, explicó, empujada por "una suerte de efecto dominó con peticiones de sectores educativos que así lo demandaban". ¿L a causa? Las medidas no consensuadas que preveía aprobar en hoy mismo a través de una Orden y en la que dejaba en manos de cada profesor cómo se debía cerrar el curso para los alumnos de fin de ciclo - 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato- al mismo tiempo que trasladaba a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones.
En su despedida la ya exconsejera destacaba la necesidad de que el traspaso de poderes se produzca de manera rápida "para que se pueda reiniciar la actividad de los centros educativos, sobre todo para el alumnado más vulnerable, que es el que más ha sufrido en esta situación de confinamiento"; avanzaba que la reapertura de los colegios e institutos se debe centrar sobre todo en sesiones de tutoría y orientación para esos alumnos que finalizan su etapa educativa, y anunciaba que dejaba sobre la mesa, a solo la falta de la firma, la controvertida Orden para la reapertura de los centros escolares.
Guerra defiende precisamente ese protocolo, que debe firmar el nuevo consejero de Educación de forma ya urgente si se quiere abrir las aulas el lunes, como un documento "prudente, que se ha elaborado tras escuchar las propuestas de los diferentes sectores educativos, sindicatos, confederaciones de padres, el sector de la educación concertada y de educación infantil, y que incorpora las propuestas resultantes de todo este diálogo que se ha producido durante dos semanas".
El documento explica el procedimiento de desescalada que tendrán que llevar a cabo los centros escolares que decidan abrir sus puertas este curso escolar, cuando la asistencia será voluntaria, tanto para profesores como para alumnos. Recoge los pasos a seguir a la hora de recibir al alumnado, la cantidad de docentes y personal administrativo que tendrá que reincorporarse a sus puestos de trabajo de manera presencial, las medidas de higiene necesarias para entrar en funcionamiento y las ratios con el máximo de alumnos que se podrán congregar en un mismo espacio, entre otros aspectos. Se trata de un protocolo desarrollado únicamente para este final de curso puesto que la Consejería de Educación tendrá que elaborar otro de cara al inicio del próximo curso escolar.
Repercusiones
El nuevo consejero de Educación, José Antonio Valbuena, defendió ayer la gestión de María José Guerra, a la que dedicó "palabras de reconocimiento" ya que "ha estado desempeñando una labor estupenda al frente de la Consejería en estos últimos meses pero especialmente en estos tres meses a raíz de la crisis sanitaria". Valbuena, quien compaginará esta cartera con la de Transición Ecológica, pidió el "apoyo de la comunidad educativa" en esta nueva etapa porque la "responsabilidad que tenemos es muy importante".
Precisamente el presidente del sindicato de docentes Anpe Canarias, Pedro Crespo, apuntaba ayer que ahora "lo prioritario es que se publiquen unas normas claras y concretas lo antes posible relacionadas con la finalización del curso escolar". "Esperamos que la dimisión de la consejera no suponga un paso atrás en el trabajo ya realizado, aunque no estamos de acuerdo en todas las decisiones que se han adoptado, ya hay un trabajo realizado que no se puede desechar ahora".
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, asegura que la dimisión de la consejera "no sorprende porque ya se venían produciendo discrepancias públicas entre el equipo de la Consejería y el propio Gobierno" y resalta que lo que provocó que Guerra tomara esta decisión fue "la descarga de responsabilidades que manifestó el Gobierno de Canarias el pasado sábado, cuando dejó en manos de los centros el proceso de desescalada". Agradece "la labor de la consejera, que ha hecho hincapié en el carácter educativo de la escuela, más que en el carácter presencial" pero avisa que ahora hay que afrontar "los cambios con la mayor celeridad posible porque hay un desasosiego importante dentro de la comunidad educativa".
El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, solicita también que "se conforme un equipo de manera inmediata y que tenga las competencias necesarias en materia educativa" y recuerda que la Consejo Escolar "ya había mostrado su preocupación sobre los posibles cambios que se podían producir en el seno del Gobierno porque lo que a nosotros nos importa es garantizar la estabilidad del sistema educativo, con una hoja de ruta marcada a partir de la Ley Canaria de Educación y el Pacto por la Educación".
Aciego reconoce que la incorporación de los alumnos de manera voluntaria a partir del lunes " parece razonable" pero "necesitamos directrices claras y que no se cargue sobre los profesores responsabilidades que nos les corresponden".
La presidenta del Confapa-Canarias, Josefa Méndez, considera que la dimisión de Guerra era de esperar porque "las familias sentíamos que hace tiempo que no se avanzaba nada y ya se lo habíamos hecho ver ". No obstante, "cuenta con todos mis respetos porque imagino que no ha sido una decisión fácil, pero la situación lo necesitaba".
